- Hay entidades a suprimir, fusionar o adelgazar
- Algunas agencias no dieron la talla funcional
Cada vez parece ser más evidente que el país requiere de una reforma a la estructura del Estado. Algunas entidades evidencian duplicidad de funciones y varias agencias, institutos, departamentos administrativos, fondos, oficinas, consejerías y fiducias ya no tienen mayor trascendencia en la ejecución de políticas públicas, por lo que sus tareas podrían ser asumidas por otras instancias sin mayor traumatismo.
Es apenas obvio que a un gobierno al que le restan poco más de siete meses de mandato no le corresponde la tarea de proyectar las bases de una reingeniería al tamaño del Estado, pero ahora que empieza la recta final de la campaña presidencial sí deberían los principales candidatos a la Casa de Nariño ir poniendo sobre el tapete sus propuestas puntuales sobre cuáles entidades del orden nacional y descentralizado deben ser liquidadas, fusionadas o disminuidas en su asignación presupuestal, funcional y de planta burocrática. Y también cuáles otras deben ser creadas.
Ya quedó claro hace dos semanas, con el campanazo dado por la firma calificadora Standar & Poor’s, que rebajó la nota crediticia de Colombia a BBB-, apenas un escalón por encima del riesgo de perder el “grado de inversión”, que uno de los mayores problemas para la estabilidad fiscal del país es, precisamente, que se disparó el gasto público, por lo que es necesario que el próximo gobierno se apriete más el cinturón. El lío está en que ese rubro presupuestal es bastante inflexible por estar concentrada la mayor parte en obligaciones difíciles, por no decir imposibles, de recortar, como las asignaciones para pensiones, servicio de la deuda, el Sistema General de Participaciones y los subsidios directos y cruzados. En este orden de ideas, el recorte de gasto público solo podría viabilizarse a través de una disminución sensible del presupuesto de inversión social nueva o reduciendo el tamaño del Estado.
No en pocas ocasiones desde estas páginas hemos advertido que el actual gobierno aumentó el tamaño del aparato estatal -y también el déficit fiscal- creando agencias, instituciones, fondos y otras entidades para encargarse de temas demasiado coyunturales o que, incluso siendo necesarias, demostraron en corto tiempo su poca eficiencia y nivel de ejecución. Dentro de este último ámbito están varias agencias de orden supraministerial que, al decir de los expertos, lejos de agilizar la aplicación políticas públicas sectoriales, han creado un intermediación funcional, administrativa y presupuestal innecesaria, haciendo más lenta y trabada la toma de decisiones y el accionar oficial. De igual manera, es evidente que para la implementación de la llamada “era del posconflicto” algunas instituciones deben ser reformadas o incluso suprimidas, ya que no tienen cavidad dentro de ese nuevo énfasis estatal. Igual pasa con varias de las instancias creadas para la activación y logística del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc que, a la luz de los críticos balances un año después de firmado el pacto, han demostrado muchas falencias.
No se trata, en modo alguno, de abocar un proceso improvisado de despidos masivos ni mucho menos violatorio de los derechos laborales en pos de disminuir el tamaño y costo del apartado estatal. Existen dentro de nuestra legislación marcos regulatorios que garantizan la protección de los derechos adquiridos de los empleados públicos, al tiempo que hay planes obligatorios de readaptación y reubicación laboral para quienes puedan resultar eventualmente cesantes.
De otro lado, varios de los actuales precandidatos y candidatos presidenciales han puesto sobre la mesa la necesidad de crear ministerios y otras instituciones que consideran útiles para aplicar políticas públicas de distinto orden. Para que ello sea viable sería obligatorio, con el fin no de presionar más el alarmante déficit ni incumplir la regla fiscal, recortar en otras áreas. Es allí donde cada planteamiento de los aspirantes debe ser visto y sopesado dentro de un marco integral, en el que quede claro cuáles instituciones tendrían que ser reformadas, fusionadas o incluso suprimidas. Este debería ser uno de los grandes debates temáticos de la campaña, lo que permitiría a los colombianos diferenciar entre los aspirantes que proyectan un plan de gobierno serio y objetivo, de aquellos proclives al populismo y promeserismo gratuito e irresponsable.
Como se ve, debido a la crítica herencia económica de este gobierno, a su sucesor le tocará apretarse el cinturón y proyectar una reforma sobre el tamaño, costo y eficiencia del Estado. Una reforma que no afecte el cumplimiento del plan de desarrollo respectivo ni impacte los rubros de inversión social. Una reforma en la que no se opte por la salida facilista de acudir a un mayor endeudamiento público a sabiendas de que no hay espacio para ello y menos cuando la economía apunta a tener otro año bastante difícil. Una reforma, ante todo, eficiente y pragmática.
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