La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal, se opuso ayer a los términos establecidos para la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en el acuerdo de La Habana, y propuso que la justicia transicional se lleve a cabo única y exclusivamente en los términos de la justicia ordinaria colombiana.

Los peros están contenidos en una carta enviada por los magistrados de la Sala de Casación Penal al presidente Juan Manuel Santos. Los juristas dicen que tras lo ocurrido con el resultado del plebiscito y en aras de superar las diferencias en un país polarizado y un proceso de paz en riesgo, presentan al Gobierno su análisis sobre la JEP para que el Jefe de Estado lo evalué y decida si transmite los temas a la Mesa de Negociación de La Habana.

En efecto, la Corte se muestra a favor de que el proceso de paz con las Farc tenga soporte en la justicia transicional pero “en la concepción de una justicia especial y transitoria que forme parte de la Rama Jurisdiccional del poder público”.

La JEP es precisamente el punto central de la discordia entre sectores caracterizados del No y del Sí, una vez el acuerdo de La Habana fue denegado por el pueblo colombiano, en el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Sobre lo anterior, tanto el Gobierno como las Farc han venido diciendo que la justicia transicional, en los términos pactados, básicamente en cuanto a una jurisdicción semi-internacional autónoma e independiente de la jurisdicción ordinaria, no se puede cambiar, puesto que de ello trata el núcleo del pacto.

Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que recibe propuestas viables para hacer un acuerdo de paz nuevo, pero que contemple los principales aspectos de la JEP antedicha. 

Los sectores del No, en el mismo sentido que ayer lo hizo la Corte, han coincidido, por su parte, en que un nuevo acuerdo de paz es imposible si no se reforman, precisamente, los acápites de la JEP.

Magistrados locales     

La Corte, asimismo, dijo ayer, en un comunicado de 5 puntos, que los magistrados que integren la JEP “deberán ser colombianos de nacimiento como lo impone la Constitución y quedar sometidos al control disciplinario, penal y fiscal previstos para los funcionarios de la jurisdicción ordinaria”.

Con ello, la Corte, si bien acepta el Comité de selección de magistrados pactado en La Habana, rechaza el componente internacional que se tenía previsto antes del 2 de octubre en el modelo de justicia transicional, y exhorta a que el Tribunal Especial de Paz y las salas correspondientes sean integradas únicamente por juristas colombianos.

Al mismo tiempo la Corte, aunque acepta el Tribunal de Justicia Especial -dentro del ámbito estrictamente de las instituciones colombianas- en su carácter máxima instancia sobre los temas del conflicto armado interno referentes a la justicia transicional, advierte que la Sala de Casación Penal mantendrá su prevalencia “en la acción de revisión de los procesos penales en donde exista cosa juzgada al entrar en vigencia la justicia transicional, sin perjuicio de que la JEP, en función de los fines que persigue y especialmente el de la verdad plena, pueda modificar las sanciones impuestas en esos procesos”.

Esto quiere decir que, a diferencia de lo que se había acordado en La Habana, se mantiene la cosa juzgada en los procesos previos a la entrada en vigencia de la JEP, pero aceptando el principio de favorabilidad penal en referencia a las sanciones que finalmente se dispongan en la ley que eventualmente el Congreso tramite al respecto.

De otra parte, la Sala de Casación Penal advierte que seguirá dentro de su órbita la resolución de los conflictos de competencia que se generen entre las jurisdicciones Ordinaria o Militar con la JEP.

En el mismo sentido, la Corte sostiene que mantendrá en su cabeza los trámites de extradición relacionados con hechos anteriores a la entrada en funcionamiento de la JEP en los que se solicite a personas sometidas a ella, con mantenimiento de la cláusula de improcedencia cuando se trate de conductas vinculadas al conflicto.

En tal sentido, casos como lo de ‘Simón Trinidad’ o alias ‘Sonia’, extraditados a EU a raíz de temas del conflicto armado interno, no pasarían a la JEP ni serían reversados, aplicando la cláusula de improcedencia.

Asimismo, la Corte advirtió que la JEP debe aplicar, en general, “el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia nacionales. Y por integración el derecho internacional en materia de derechos humanos y de DIH”.

Finalmente la Corte se opone a que la JEP tenga carácter intemporal y propone una vigencia de 5 años, prorrogables por otro tanto, para no tener necesidad de recurrir a nuevas leyes, al respecto, como sucedió con la ley de Justicia y Paz, base de la desmovilización de los paramilitares.

Fiscal advierte sobre incertidumbre jurídica

La incertidumbre jurídica, que cada día va creciendo como la espuma, puede afectar las negociaciones y los acuerdos con las Farc. Así lo sostuvo el fiscal Néstor Humberto Martínez, durante un foro organizado por la Universidad del Rosario. 

En nombre de la Rama Judicial, Martínez hizo un enérgico llamado de atención para advertir que de mantener por fuera a la justicia de las discusiones en el proceso de paz, se corre el riesgo de que fracasen los acuerdos.

“Es importante que se nos oiga, a los operadores judiciales, porque puede haber una fractura, o porque la premura no ha permitido identificar algunos aspectos o porque se está actuando con algún tipo de improvisación”, dijo, tras recalcar la necesidad de garantizar la seguridad jurídica del proceso.

La tutela frente a las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el manejo de los activos de las Farc, la cosa juzgada y los terceros que financiaron con los actores del conflicto armado son algunos de los puntos que Martínez Neira solicitó revisar para salir de ese limbo jurídico en el que, de acuerdo con el alto funcionario, se encuentra el proceso, por lo que resaltó la relevancia del rol de la justicia.

“… Necesitamos seguridad jurídica y la necesitamos para todo, para los desmovilizados, para los terceros, para los agentes del Estado”, precisó.

Explicó que todos estos aspectos parten estrictamente de un criterio técnico y hacen referencia a componentes del Estado de Derecho; por lo tanto, no se trata de inmiscuirse en alguna confrontación.

“No estamos en ninguna confrontación política, queremos advertirle a la Nación, a los del Sí y a los del No, cuáles son las preocupaciones que tenemos para que a través de un ejercicio razonado, respetando nuestras diferencias, podamos alcanzar unas precisiones de carácter legal en el escenario que se nos convoque”, afirmó el Fiscal General.

Finalmente, reconoció la importancia de que el proceso sea corto con el fin de acabar con la incertidumbre jurídica, política y la relacionada con la integridad física de las personas que se van a desmovilizar.