Un llamado hizo ayer al Gobierno la Misión de Verificación de la ONU en Colombia a que se ponga en práctica una política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y grupos de apoyo, como estrategia para enfrentar los crímenes de líderes sociales y desmovilizados de las Farc. Recordó que es uno de los pendientes que están del acuerdo de paz.

El jefe de la Misión de Verificación de ONU, Carlos Ruiz Massieu, dijo a RCN Radio que “hacemos un llamado para que la institucionalidad, derivada del acuerdo de paz, se use a plenitud. Hay una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad establecida en los acuerdos, cuyo mandato es tener una política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y grupos de apoyo”.

Consideró el portavoz de ONU en Colombia sobre esta política que “es muy importante que se implemente para mejorar la seguridad en los territorios”.

Enfatizó Ruiz Massieu “lo que le importa a Naciones Unidas es que haya resultados concretos, que se reduzcan, que se eliminen el asesinato de excombatientes; hay que protegerlos. El éxito del proceso de paz empieza por proteger la vida de los desmovilizados, de aquellos que firmaron la paz, que dejaron las armas y garantizar su reintegración…. el año pasado reportamos que hubo 77 asesinatos de excombatientes”.

También resaltó que “es una preocupación constante la seguridad de las comunidades, de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos y de desmovilizados”.

El lunes pasado en Nueva York, Carlos Ruiz Massieu entregó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el informe de la Misión de Verificación en Colombia, correspondiente al cuarto trimestre de 2019, en el cual entre otras hizo mención a la necesidad de poner en práctica una política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales.

Al respecto señaló Ruiz Massieu que “el Acuerdo de Paz dispuso el desarrollo de una política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales, estructuras criminales y sus redes de apoyo a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esta Comisión se reunió el miércoles pasado. Es urgente que se establezca y se implemente esta política, y que el Gobierno intensifique los esfuerzos para abordar la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto”.

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo en las últimas horas que 555 líderes sociales fueron asesinados desde 2016 en Colombia; en tanto que según la ONU  desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y hasta el cierre del año 2019, al menos 173 desmovilizados de las Farc han sido asesinados, 77 de ellos el año anterior.

El Gobierno

Por su parte, el consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, afirmó el martes pasado que para el Gobierno Nacional “la violación de los derechos humanos o el asesinato de líderes sociales es un asunto de honor, que no dejaremos de lado porque los líderes sociales justifican la existencia de una sociedad democrática”.

Añadió que para erradicar los homicidios contra esta población del país se requiere de un esfuerzo nacional, “para que todos nos unamos alrededor de esta batalla que debe ser la desaparición, no la disminución, de los asesinatos de líderes sociales en nuestro territorio”.

Destacó que en 2019 se registró una reducción del 6,14% en el asesinato de líderes sociales, frente al 2018.

El Consejero, además, subrayó que el narcotráfico, “atado a estructuras criminales como el ‘Clan del Golfo’, el Eln, ‘Los Caparros’, ‘Los Pelusos’ y otras organizaciones criminales”, es el generador de los homicidios contra líderes sociales.

Barbosa puso de presente que en el 2019 se realizaron 97 sesiones de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas (Ciprat), contando con la presencia de 15 entidades en promedio por sesión.

Mientras tanto, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que las disidencias de las Farc son las principales responsables de los asesinatos de los desmovilizados, el 40 por ciento, seguido por el Eln y el Clan del Golfo.

Ceballos anunció el pasado martes la presentación de cuatro políticas fundamentales para desmantelar grupos armados ilegales: "se trata de la Política Nacional de Seguridad y Defensa, de la Política de Seguridad Ciudadana, del Plan de Acción Oportuna y del Marco de Protección y Garantía para los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos. Estas articulan el objetivo de desmantelar los grupos armados y conductas criminales que atentan contra los líderes sociales".