*Abogados bajo la lupa

*Un flagelo transversal

¿De quién es la culpa de que año tras año se sancione a tanto abogado y funcionario de la Rama Judicial? Ese fue el interrogante que un artículo publicado en la edición de ayer de este Diario quiso ayudar a resolver, a partir del debate en torno a si la formación de los estudiantes en las facultades de Derecho estaba cumpliendo con los criterios éticos necesarios.

Varios decanos consultados recalcaron que en sus respectivas facultades se profundizaba en la formación ética y humanística, pero reconocieron que lamentablemente tanto en la abogacía como en muchas otras áreas de saber y desempeño profesional se está registrando un deterioro en materia de respeto por los valores y el cumplimiento de la ley.

Es lo que algunos sociólogos han dado en llamar como perversa ‘cultura del atajo’, es decir cuando una persona, a sabiendas de que su accionar no es correcto ni legal, procede a saltarse las normas con tal de enriquecerse ilícitamente, lograr resultados por medio de trampas y ganar reconocimientos sin hacer méritos reales.

Sí, desde el 2008 se han excluido de la profesión a 303 abogados por prácticas contrarias a su estatuto ético y legal. En el mismo lapso se destituyó  a 137 jueces, 19 fiscales, 4 magistrados y 3 conjueces por la comisión de faltas y delitos en contra de la correcta administración de justicia. Y, como si fuera poco, hoy cursan alrededor de 5.000 casos disciplinarios contra abogados y servidores judiciales en segunda instancia.

Es claro que los escándalos recientes, en donde desde altos funcionarios de la Fiscalía hasta magistrados de tribunal y un amplio número de jueces terminan procesados por delitos tan graves como cohecho, prevaricato, fraude a resolución judicial y otras conductas ilícitas más, han abierto el debate sobre la transparencia de la administración de justicia y de todos sus operadores, ya sean funcionarios o particulares.

Pero, a decir verdad, si se revisan los escándalos de corrupción y de otra índole de los últimos meses se puede constatar que hay involucrados profesionales de las más diversas disciplinarias, poniendo en evidencia que, lamentablemente, la crisis ética es transversal, y que así como la mayoría de los colombianos trata de cumplir la ley, una pequeña porción insiste en violarla cuantas veces pueda en beneficio de sus propios intereses.

Es sano, entonces, una revisión ética de la educación superior en general, respetando claro la autonomía universitaria.