Para la ONU, la tragedia ocurrida muestra la urgencia de una verdadera implementación integral de los acuerdos de La Habana.

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Seguimiento de la situación de orden público en Tumaco con apoyo de los mandos militares, con quienes volverá a reunirse este sábado por la tarde, para reevaluar los avances de las acciones anunciadas desde el viernes, anunció el vicepresidente Óscar Naranjo.

Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, una masacre se presentó en zona rural de ese municipio de la costa del Pacífico nariñense, registrándose medio centenar de heridos y una cifra de muertos que Gobierno estimó en cuatro y luego en seis, mientras que los cocaleros afirman que fueron nueve.

Pero la principal inconsistencia es que mientras el Ejército y la Policía dijeron que se trató de un ataque de disidentes de las Farc a equipos de erradicación de cultivos ilícitos, los cocaleros manifestaron que fue la fuerza pública la que agredió a los campesinos que exigen que la sustitución sea voluntaria y concertada, no forzada como lo está haciendo el Gobierno, violando los acuerdos de La Habana.

Para ver el cubrimiento de este Diario a esta noticia:
Ver Protesta cocalera en Tumaco: 4 muertos y 14 heridos
También Recompensa por asesinos de Tumaco anuncia Santos
Y Se agrava protesta de cocaleros en Nariño

El general (r) Naranjo explicó que se iniciara un proceso de apoyo sicosocial en las zonas de las afectaciones violentas para atender las solicitudes de la comunidad que resultó herida o que perdieron a sus familiares en las zonas de Tandil y Puerto Rico.

Según el vicepresidente, tras visitar a los heridos en los hospitales se percató de que la mayoría de los heridas provienen de otras zonas del país, en especial del Cauca: “Son personas que llegaron a la zona atraídas por el boom que representó el crecimiento de los cultivos ilícitos y se quedaron a hacer sus vidas en este ambiente y luego terminaron inmiscuidas en los hechos por la presión de los disidentes de las Farc”.

Sobre las disidencias, ver Informe. Disidencias de Farc, ‘monstruo’ que crece

De otra parte, a través de un comunicado, Amnistía Internacional consideró que lo ocurrido en Tumaco “debe ser una fuerte alerta para las autoridades sobre la necesidad de proteger a la población civil durante la implementación del acuerdo de paz”.

“Nada cambiará en Colombia hasta que todas las personas del país puedan protestar pacíficamente sin miedo a perder la vida,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Guevara-Rosas agregó que “es imprescindible que las autoridades colombianas investiguen esta serie de asesinatos y lleven a sus responsables ante la justicia. No hacerlo, como suele ser la norma, enviará la señal de que las vidas de las personas campesinas carecen de valor, y que el conflicto armado continua activo”.

Amnistía registró, como ya lo había hecho este Diario, que desde el 28 de septiembre 2017 las comunidades campesinas de las zonas de Alto Mira y Frontera protestan de manera pacífica contra la actual estrategia del Gobierno de reducir el número de áreas sembradas con cultivos ilícitos, por considerar que no cumple con lo suscrito en la el acuerdo de paz sobre la voluntariedad y concertación que deben guiar este tipo de acciones.

También la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció, anotando en su comunicado que urge a que se investigue lo ocurrido y a que se juzgue y sancione a sus responsables.

En el comunicado se agregó que “la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en esta región del país ha acompañado y mediado para resolver la alta tensión generada entre la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación de los mismos. Reiteradamente hemos explicado sobre los riesgos que para la vida de las personas del Alto Mira y Frontera significa esta tensión, unida a la aparición de diferentes grupos interesados en las economías ilícitas”.

Tras precisar que en el Alto Mira y Frontera “hemos evidenciado durante este tiempo presencia limitada del Estado; altos niveles de pobreza multidimensional; presencia de economías ilícitas; índices de violencia a niveles endémicos; falta de implementación integral del acuerdo de paz en lo relacionado con el capítulo étnico, cultivos ilícitos, lucha contra organizaciones criminales y reforma rural integral; amenazas a líderes y lideresas que apoyan la sustitución de cultivos; problemas en la reincorporación de los integrantes de las Farc-EP a la vida civil; y aparición de disidencias de las Farc-EP e ingreso de otros grupos armados y/o de carteles de narcotráfico”, la Oficina aseguró que “todas estas problemáticas generan violencia contra la población, manifestada en homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y confinamiento, específicamente  contra comunidades afrocolombianas y campesinas.Lamentablemente, las anteriores características evidenciadas en el Alto Mira y Frontera son similares en otros 42 municipios de Colombia”.

Así, explicó la Oficina, su análisis señala que las muertes de Tumaco “se dan en un contexto de problemas estructurales de derechos humanos, sumados a la falta de implementación del acuerdo de paz, y a la urgente y necesaria solidaridad y acción de todos los sectores de la sociedad civil”.
 
“En el Congreso de la República el año pasado expresé mi miedo por su país, y llamé la atención sobre la importancia y la responsabilidad del Estado, y también de la sociedad: de los empresarios, de los consumidores y de todos los sectores de la población colombiana en la construcción de una Colombia moderna en la cual se protegiera a las personas más vulnerables que habitan las zonas rurales y están ‘al margen’ de todo. Me refería a campesinos, afrocolombianos e indígenas como los que se encuentran atrapados en el Alto Mira y Frontera, como los que murieron ayer, y que luchan por sobrevivir, que quieren sustituir cultivos pero que necesitan una oportunidad. Esa oportunidad la pueden dar el Estado, los gobiernos locales, los empresarios y los consumidores que con sus decisiones pueden cambiar las dinámicas ilícitas y permitir a estas personas ser incluidas en la economía, en la política, en la salud y en todas las garantías de derechos a las que merecen aspirar, en particular a no vivir la repetición de la violencia en su contra”, dijo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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