Cosa del pasado pasado serán los proyectos de ley motivados por coyunturas mediáticas. Por lo menos eso espera la ministra de Justicia Ruth Stella Correa.

“Nosotros, como Gobierno, estamos preparando un documento de política criminal”, al cual deberá ceñirse “cualquier ley que se vaya a expedir”, explicó la alta funcionaria.

EL NUEVO SIGLO: ¿El Gobierno asumirá una posición frente a proyectos de ley que crean nuevos tipos penales o aumentan penas?

RUTH STELLA CORREA:Nosotros, como Gobierno, estamos preparando un documento de política criminal, estudiado, analizado, en el cual se parte del supuesto de que no va a haber más proyectos de reacción mediática a algunos sucesos que genera mucha conmoción, sino que cualquier ley que se vaya a expedir estaría enmarcada dentro de la política criminal.

ENS: ¿El Congreso aprueba leyes al vaivén de los medios?

RSC:Creo que el impacto que generan ciertos delitos produce que de manera mediática se reaccione ante el mismo y por esa razón se proceda a expedir las normas.

Con una política criminal clara, definida, establecida, cualquier ley que se vaya a expedir debería estar acorde con la misma. Y entonces esa ‘mediatés’ y esa respuesta a veces populista, se podrán evitar.

 

Verdadera reforma

 

ENS: ¿Qué normatividades pueden implementar para reformar la Justicia?

RSC:Muchas cosas. He estado hablando de traer la Justicia del siglo XIX al XXI, como consecuencia de los nuevos Códigos procesales.

Tenemos el Código General del Proceso, Código de Proceso Administrativo y de Contencioso Administrativo, la Ley de Arbitraje, Nacional e Internacional.

Todas estas normas traen muchas innovaciones, traen unos procesos, traen unos mecanismos diferentes para poder obtener la tutela judicial efectiva, como el precedente juridicial o sentencia de unificación obligatoria, como medidas cautelares, medidas cautelares anticipativas, todo ello para contribuir a acelerar los procesos.

Eso va a constituir una verdadera reforma, porque además está unida a una plataforma tecnológica que permitirá el litigio virtual, lo que genera no solo actualizar la Justicia a los medios electrónicos vigentes en la actualidad, sino que adicionalmente lleva a que se pase de expedientes, que son voluminosos en papel, a tener todo digitalizado, y a que las comunicaciones entre el juez y las partes, o entre las partes del proceso, no se hagan como ahora, con un citador, buscando las partes, con un notificador, con edicto, sino que se haga mediante mecanismos virtuales, como corresponde en esta época.

ENS: ¿Eso acelera la justicia?

RSC:Pero totalmente. Yo solo quiero poner un ejemplo. Imagínense cuando hace tan solo 10 años, o no sé si más, teníamos que esperar que llegara el extracto del banco, cuánto nos demorábamos expidiendo una certificación. Ahora todo es en línea, en Internet. Ponga esos avances en la Justicia. Las notificaciones en los juzgados van a desaparecer. Ahora ya no se saldrá con un paquetado, sino con un CD, o simplemente lo consultará en línea. El ahorro en papelería, por ejemplo en el Consejo Superior de la Judicatura, es cercano a los 70.000 millones de pesos.

ENS: Ahí juega un papel importante la Mesa Técnica para la Modernización de la Justicia…

RSC:La expectativa que tengo es que tengamos una Justicia para el siglo XXI, que tengamos una Justicia célere, eficaz, sin entrabamientos, que tengamos una Justicia digital, una Justicia en línea, un litigio virtual.

ENS: ¿Qué hacer para acabar con la lectura de largos expedientes?

RSC:Cambiar la mentalidad de los jueces, de los abogados y de los estudiantes de Derecho.

El tema es de mentalidad. El tema es de aprender a manejar el sistema oral, a remover los obstáculos, hacer un proceso sencillo, sin trabas. A que el juez se acostumbre a que tenga que tomar decisiones en audiencias y no a suspenderla para irlas a escribir.

ENS: ¿Si ha sido difícil que los actores judiciales asuman una verdadera oralidad, no es aún más complicado que se acostumbren a notificaciones electrónicas y expedientes digitales?

RSC:Es necesario que la mentalidad se cambie. Eso va a ser muy fácil con las nuevas generaciones.

Las personas anteriores tienen un poco más de dificultad a adaptarse y con ellas habrá que intensificar la formación en tecnologías.

ENS:Algunos analistas señalan que en Colombia lo que pasa es que no se aplican las leyes…

RSC:Es posible que haya dificultades en la aplicación. Es posible que haya dificultad en los operadores jurídicos.

Pero lo que sí quiero poner de presente es que todas estas nuevas normas, que constituyen una verdadera reforma a la Justicia, son unas normas que apenas están empezando a regir.

El Código de Procedimiento Administrativo empezó a regir el 2 de julio. Eso quiere decir que no tiene ni tres meses de estar vigente. Y el Código General del Proceso empezará en octubre. Entonces no puedo decir que no lo están aplicando.

