Cuando desde el actual Gobierno se llegó a insinuar que tendría que precipitarse una especie de “crisis explícita” del actual sistema de salud como fórmula para impulsar la aprobación en el Congreso del polémico primer proyecto de reforma sectorial, hubo muchas voces que advirtieron de la gravedad de esa presunta estrategia, sobre todo porque el principal riesgo lo correrían los pacientes.

Mucho tiempo ha pasado desde entonces e incluso la entonces ministra del ramo en no pocas ocasiones negó que hubiera una intención de inducir una crisis y, por el contrario, señalaba que esta ya existía.

Sin embargo, el panorama del sistema es hoy supremamente grave. Un deterioro que se ha profundizado a lo largo de los dos años y cuatro meses de este Gobierno. Es decir, que es una crisis que se profundizó en este mandato.

Las evidencias están a la vista: el desfinanciamiento del esquema de aseguramiento y atención médica en Colombia es insostenible; se disparó el número de EPS intervenidas por la Superintendencia del ramo, que hoy supera más del 50% del total de usuarios; dos de las más grandes pidieron la “salida voluntaria” del sistema; hay una creciente escasez de medicamentos; las billonarias deudas de las EPS con la red prestacional aumentaron; las clínicas y hospitales, tanto del sector público como del privado, han restringido progresivamente servicios; los retrasos en salarios del personal de salud son cada día mayores… Y todo ello tiene un resultado innegable: la deficiencia creciente en la calidad y pertinencia de la atención médica en el país. Es decir, los pacientes, desde los de patologías simples hasta las de mayor gravedad, tienen cada vez más en peligro su vida.

Por ello, cuanto la procuradora general Margarita Cabello advirtió ayer sobre la grave crisis humanitaria que viven millones de pacientes, le asiste toda la razón. Un hecho de extrema gravedad.