Bruselas quiere que cada país miembro de la zona euro firme un contrato "vinculante" con las autoridades europeas para comprometerse a cumplir con las recomendaciones de la Comisión en un plazo establecido, según una propuesta que será debatida en la cumbre europea de octubre.

El Consejo Europeo pretende hacer vinculantes las recomendaciones de la Comisión Europea para cada país, según un borrador que el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, envió a cada país antes la cumbre del 18 y 19 de octubre para avanzar hacia una unión fiscal y económica de Europa.

"Debemos explorar la idea de que cada país de la zona euro firme un contrato con Bruselas sobre las reformas y los plazos en los que prevén ponerlas en marcha", señala el borrador.

Actualmente, los Estados suelen comprometerse a seguir las recomendaciones pero en este caso la idea sería ir un poco más lejos: lograr que cada país firme un Memorando de Entendimiento (acuerdo) "con carácter vinculante" y un calendario preestablecido con fechas límites.

A cambio, la Unión Europea ofrece compensar "las reformas emprendidas de los Estados miembros mediante incentivos limitados, flexibles y temporales", añade el texto.

La cumbre de octubre puede ser decisiva para España, bajo presión de los mercados, de la Comisión Europea y de algunos de sus socios de la zona euro para que pida un rescate global de su economía.

Tras obtener en junio pasado de sus socios de la eurozona una ayuda de hasta 100.000 millones de euros para sus bancos, Madrid se resiste a pedir un rescate global, temiendo la imposición de más condiciones que podrían alimentar un descontento social ya muy vivo por los recortes presupuestarios que afectan a servicios básicos, como la sanidad y la educación.

Para evitar nuevas crisis financieras y una Europa a dos velocidades, en la que la algunas Estados se financian a tasas insostenibles y otros casi nulas, la UE busca avanzar hacia la unión fiscal mediante la creación de un supervisor único, bajo la égida del Banco Central Europeo (BCE).

La creación de ese máximo supervisor de la banca de la zona euro es esencial para la recapitalización directa de la banca española, y evitaría que el Estado asuma la carga de los créditos destinados al sector financiero, según las conclusiones acordadas por la zona euro el 29 de junio.

Pero recientemente, Alemania, Holanda y Finlandia han puesto nuevas trabas a esta posibilidad al precisar que la recapitalización directa que asumirá el fondo permanente europeo (Mecanismo Europeo de Estabilidad) no incluirá los "activos heredados", es decir a los bancos altamente endeudados en España, y que estos seguirán siendo responsabilidad de los gobiernos.

Bruselas expresó inmediatamente su sorpresa, aclarando que eso no era lo que se había acordado.

En el texto que se debatirá en octubre, Bruselas "insta al Eurogrupo a acordar un criterio operativo preciso para la recapitalización directa a través del MEDE, en línea con la decisión del Eurogrupo del 29 de junio".