A eso hay que sumarle que las nuevas leyes tienen un componente tecnológico y de infraestructura muy importante, y si los jueces no tienen esos elementos no van a poder aplicarlo e implementar correctamente el Código.

Por eso el compromiso del Gobierno Nacional para con la Rama Judicial se traduce en la disposición de los recursos necesarios para que la plataforma tecnológica esté a su alcance y tenga los elementos suficientes para hacer entrar a operar estos Códigos.

ENS: ¿Ha pensado en hacer una política pública en el tema judicial?

RSC:No se ha pensado en ninguna política pública. Recuerde usted que la Rama Judicial tiene autonomía en el manejo de sus temas.

El Gobierno Nacional lo que hace es apoyarla para poder salir adelante con la situación y por esa razón no hemos pensado en establecer una política pública.

 

Política criminal

 

ENS: En un cuestionario de la Comisión Primera de la Cámara le preguntaron por su propuesta para una política criminal en Colombia. ¿Qué les respondió a los Representantes?

RSC:En el Ministerio de Justicia se viene trabajando desde hace mucho tiempo, por lo menos año y medio, en un documento que propone establecer una política criminal clara. Ese documento se está socializando.

Ya había sido incluido en la página web y ahí puede ser consultado.

Ese documento fue elaborado por diez penalistas de los más importantes que tiene Colombia. Es un documento serio, bien consolidado, que vamos a presentar de manera oficial ante el Consejo Nacional de Política Criminal y luego ante la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

ENS: En ese mismo cuestionario preguntaron por la posición del Gobierno sobre la continuidad del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Todavía se busca su eliminación?

RSC:El Consejo Superior de la Judicatura es un aliado muy importante para nosotros en estos planes que estamos teniendo de infraestructura tecnológica, de infraestructura física. Con ellos estamos trabajando, con ellos hemos instalado la Mesa Técnica.

ENS: ¿Cuál es la realidad de la congestión judicial?

RSC:Lo que pasa es que tenemos una gran demanda de Justicia y no tenemos suficiente oferta. Lo que yo he percibido es que existen muchas demandas, a veces se abusa de la litigiosidad, a veces los abogados presentan muchas demandas. Pero aún sin el abuso, lo cierto es que hay una gran demanda de Justicia y la oferta es insuficiente.

ENS: ¿El Gobierno buscará algún mecanismo para conciliar las competencias específicas de la Jurisdicción Especial Indígena?

RSC:Este Ministerio está trabajando en este momento la Ley Estatutaria de Jurisdicción Indígena, que es el espacio legal, ideal, idóneo para trabajar el tema a que usted se está refiriendo.

ENS: ¿En qué quedó la reforma del Estatuto del Abogado?

RSC:Ese es un tema del cual no nos estamos ocupando. El Ministerio tiene otras prioridades.

Es cierto que existe algún proyecto aquí en el Ministerio, al que todavía le faltan revisiones.

Pero en este momento esa no es una prioridad para nosotros, sin perjuicio de que en un futuro cercano lo retomemos.

 

Cárceles

 

ENS: ¿De qué manera se viene creando la política carcelaria para superar temas como el hacinamiento?

RSC:El problema mismo de cárceles está a cargo de un instituto descentralizado, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que es el que debe encargarse de esos temas.

Ello sin perjuicio de que el Ministerio de Justicia esté ideando un paquete de medidas articuladas cuya implementación total puede llevar a una solución del problema de hacinamiento.

Dentro de esas medidas está la de establecer una política criminal clara, estable, en la cual deba sujetarse el establecimiento de la tipificación de delitos.

Igualmente debe haber un incremento en el número de cupos carcelarios. Por esa razón ahora mismo se está trabajando en la ampliación de 20.000 nuevos cupos. Cuando hablo de ampliación, hablo de centros de reclusión que permiten ser ampliados y adicionalmente se van a construir nuevas cárceles, que es lo que hemos oído mencionar como las 6 megacárceles, cuya contratación empezará en enero del año entrante.

No vamos a empezar contrataciones improvisadas, sino que al contrario este es un estudio muy serio de lo que debe ser una cárcel, para que no vaya a suceder las dificultades que hoy se han constatado.

Pero junto a esas medidas también está el trámite oportuno ante los jueces de ejecución de penas de las solicitudes de libertad de aquellas personas que ya tienen derecho a sus beneficios por haber cumplido las dos terceras partes de la pena.

Para lograr implementar este tema, hemos solicitado al Consejo Superior de la Judicatura medidas de descongestión en jueces de ejecución de penas, es decir que nombren a más jueces, con el fin de que puedan de manera oportuna tramitar el tema.

A ello se unen las brigadas jurídicas con las universidades que van a ayudarles a las Oficinas Jurídicas de las cárceles para que tengan la ficha biográfica de los internos, para que cuando tengan derecho a los beneficios de libertad condicional y demás se puedan solicitar de manera oportuna al juez. Esos estudiantes de Derecho que ya están en la etapa de la judicatura pueden colaborar en el tema y ya se están adelantando esas brigadas.