Líderes y voceros territoriales advirtieron que el dinero de las regalías está enredado en tramitología y corrupción por los “engorrosos procedimientos” al desembolso.

Ante la voz de alerta que lanzó el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, a causa del riesgo latente de perderse recursos de regalías que la ejecución de 208 proyectos que se encuentran en estado crítico, por obras que tienen un costo de $1.8 billones de los cuales $1.3 billones corresponde a recursos de regalías.

Gaviria aseguró que “vemos con preocupación que la calidad de las interventorías y procesos de supervisión no es la mejor. El 70% de los 208 proyectos críticos tiene deficiencias para esta labor, que tuvo un costo de 39.304 millones de pesos. El éxito de una obra y el cuidado de cada peso de los colombianos pasan por la escogencia de una buena interventoría y supervisión. Por eso invitamos a los ejecutores de regalías a mejorar en este aspecto”.

La situación

El director de la Federación Nacional de Municipios, Gilberto Toro, expresó que “es muy importante la labor que realiza el DNP de poner el dedo en la llaga sobre los problemas y deficiencias más importantes del proceso de ejecución de la inversión pública. No obstante, consideramos que también es necesario destacar aquellas mejoras que le han costado esfuerzo a las entidades territoriales”.

De igual modo, explicó que “los trescientos mil millones de pesos que implican los 122 proyectos críticos a cargo de municipios, representan el 3% del total del presupuesto de inversión del SGR para el bienio 2015 - 2016. Aunque idealmente esto debería ser cero, estamos hablando de municipios que tienen una serie de restricciones fiscales para mejorar su capacidad administrativa, además de los históricos problemas de debilidad institucional”. No obstante, resaltó la labor del desempeño de los municipios en los que se ha ejecutado la inversión. “Desde la Federación felicitamos el buen desempeño de los restantes municipios y ofrecemos el apoyo a través de la Banca de Inteligencia de Inversión Municipal, misma que hace parte de la red de estructuradores del DNP, y que ha estructurado con éxito 140 proyectos para el sistema. Lo que debemos generar, como Estado, son las herramientas para fortalecer a los municipios y lograr que la totalidad de los recursos se ejecuten impecablemente”.

La actitud

De otro lado, el diputado del Norte de Santander y presidente de Confadicol, Hernando Rosso, aseguró que la tramitología que establecieron a través de la ley para poder sacar los recursos, buscando evitar la corrupción, se convirtió en un problema para los municipios y departamentos, iniciando con que no es fácil iniciar un proyecto para un municipio intermedio del país, de pronto a las ciudades grandes les queda más fácil, pero además hay decisiones en las que uno no entiende la actitud del Gobierno ante la espera de las personas por esas obras”.

El dirigente agregó que “hay decisiones que se pueden aplazar pero hay otras que no. Si el presidente de la República dice que tiene 200 mil millones de pesos para arreglar el problema del acueducto del municipio A, y pasan los días, meses y años, el ciudadano piensa que esa plata se robó”.

Por este motivo, Rosso pidió certificar estos trámites y romper el concepto de que la corrupción se da en la provincia y no en la capital del país. “La corrupción se da en todo lugar y es necesario que como solución, logremos la certificación para que el ciudadano de a pie no piense que se roban la plata acá, o que pierdan su credibilidad”.

Así mismo, el diputado del partido Alianza Verde, Fredy Ortega, aseguró que “desde las asambleas del departamento consideramos que los diferentes mecanismos para la adquisición de recursos por regalías, se han vuelto suficientemente engorrosos y se complica la ejecución, al tiempo que los entes territoriales no pueden disponer de sus recursos por medio de obras”.

De otro lado afirmó que “nosotros sí consideramos que este es el momento de revisar cómo estos recursos entran a las entidades territoriales y tener la certeza de que esos recursos van a ser invertidos de manera rápida y llenando las expectativas de las comunidades”.

Sin embargo, el diputado José Gómez apuntó que “considero que hubo mucha corrupción y que se desviaron muchos alcaldes y eso ha demorado que esa plata se haya ejecutado en los departamentos porque si hubo un festín de regalías fue en el período que pasó y no es raro que se hagan algunas investigaciones haber ejecutado mal las obras. Por eso el Gobierno debe enviar un informe para saber si verdaderamente los recursos que llegaron fueron bien ejecutados o no”.

Desequilibrio

Frente a lo anterior, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, expresó que “los departamentos cuentan con recursos propios, pero hay un gran desequilibrio frente a los ingresos tributarios, desde el Gobierno central y los departamentos. Esto sucede porque de cada 100 pesos que se recaudan en el país por concepto de impuestos, 82 pesos van al Gobierno Central, 12 pesos van a los municipios y 6 pesos van a los departamentos. En ese sentido, hay una gran concentración de recursos en manos del Gobierno”.

De igual modo, explicó que “el Gobierno les transfiere a los departamentos y a los municipios unos recursos a través del Sistema General de Participaciones, esos recursos tienen una destinación específica, producto de la descentralización. Esa bolsa se creó en el 91 y con una modificación en la ley, los departamentos sufrieron unos recortes”.

Así mismo advirtió que “durante estos años, la participación del Gobierno en la torta, se ha aumentado, al punto de que se ha aumentado la brecha con los departamentos”.

Esto significa que los departamentos, al igual que los municipios, dependen cada vez más de los recursos de la Nación. “En este sentido, los más dependientes son Casanare, La Guajira y Arauca, estos dependían entre un 10% y 30% del Sistema General de Participaciones, pero esto fue antes del 2012 porque a partir de ese año, se efectuó la Reforma del Sistema General de Regalías y estos tres departamentos fueron los que más se vieron afectados”.

“Cuando uno mira el Meta, Santander, Cundinamarca o Antioquia, ya se manejan porcentajes del 30% o 40%”, agregó.