Gobierno dice que Gobierno que a través de la concertación se construyò el proyecto que se ajusta a las realidades del país. Críticas de Fedegán 

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El proyecto de Ley de Tierras que está ajustando el Gobierno y socializando con varios sectores, tiene preocupados los gremios del agro, sobre todo en lo concerniente a la expropiación, la extinción de dominio y los baldíos.

Sin duda el sector agropecuario ha sido el jalonador de la economía colombiana durante 2017, con crecimientos importantes durante los dos primeros trimestres, según los datos más recientes y con una importante creación de empleo.

Sin embargo, el Gobierno busca que a través del proyecto de Ley de Tierras que comenzará a discutir, según se dice con mensaje de urgencia, en unos 20 días en el Congreso de la República, poner orden en el uso y posesión del suelo en el país. Para la elaboración de la propuesta que llegará al Congreso en dos semanas se escucharon todas las partes interesadas, los empresarios, los campesinos, las comunidades.

Según el Gobierno, la Ley de Tierras busca poner unas reglas de juego claras para que pequeños, medianos y grandes trabajadores de la tierra tengan las mismas oportunidades y se pueda desarrollar el potencial del campo. Esto es brindar seguridad y estabilidad jurídica. Dará la oportunidad a los que trabajan la tierra de acceder a créditos, servicios y beneficios sobre la propiedad.

Respetar derechos

Uno de los puntos que más ha preocupado a los empresarios del campo en Colombia es la posibilidad de la expropiación de la tierra a través de la Ley. Sobre el tema, el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, SAC, Jorge Enrique Bedoya, dijo que “lo que se necesita en la ley es que en todos los terrenos baldíos que tiene el Gobierno para completar esos tres millones de hectáreas, efectivamente puedan adjudicarle o titularle tierras a las víctimas o a las personas que no las tienen y que todos podamos caber en esas 27 millones de hectáreas que tiene Colombia aptas para labores agropecuarias sin vulnerar derechos ni de unos ni de otros y bajo total precepto de total legalidad en los procesos de adquisición y titulación de esos terrenos”.

Señaló que “el tema de los baldíos es una parte de un todo, pues no se hace nada con la titulación a los ocupantes de buena fe si demuestran su posesión, si no se corrigen los criterios de extinción de los derechos de dominio, pues se estaría borrando con el codo lo que se hace con la mano”.

Bedoya ha sostenido que en estos casos la ley debe ser mucho más garantista, por lo que la Agencia Nacional de Tierras, ANT, estará facultada para imponer multas a quienes no estén haciendo uso productivo de los predios.

El proyecto contempla medidas que podrían funcionar como sanción y que les daría a los propietarios un plazo de entre uno y tres años para demostrar que hay explotación económica en su predio. Esto busca evitar procesos de extinción del derecho del dominio, que además, serán definidos por un juez, no por vía administrativa.

Indicó que la serie de artículos de la ley que definen la normativa sobre la extinción de dominio, son muy garantistas. El articulado fue una construcción colectiva en la que se logró determinar “con criterios objetivos cuándo se está explotando un predio, dando seguridad jurídica a los dueños de la tierra”.

Lo insólito

De insólito calificó el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, el proyecto que despenaliza cultivos de hasta 3,8 hectáreas. “¿A quién se le ocurre?, cuando el país está en la mira del Congreso y el Gobierno de Estados Unidos por el crecimiento de los cultivos de coca a partir de las negociaciones con las Farc; cuando está en vilo la continuidad de la ayuda de ese país, el Gobierno Santos, presionado por las Farc en la omnipotente Comisión de Seguimiento al cumplimiento del Acuerdo Final, decide ‘fastraquear’ un proyecto de ley que despenaliza los cultivos de coca de hasta ¡3,8 hectáreas! Menos mal que la Corte Constitucional le desató las manos al Congreso, para que allí se detenga semejante política de promoción del cultivo de coca en Colombia”.

Sostuvo Lafaurie, que al anunciado proyecto de Ley en cumplimiento del Acuerdo con las Farc “es una vergüenza. Nunca estuvimos de acuerdo con la despenalización de los pequeños productores, es más, nunca estuvimos de acuerdo con el sinsentido de negociar la política antidrogas del país con el principal cartel del narcotráfico, pero aún dentro de esa nefasta realidad, o ‘ya entrados en gastos’ como ahora se dice coloquialmente, uno esperaría algo de sindéresis en el Gobierno para decidir qué se entiende por pequeño productor o minifundista”. La situación se da en momentos en que se alista la Ley de Tierras para ser presentada al Gobierno.

Alternativas

El presidente de Fedecacao, Eduard Baquero, dijo que el cultivo del cacao se ha convertido en alternativa para los procesos de sustitución de siembras ilícitas en el país con buenos resultados en muchas regiones. Sostuvo que el proyecto de Ley de Tierras soluciona la tenencia de la tierra por quienes están interesados en invertir en cacao y que cada sector defina cómo están trabajando las tierras para que tengan carácter productivo. Durante los tres últimos años, el Ministerio de Agricultura viene apoyando proyectos de siembra, renovación, planes nutricionales, poscosecha y comercialización en beneficio de 21.258 familias con apoyos por $38.684 millones. Gracias a estas inversiones durante el primer semestre del año la producción de cacao fue histórica, al alcanzar 33.728 toneladas, con un incremento del 20% comparado con el año anterior (28.250 toneladas).

Dar claridad

Durante 2017 el sector hortifrutícola de Colombia ha mostrado un comportamiento favorable, ganando mercados no solo en el país sino en el exterior como ha sucedido con productos como la uchuva y el aguacate hass, entre otros. El presidente de Asohofrucol, Álvaro Palacios, ha señalado en varias oportunidades que si en el proyecto se mantiene el mismo texto que hay en la Ley 160 de 1994, se crea confusión en quién definirá el concepto de tierra improductiva. Además, de la entidad que estaría encargada de definir en qué predios aplica la extinción de dominio.

Conducto regular

Los cultivadores de cereales agrupados en Fenalce, tramitaron sus inquietudes sobre la Ley de Tierras a través de la SAC, gremio al que manifestaron su preocupación sobre el tema de la titulación de terrenos baldíos y se logró que el Gobierno aclarara que la extinción de dominio no será administrativa, sino que pasaría a manos de los juzgados, lo que sin duda garantiza los procesos, dijo el presidente del gremio Henry Vanegas.

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