En una encuesta realizada por el  Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria- NIMD,  a más de 160 mujeres elegidas entre el período 2012 – 2015, se pudo constatar que 6 de cada 10 de ellas con cargo de representación política manifiesta haber sido víctima de uno o varios actos de violencia en múltiples ocasiones, desde la campaña hasta el final de su mandato.

Aunque el tema parece ser novedoso, realmente no lo es, según el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria.

En este sentido señala que “las mujeres colombianas que hacen política enfrentan situaciones como: faltas de respeto, negación del uso de la palabra, referencias a su vida íntima y personal, burlas a su carácter y aspecto físico, amenazas a sus hijos, desconocimiento de sus planteamientos e  ideas, comentarios sexistas o subidos de tono, acoso sexual, persecuciones y agresiones físicas”.

Agrega que lo característico de este tipo de violencia es que no se produce por diferencias ideológicas o partidarias, “sino por el hecho de ser mujeres. Es decir, la violencia puede provenir de los propios miembros del partido o bancada, de funcionarios públicos o de la misma ciudadanía y se da porque resulta incómodo que sea una mujer la que exija cuentas, proponga debates, elabore propuestas o lleve el liderazgo en los temas, independientemente del contenido de sus posturas o posiciones”.

Añade el organismo que la violencia contra las mujeres en política hace parte de la violencia generalizada que sufre el género en nuestra sociedad, pero en el escenario público y político tiene consecuencias muy graves para la democracia pues impide su ingreso y permanencia en la vida pública vulnerando su derecho fundamental a participar en política.

Por otra parte, los actos de violencia contra las mujeres en la política tienen un grave efecto simbólico, pues se envía el mensaje a las demás mujeres de que no son bienvenidas en estos espacios de poder.

Lo más preocupante, es que esta violencia se encuentra naturalizada como si se tratase del “costo que deben pagar las mujeres para estar en política”, por lo que son muy pocos los casos que se denuncian y prácticamente ninguno los casos que se sancionan por parte de los partidos y las autoridades. Las propias mujeres han normalizado esta violencia que suele ser más “sutil” que las agresiones físicas, asegura el organismo.

Para dar a conocer este fenómeno, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, bajo la dirección ejecutiva de Ángela Rodríguez, presentó a finales del 2016 la investigación: “Mujeres y Participación Política en Colombia: el fenómeno de la Violencia contra las Mujeres en Política”, con el propósito de visibilizar la problemática y presentarla como una de las más importantes barreras que enfrentan las mujeres para participar en la política colombiana.

En este sentido este Instituto indicó que el actual panorama de reformas políticas y electorales que asumirá Colombia en el marco de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, “son una oportunidad única para construir reglas de juego democráticas que permitan garantizar el derecho fundamental a la participación política de grupos tradicionalmente excluidos como lo han sido las mujeres. Por esta razón, la primera condición que debe garantizarse es cero tolerancia ante la violencia contra las mujeres en la política”.   

Participación

En el país el objetivo de alcanzar la equidad de género en la participación en política avanza muy lentamente, al punto que al paso que vamos serían necesarias varias décadas para lograrlo. Así lo señaló la Mesa de Género, la cual indicó que de no revertirse esta tendencia, por ejemplo, para el caso de las 32 asambleas departamentales tendrían que transcurrir 207 años.

La  Ley 1475 de 2011 estableció la cuota de al menos 30% de mujeres candidatas en las listas de los partidos y movimientos para cargos de elección popular.

Sin embargo los resultados de la norma hasta ahora no se han reflejado en mayor medida en la participación de mujeres en las corporaciones públicas, pues apenas el 21,2% del actual Congreso de la República está conformado por mujeres.

“A nivel departamental sólo en el 15,6 por ciento de los 32 departamentos fueron electas mujeres como gobernadoras y el 17 por ciento ocupan las curules de las asambleas departamentales. A nivel municipal, en las alcaldías sólo el 12,2 por ciento de mujeres representa los mandatarios locales y el 17,9 por ciento de los miembros electos en los concejos municipales”, indicó la Mesa de Género.