Cuando en 2019 el alcalde de ese entonces, Enrique Peñalosa, definió que la primer línea del Metro de Bogotá sería elevada, el en ese época senador y ahora presidente Gustavo Petro inició una campaña para no aceptar esa determinación.

En ese momento se acordó la adjudicación del contrato para ejecutarlo al consorcio chino conformado por China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Metro Company Limited. Ese acuerdo se siguió aplicando durante la administración actual de Claudia López.

Petro argumentó que se estaban echando al garete $100 mil millones que costó el estudio que él ordenó cuando fue alcalde y en el que se recomendaba un metro subterráneo pero a un mayor costo.

En noviembre de 2022, Petro, en calidad de jefe de Estado, solicitó al consorcio chino hacer un estudio adicional para evaluar cuánto costaría cambiar los diseños para hacer la obra subterránea y no elevada.

Ahora el consorcio ha informado que el costo en el cambio de planes implicaría sobrecostos entre $6 billones y $17 billones.

Ese valor es el que tendría diseñar nuevamente el trazado, pero ahora subterráneo, desde la avenida de las Américas hasta la calle 72, que es el que menos recomienda el consorcio.

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Frente a esta situación, Probogotá puntualizó el impacto de esta situación e hizo un llamado sobre tres elementos importantes:

1. El primero de ellos es el cumplimiento de los contratos: Colombia tiene una tradición de cumplimiento de contratos y, revisado lo que se conoce a través de la opinión pública, no hay ninguna justificación ni causal que amerite modificar ese contrato. El contrato del Metro de Bogotá es hoy una realidad, tiene 60 % de avance en el patio taller y 18 % en su ejecución. Se encuentra en la etapa de diseños de detalles, culminando la fase de diseño para iniciar la de ejecución. Los bogotanos queremos que el Metro sea una realidad lo más pronto posible, en 2028, y no tenemos tiempo para esperar hasta 2035.

2. El segundo punto tiene que ver con el principio de autonomía de las entidades territoriales: el Conpes nacional obligó a Bogotá a constituir la Empresa Metro para soportar toda la planificación, la celebración de los contratos, los riesgos y el gobierno del mismo contrato. Esa empresa fue constituida en el año 2016 y es la responsable de la ejecución del contrato. En ella están sentados el Gobierno Nacional, a través de los ministros de Transporte y de Hacienda, y el director del DNP, así como tres miembros del Distrito y tres miembros independientes. Es este el órgano responsable de planificar y verificar el contrato. Hacemos un llamado para que se retome en esa instancia la planificación del contrato con un criterio de riesgo bien importante: la Empresa Metro es 100 % distrital, por lo que el riesgo ante cualquier demanda, reclamación o incumplimiento contractual, lo tendríamos que asumir los capitalinos.

3. Y el tercero de los principios sobre los cuales queremos hacer hoy un llamado de atención es el principio de planeación. Este contrato contó con un proceso de planificación y estructuración largo, algo más de tres años, validado a través de tres diferentes Conpes nacionales, instrumentos idénticos en el Distrito y, además, la validación técnica de las tres bancas multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. Modificar este contrato sin que exista una justificación técnica para ello, puede violar el principio de planeación.