Reunión entre Néstor Humberto Martínez y dirigentes de la guerrilla resultó positiva al coincidir en algunos artículos de la ley. Santos dice que ya existe un “texto en común”.

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Luego de una reunión en la sede de la Vicepresidencia de la República y que duró casi siete horas, entre el fiscal General Néstor Humberto Martínez y representantes de las Farc liderados por Iván Márquez y Pastor Alape, se lograron puntos en común entre las dos partes en el articulado referente a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Uno de los puntos concretos es que las Farc aceptaron romper cualquier vínculo con el narcotráfico, tal como lo pedía el fiscal Martínez Neira, para poder acceder a los beneficios de la JEP.

El Fiscal General aseguró que las Farc aceptaron que tienen que romper cualquier vínculo con el narcotráfico para poder acceder a la JEP, así como sus relaciones con testaferros.

“Que en caso de los disidentes y los desertores no haya beneficios se ha entendido cabalmente, que si no se presentan los testaferros y activos de las organizaciones es un incumplimiento grave, también se ha aceptado”, explicó el Fiscal.

Proposiciones

Durante el encuentro, Martínez les explicó a las Farc las proposiciones que presentó al Congreso la semana pasada en relación a la ley estatutaria que reglamentará la JEP.

Según la Fiscalía, los temas más importantes fueron los relacionados con “el fortalecimiento del estado social de derecho, con los valores del proceso de paz” y con los desertores, los disidentes y el narcotráfico. 

Tras la reunión, Néstor Humberto Martínez le pidió al país “que apoye para que todas estas propuestas salgan adelante porque están inspiradas en el orden jurídico y en los valores de la sociedad colombiana”.

Indicó que es “una oportunidad muy provechosa para mostrarles a las Farc la importancia que tienen las proposiciones que ha llevado la Fiscalía al Congreso”.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que para la ponencia de la ley de la JEP que se presentará en las plenarias se van a hacer precisiones en la redacción para que no haya dudas en la aplicación de este modelo de Justicia.

“Creo que estábamos de acuerdo en lo sustancial, en el sentido de que estuviese claro cuáles serían las competencias de la justicia ordinaria y de la Justicia Especial para la Paz y nos pareció que había que hacer precisiones en la redacción y en eso avanzamos sustancialmente”, sostuvo Rivera.

El ponente de la ley de la JEP, el representante a la Cámara Hernán Penagos, dijo que el martes se estaría presentando en el Congreso el texto definitivo con las precisiones y las proposiciones que hizo el fiscal Néstor Humberto Martínez.

“Se van a recoger esas observaciones, aclarar un poco algunos artículos donde la interpretación era diferente pero el espíritu era el mismo y llevar esa ponencia al Senado y a la Cámara”, dijo Penagos.

Pastor Alape, en una breve declaración, aseguró que aún hay puntos en los que "hay que ponerse de acuerdo".

El presidente Juan Manuel Santos llegó al final de esta reunión para agradecerles al Fiscal y a las Farc que hayan logrado un acuerdo, ya que según el Mandatario, el objetivo era poder tener un “texto en común”.

Uno de los ajustes que solicitó el Fiscal General que no fueron aprobados por las Comisiones Primeras fue la supresión del artículo 98, el cual permite unas normas transitorias mientras que la JEP dicta las reglas de su operación una vez sea instalada.

Dicho artículo indica que mientras el Congreso de la República expide las normas procesales de que trata el Acto Legislativo 01 de 2017, las salas, para el solo efecto de la práctica de pruebas, podrán limitar derechos fundamentales, con las mismas competencias de los jueces de control de garantías.

De igual manera las salas de la JEP, podrán ordenar y practicar pruebas, tanto de oficio como a solicitud de parte. En tanto que con fundamento en el reglamento de la JEP, y con el fin de evitar dilaciones procesales, los magistrados podrán limitar razonablemente el principio de oralidad y determinar los casos en que prevalece el sistema escrito.

Dicho artículo también establece que las normas procesales de la JEP que se expidan con posterioridad a la aprobación de esta ley deberán respetar los modelos procesales, los parámetros y los principios señalados en el Acto Legislativo 01 de 2017, así como los contenidos establecidos en el acuerdo de paz.

Si bien los representantes a la Cámara le dieron la razón al Fiscal Martínez en la necesidad de suprimir este artículo, el Senado dijo lo contrario.

Inicialmente la Cámara votó a favor de la eliminación mientras que en Senado hubo un empate de 6 votos por el sí y 6 votos por el no.

“Nos dijeron que había un acuerdo con el Fiscal General y aquí se le ha hecho conejo a este acuerdo”, dijo el representante conservador Heriberto Sanabria, quien advirtió  que en esas condiciones su partido no seguiría apoyando el proyecto.

Empero, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que el Gobierno sí cumplió a la palabra del Fiscal, y lo sucedido con este artículo 98 se presentó porque en el Senado no se alcanzaron los votos. Sin embargo el funcionario dijo que se acordará una nueva redacción para determinar un régimen de transición y de procedimiento que deje satisfecho al Congreso y al propio Fiscal General.

Le dieron la razón

Martínez Neira  propuso 15 modificaciones al proyecto de la JEP, con el fin de subsanar falencias. Recalcó en que se debe garantizar que esta legislación sea de carácter transitorio. También en que desde el 1 de diciembre de 2016 todos los reinsertados que reincidan en actividades delincuenciales tendrán que someterse a la Fiscalía y no a la justicia transicional.

Al final en la ponencia para primer debate fueron incluidas 9 observaciones de Martínez.

Entre los ajustes que solicitó el Fiscal exigió que quede garantizado que el Estado pueda destinar los activos entregados por las Farc para la reparación exclusiva de las víctimas. Por lo mismo se requieren herramientas jurídicas para perseguir a los testaferros de esa guerrilla desmovilizada y que quede claro que no entregar los bienes ilícitos daría lugar a perder los beneficios de la justicia transicional. Esos recursos ilegales tampoco podrán ser utilizados en actividades políticas. Advirtió que hay procesos en curso para seguir metiendo gente en lista de reinsertados, lo que sería un fraude procesal.

Igualmente el jefe del ente acusador insistió en que debe dejarse en claro que todos los desmovilizados reincidentes o los desertores no tendrán beneficio alguno y serán juzgados por la justicia ordinaria.

Por lo mismo, el Fiscal presentó varias proposiciones para ajustar el articulado, las mismas que fueron incorporadas para ser estudiadas.

El Fiscal consiguió que se modificara el proyecto del Gobierno para definir los límites entre la justicia ordinaria y la justicia transicional, y mantener la competencia de la Fiscalía para investigar los bienes ocultos de las Farc, uno de sus principales caballitos de batalla después de que se produjo la desmovilización de la guerrilla.

Las principales exigencias del Fiscal General para darle un espaldarazo a la JEP, al menos por ahora, se concentraban en que testaferros, aquellos terceros que no están en los listados de las Farc, que oculten o no denuncien la existencia de bienes, perderán los beneficios del sistema transicional de justicia.

De igual forma los perderán aquellos desmovilizados que sean propietarios de esos bienes y que se estén usufructuando de ellos. El Congreso determinó que eso sería una falta al compromiso de la verdad por lo que debe ser retirado de la JEP.

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