El gobierno venezolano logró que la justicia llamara a la fiscal general, Luisa Ortega, al banquillo de los acusados el próximo martes, en medio de denuncias de un intento de golpe de estado contra el presidente Nicolás Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, fijó la audiencia oral y pública para el 4 de julio a las 14H00 GMT, ante lo que le prohibió la salida del país y ordenó congelar sus cuentas y bienes, según un comunicado oficial.

También deberán comparecer el defensor del Pueblo, Tarek William Sabb, de línea chavista, y el diputado oficialista Pedro Carreño, quien presentó la solicitud de antejuicio contra la fiscal y pidió a los magistrados evaluar su salud "mental".

Carreño acusa a la fiscal de mentir al haber asegurado que no aprobó la selección de 33 magistrados, que según ella fueron designados irregularmente por el anterior Parlamento de mayoría chavista, en diciembre 2015.

La decisión judicial se enmarca en un recrudecimiento de la crisis política por las protestas opositoras que vive el país desde hace tres meses y dejan 77 muertos, y las denuncias hechas por Maduro sobre un "ataque terrorista" como parte una intenta golpista.

El gobierno asegura que el TSJ fue atacado el martes con cuatro granadas desde un helicóptero pilotado por un policía y actor, identificado como Óscar Pérez, un extraño caso que genera suspicacias entre opositores y analistas.

La aeronave de la policía científica CICPC fue encontrada este miércoles en la población de Osma, cerca de Caracas, informó el vicepresidente, Tareck El Aissami, sin reportar capturas.

"Aquí parece que todo el país es terrorista (...) Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado" mediante sentencias del TSJ y acciones represivas contra las protestas, afirmó este miércoles la fiscal, confesa chavista que rompió con el gobierno hace tres meses al denunciar un quiebre constitucional en Venezuela.

 "Escalada golpista"

Maduro dijo haber activado "toda la Fuerza Armada para defender la tranquilidad" y capturar a Pérez, un inspector aeronáutico del CICP, cuyo paradero se ignora. 

Pero en la ciudad no se observó este miércoles una presencia inusual de militares. "Ese psicópata no lo merece", justificó el canciller Samuel Moncada.

El martes circularon videos en redes sociales que muestran el helicóptero sobrevolando Caracas. También fotos de la nave con un cartel que decía "350 Libertad", en referencia a un artículo constitucional invocado por la oposición para desconocer al gobierno.

Pérez divulgó además videos en los que afirma ser parte de una "coalición" de militares, policías y civiles "en contra de este gobierno (...) criminal" y le exige a Maduro que renuncie y permita elecciones generales.

Los comicios son la principal exigencia de las protestas, que este miércoles continuaron con nuevos bloqueos de vías para forzar a Maduro a deponer su llamado a una Asamblea Constituyente.

Maduro sostiene que el episodio se inscribe en una "escalada golpista" de "factores extremistas" de la oposición, y afirmó que ir al "combate" si la revolución fuera derrocada. "Lo que no se pudo con los votos, lo tomaríamos con las armas", advirtió.

El TSJ, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Defensoría del Pueblo condenaron el "atentado terrorista". 

La titular del CNE, Tibisay Lucena, garantizó la elección de la Constituyente el 30 de julio, ante "amenazas" de la oposición de impedirlo.

 ¿Trama oficialista?

Moncada criticó el "silencio" de muchos países frente al supuesto complot, cuestionando a Estados Unidos, México y la Unión Europea.

Ante la denuncia de Maduro, la UE pidió poner fin "urgentemente" a la violencia, mientras Brasil, crítico del gobierno venezolano, condenó por igual el ataque y el "asedio de grupos paramilitares", el martes, contra el Parlamento de mayoría opositora.

Maduro vincula al complot a su exministro de Interior y general en retiro, Miguel Rodríguez Torres, quien según el presidente tuvo a Pérez como piloto. A ambos los señala de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).

"Los militares retirados no dan golpes", se defendió Rodríguez Torres.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no descarta que todo pueda tratarse de un "peine" (montaje) del gobierno. "Sea lo que sea es gravísimo (...), la situación es insostenible", dijo Julio Borges, presidente del Legislativo.

La experta en temas de defensa Rocío San Miguel descartó que en Venezuela "esté ocurriendo un alzamiento militar".

"Es posible que lo del helicóptero sea organizado por el gobierno, ya sea para distraer la atención (...) o provocar una reacción de las filas medias para continuar purgando fuerzas de seguridad", comentó a la AFP Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit, con sede en Londres.