Seis meses más de prórroga le dio el Invima a los municipios de Santander con plantas de sacrificio para que presenten sus planes de racionalización y que de esta forma inicien el proceso para adecuarse al Decreto 1500 de 2007, el cual busca cualificar el manejo de la carne en las mejores condiciones sanitarias, especialmente con la refrigeración del producto. Desde hace 10 años las autoridades han intentado aplicar esta norma sin completo éxito.

El director general del Invima, Javier Humberto Guzmán, aceptó la solicitud del gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, de ampliar a seis meses el plazo para que los alcaldes presenten sus planes de racionalización para las  plantas de beneficio animal.

Tavera Amado logró que en este tiempo establecido no se cierren las plantas de beneficio animal de Oiba, Contratación, Cimitarra y Charalá, entre otras, mientras se espera obtener resultados por parte de las alcaldías y del estudio que se contrató con la Universidad de La Paz para conocer cuáles municipios cuentan con las condiciones para tener las plantas.

"Ahora veo que hay una muy buena posibilidad con la UniPaz, ya tienen el contrato firmado, y si ustedes quieren, nosotros los acompañamos en este proceso técnico de definición de las plantas. Así que esperaremos congelados, sin cierres de plantas, hasta que tengamos los resultados del proceso", ratificó el director general del Invima, Javier Guzmán.

Por reglamentación del Invima, de acuerdo con los resultados que arroje este estudio y los planes de racionalización que presenten los alcaldes, el Gobierno departamental tendrá que decidir, después del 31 de diciembre de 2017, cuáles plantas siguen en funcionamiento.

El Director del Invima explicó que por ley él no puede abrir las plantas de beneficio animal que ya fueron cerradas. "Frente a las plantas que ya tenemos cerradas, yo legalmente no puedo regresar una medida sanitaria. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Cimitarra, que estaba cerrada y nosotros ya lo abrimos, lo hicimos porque hay una emergencia sanitaria por aftosa y porque legalmente puedo hacerlo, y la abro de manera temporal hasta que se cierre la emergencia sanitaria. Pero con cualquier otra planta no puedo hacer eso".

En Santander hay 84 plantas de beneficio bovino inscritas ante el Invima, cinco son privadas y 79 públicas, y solo siete de estas tienen la autorización de funcionamiento: Málaga, Vélez, San Gil, Barrancabermeja, Bucaramanga, Santa Helena del Opón y Encino.

Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado sin que la totalidad de las más de 640 plantas de sacrificio que hay en el país se pongan a tono con el Decreto 1500 de 2007, el Gobierno decidió en agosto del año anterior  no seguir prorrogando la puesta en marcha del Decreto 1500 e implementarlo. Ello sumado a una intervención a los mataderos que están en las peores condiciones y que no fueron seleccionados por sus gobernaciones en los planes de racionalización, lo que significará su cierre definitivo.

La demora en la aplicación de esta norma se ha dado porque cada vez que se trataba, había presión de plantas, departamentos y municipios, y el Gobierno terminaba cediendo, indicó el Director del Invima.

El funcionario dijo que las plantas que no fueron cerradas en el proceso de intervención  tienen dos años como máximo para hacer las inversiones que demanda este Decreto. Primero les otorgan un año  si cumplen con el 50% de lo que prometieron, en caso contrario serán clausuradas.

Al final de 2016, el Invima cerró 71 plantas de sacrificio en diferentes departamentos del país y expidió autorización a 256 para seguir operando de forma provisional.

En Risaralda

El próximo mes se cumple el plazo que le dio el Invima a las 14 plantas de sacrificio de Risaralda para que se pongan a tono con las disposiciones del Decreto 1500 de 2007, como es el caso de las de  Marsella, La Virginia y Apía.

No obstante el alcalde de Marsella, Germán Darío Gómez, dijo hace algunas semanas que todas presentan dificultades en cuanto a su infraestructura y permiso ambiental.

Explicó que  “En mesa de racionalización, nos reunimos con funcionarios del ICA, el Invima, la Gobernación y los alcaldes,  socializamos las dificultades que tenemos en las plantas y las novedades de  las prórrogas que nos está otorgando hasta junio de 2018  para cumplir con el 50% de los planes graduales para el Decreto 1500, seguimos trabajando con el gremio y, haciendo la tarea, para que no sean cerradas las plantas”.