El Senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, publicó un artículo a través de su cuenta de Twitter en el que critica aspectos de la política de tierras del Gobierno de Juan Manuel Santos. El legislador recordó que una reciente decisión de la Corte Constitucional declaró inexequibles tres artículos con los que a su criterio “Santos y Restrepo (Juan Camilo, Ministro de Agricultura) intentaron fortalecer su modelo agrario a la medida de los monopolios nacionales y extranjeros, a partir de concentrar todavía más la propiedad y usufructo de las tierras rurales y de despojar al campesinado de sus derechos sobre el suelo del país”
Robledo celebró que La Ley 160 de 1994 quedó en vigencia sin alteraciones. El parlamentario explicó que esta ley establece “que las tierras baldías del Estado colombiano solo pueden entregárseles a los trabajadores agrarios y en áreas pequeñas, equivalentes a una UAF, medida equivalente a la cantidad de tierra con la que una familia campesina puede ganarse dos salarios mínimos. Esa norma también consagra que las parcelas originadas en la adjudicación de baldíos y en la reforma agraria no pueden enajenarse para conformar propiedades mayores.” Esto, según Robledo, hace que sea evidente que la norma promueve la propiedad campesina y apunta a que esta no termine, por su compraventa, convertida en haciendas.
En su escrito, el Senador se va lanza en ristre contra las modificaciones propuestas por el Gobierno. En este escenario, afirmó que “los baldíos del Estado –millones y millones de hectáreas en la Orinoquia y en el resto del país– podían entregarse en áreas de cualquier tamaño –20, 50 mil o más hectáreas– y a cualquier magnate, nacional o extranjero. Y por la famosísima “sensibilidad social” de Santos, el campesinado sería “socio” de quienes le quitaban su derecho y sus tierras, garlito en el que no cayó la Corte. La ley establecía, además, la manera de cuadrar una realidad de la que se habla poco: en Colombia hay millones de hectáreas de baldíos con propietario pero carentes de títulos legales, porque violan la medida de la UAF. En ese lío están las tierras de Efremovich (SIC) en el Cesar, de Las Pavas en Bolívar, de Argos en los Montes de María, del Fondo Ganadero de Córdoba en Urabá y, en los Llanos, las de Carranza y las de trasnacionales como PoliGraw y Mónica Semillas.”
“¿Será mucho pedirle a un gobierno tan afecto a los contratos de billones definidos con las normas de la contratación privada –como los de las cien mil viviendas que cacarean tanto–, que no insista en modificar las normas sobre baldíos, por lo menos hasta que la Superintendencia de Notariado devele lo que pasa con ellos? ¿Y será mucho pedirle que si quiere arrebatarle los derechos sobre tierras al campesinado, no lo haga con leyes sobre otros tópicos sino de cara al país, como lo exige la Corte Constitucional?”, concluyó el legislador.