Reactivar la ventanilla única para las elecciones legislativas de 2014, como operó hace dos años en los comicios de autoridades regionales, solicitaron varios partidos al Gobierno nacional. Este mecanismo es útil en la responsabilidad que tienen las colectividades de no avalar candidatos inhabilitados o condenados.

En julio de 2011, el Gobierno nacional creó la ventanilla única por medio del Decreto 2545 “para recibir y tramitar las solicitudes de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales de los partidos, movimientos políticos o comités de los grupos significativos de ciudadanos para las próximas elecciones del 30 de octubre de 2011”.

La medida en ese momento cayó como anillo al dedo, pues para los comicios territoriales de 2011 se aplicarían por primera vez las normas que estableció la Reforma Política de 2009, en el sentido de que los partidos y movimientos políticos deberán responder por avalar a candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

Sin embargo, en este momento no existe dicha ventanilla única de cara a los comicios congresionales del año venidero porque el Decreto 2545 le dio vida exclusivamente para las elecciones de 2011.

Desde un primer momento, los partidos y movimientos políticos sentaron su voz de protesta por las sanciones de que podrán ser objeto producto de la entrega de avales, alegando que no tienen la capacidad ni es su función investigar a todos los aspirantes a cargos de elección popular que soliciten su respaldo, más allá de la declaración juramentada de la persona asegurando que no está inhabilitada o que pesa sobre ella una condena.

Aspectos positivos

La habilitación de la ventanilla única para los comicios de 2014 depende de una resolución del Ministerio del Interior, pues a esta cartera le corresponde recepcionar las solicitudes de los partidos y movimientos políticos sobre los antecedentes penales, disciplinarios y fiscales de los aspirantes.

Las colectividades esperan que con la cercanía de las campañas y la llegada del nuevo ministro, Aurelio Iragorri, se proceda a la reactivación de la ventanilla única.

Sobre la necesidad de este mecanismo el director del Partido Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “creo que sí sería positivo poder tener información que voluntariamente los candidatos acepten sea revisada para garantizar que no terminen coladas personas inhabilitadas o que no deben estar en las listas, me parecería positivo que eso se haga otra vez”.

En tanto que el veedor Nacional del Partido Liberal, Rodrigo Llano Isaza, destacó a este Diario los beneficios de este mecanismo: “La ventanilla le recoge a uno los datos de Procuraduría; Contraloría; Fiscalía; Dipol, que es la División de Inteligencia y Policía, la Dijin; y la Cancillería, y para los condenados en cualquier tiempo y por cualquier delito, que hayan tenido pena privativa de la libertad. Toda esa información se la daba a uno el Ministerio, entonces uno se ahorraba tener que escribir ocho cartas a ocho entidades sino que se iba una sola carta a través del Ministerio del Interior, y además las entidades se comprometían a contestar en mucho menos tiempo”.

Llano explicó que hoy la Fiscalía se demora un promedio de ocho días para entregar esta información, “cuando con la ventanilla única se demoraba tres días”.

Precisamente, en la actualidad en la Comisión Primera del Senado está el proyecto de ley N°34/13 Senado, de autoría del parlamentario Juan Lozano, el cual adiciona algunas disposiciones a la Ley Estatutaria 1475 de 2011, entre las cuales propone la adopción permanente de la ventanilla única de consultas como mecanismo idóneo, eficaz, oportuno, integral y suficiente para facilitar el acceso a la información de los partidos y movimientos políticos y de los candidatos que aspiran a ocupar cargos de elección popular, en lo que tiene que ver con investigaciones, condenas y antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, para que sea consultada en cualquier momento previo o posterior a campañas electorales o en actividades donde se requiera la participación política de los candidatos, partidos y movimientos.

Esta aplicación, señala el proyecto, estará a cargo de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional y su administración la tendrá el Ministerio del Interior.