El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó a la Fiscalía General de la Nación ser reconocido como víctima en el proceso penal contra la EPS Coosalud, tras ser intervenida por presuntos desvíos de recursos públicos destinados a la salud.
Esta petición busca asegurar que se tomen las acciones necesarias para reparar los daños causados al sistema de salud y garantizar que los recursos públicos sean utilizados exclusivamente para la atención sanitaria de los colombianos.
El superintendente nacional de salud, Giovanni Rubiano, destacó que la EPS Coosalud habría desviado recursos públicos para cubrir deudas privadas, un acto que constituye un mal manejo de los fondos públicos y pone en riesgo la calidad y disponibilidad de los servicios de salud para la población colombiana. Según Rubiano, esta situación afecta directamente el Presupuesto General de la Nación, administrado por el Ministerio de Salud.
La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por la Superintendencia Nacional de Salud contra Coosalud EPS y Coosalud Inversa. En el documento se detalla que durante diciembre de 2022, Coosalud EPS actuó como garante en un crédito a favor de Coosalud Inversa, una empresa privada. Esto resultó en el embargo de $206.000 millones del fideicomiso de Coosalud EPS, recursos públicos destinados a la salud.
El Ministerio de Salud, representado por Rodolfo Enrique Salas, director jurídico de la entidad, enfatiza que "padece un perjuicio grave por el actuar de la EPS", ya que estos recursos públicos han sido presuntamente utilizados para el pago de deudas privadas. Además, recalca que la intervención administrativa de la EPS Coosalud, ordenada el pasado 22 de noviembre de 2024, reveló manejos irregulares y una baja ejecución en el cumplimiento de sus actividades.
Por su parte, la junta directiva de Coosalud EPS ha negado las acusaciones, asegurando en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro que no existe decisión alguna de autorizar el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para fines distintos al porcentaje de administración. Argumentan que los recursos en cuestión consistían en ingresos cedidos de las IPS del grupo cooperativo Coosalud y que ningún peso destinado a la salud de los colombianos fue orientado a servir de garantía alguna.
Coosalud EPS es la quinta EPS más grande de Colombia, con 3,28 millones de afiliados, y presenta servicios en 23 departamentos del país, además de Bogotá. La reciente intervención busca mejorar la prestación de los servicios y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada para beneficiar a toda la población.
El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, ha subrayado que esta decisión es para administrar la entidad, no para liquidarla, y busca enviar un mensaje de tranquilidad a todos los usuarios y afiliados de Coosalud.