Las cuentas oficiales de la Defensoría del Pueblo indican que siete de estos dirigentes comunitarios han sido asesinados en 2019

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A pesar de las medidas que ha tomado el Gobierno nacional para evitar el asesinato de líderes sociales, especialmente con la implementación en diferentes regiones del Plan de Acción Oportuna (PAO), la oleada que se incrementó este año cobró una nueva víctima en las últimas horas: la dirigente comunal Maritza Ramírez Chaverra, encontrada golpeada en zona rural de Tumaco (Nariño), en un sector conocido como El Tigre, y poco después dejó de existir en un centro asistencial de Pasto.

Con este, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) suman ya 10 los asesinatos de estos dirigentes en lo que va corrido de 2019, aunque otras ONG estiman que pueden llegar a 13 homicidios.

Ramírez Chaverra se desempeñaba como presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Aguas Claras, perteneciente al municipio de Tumaco. Testigos señalaron que la última vez que vieron a la dirigente fue cuando la abordaron varios hombres desconocidos.

Su crimen es materia de investigación y mientras tanto no hay claridad si la dirigente fue atacada o se trató de un accidente.

El dirigente social de esta región del país Luis Fernando Moreno aseguró que “aquí en Tumaco han venido sucediendo muchas muertes de líderes sociales, eso nos tiene muy preocupados (…) Todos estamos amenazados, no sabemos por quién. El Gobierno hace caso omiso a las amenazas (...) -Maritza- denunció amenazas pero a nosotros no nos había dicho nada, no sabemos de dónde venían las amenazas”.

Según Indepaz, el año pasado murieron en la región, en circunstancias violentas, 20 líderes sociales.

El director de Indepaz, exministro Camilo González Posso, indicó a EL NUEVO SIGLO sobre la cifra de líderes sociales asesinados este año que “está por confirmarse la situación de la líder Maritza Ramírez Chaverra, en Tumaco, pero en el último registro que tuvimos era de nueve líderes en este año y serían 10 con Maritza”.

González indicó acerca de las medidas que ha adoptado el Gobierno para frenar este delito que “todo lo que sea coordinar la acción de agencias del Gobierno en protección de líderes es positivo, lo que hay que completar es atender como causas evidentes de estos asesinatos, por ejemplo en el caso de Tumaco esta situación que se está presentando tiene que ver con ataque a líderes que han estado en los planes de sustitución de cultivos”.

El Director de Indepaz complementó diciendo que “esos ataques vienen de dos lados: por un lado, de las mafias de narcotráfico, pero por el otro lado hay resentimientos por incumplimiento de la gente que se ha quedado esperando, más de 10 mil familias, que se dé celeridad y un cumplimiento a los planes”.

Añadió que otras causas de violencia contra líderes sociales tienen que ver con minería del oro, tenencia y restitución de tierras. “Hay una serie de causas, que no son todas, pero que están identificadas y que requieren una atención con presencia integral del Estado con grandes inversiones en regiones que han sido muy conflictivas en el periodo anterior a los pactos de paz y que siguen teniendo esa ausencia del Estado”.

Otra ONG

Por su parte, César Vargas, vocero del  Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), dijo a este Diario que “tenemos 13 casos en 2019. Pues en los primeros 10 días habíamos registrado nueve casos, que causó bastante alarma y en ese momento hubo mucha presión hacia el Gobierno para que se generaran condiciones, se convocara la Mesa Nacional de Garantías”.

Agregó que después de ese momento se presentaron casos en Nariño, Cauca, Catatumbo y el último Tumaco. “Hablaríamos de 13 casos, lo que pasa es que estos últimos han estado invisibilizados por todo el tema de los lamentables hechos de Bogotá, de la Escuela General Santander”, añadió.

Vargas se refirió también al PAO que implementó el Gobierno y dijo que “este plan de acción oportuna nos causa mayor preocupación porque tiene un concepto de seguridad que, primero, no recoge el enfoque que debería tener desde nuestro punto de vista, un enfoque de acción sin daño contra las víctimas. No recoge el enfoque territorial”.

La Defensoría del Pueblo, entre tanto, ha registrado la ocurrencia de siete crímenes de líderes sociales en 2019, sin incluir el reciente episodio de la dirigente de Tumaco.

Acciones del Gobierno

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ha estado en los últimos días en diferentes regiones para estudiar las alertas tempranas que se han emitido por la Defensoría del Pueblo acerca de amenazas a líderes sociales, y además revisar las medidas que sobre el particular han adoptado las autoridades locales.

Esta semana la Ministra estuvo en Caucasia, Antioquia, y ayer hizo presencia en el municipio de María la Baja, Bolívar, en donde reiteró el compromiso del Gobierno de garantizar la protección a los líderes sociales, defensores, comunales y periodistas. “Muy importante pensar que todos somos colombianos. Ustedes no están solos, el Estado colombiano está aquí para reforzar este tema”, afirmó Gutiérrez.

La funcionaria estuvo acompañada en este municipio por el defensor del Pueblo, Carlos Negret, y Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Asimismo la Ministra hizo énfasis en que “hacemos eco a la alerta de la Defensoría. La meta del Ministerio del Interior es revisar las acciones que se han implementado desde las autoridades locales, en defensa de los líderes y defensores en situación de riesgo”.

Añadió que los relatos y preocupaciones de los líderes y organizaciones sociales que asistieron a la sesión de la Ciprat (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Temprana) son fundamentales para emprender acciones efectivas encaminadas a la protección.