El fallidointento de reformar el sistema judicial en Colombia es, sin duda, uno de los hechos políticos del año, por todo lo que significó su aprobación, conciliación y hundimiento.

Como los problemas que supuestamente motivaron la reforma no han sido solucionados, muchos consideran que no es necesario intentar otra, sino que temas como la descongestión pueden superarse a través de leyes como está sucediendo, por ejemplo, con la implementación del nuevo Código General del Proceso y el nuevo Código de Arbitraje.

Entre quienes sostienen ese punto de vista está Fernando Carrillo, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación.

“La transformación que necesita la Justicia se puede hacer ya, por la vía de leyes, de decretos o de reformas a nivel de gestión, de descongestión, de capacitación y de una buena aplicación de los recursos que el Ejecutivo está dispuesto a darle al Poder Judicial en los próximos años”, dijo Carrillo.

Para el funcionario, una de las cosas más importantes que debe adelantar el Gobierno es facilitar el acceso a la justicia, buscar eficacia, celeridad y la capacitación del recurso humano para lograr el objetivo. Carrillo recalcó que para lograr esas metas no es necesario acudir a una reforma constitucional.

Sin embargo, parece que nuevamente las ganas de hacer una reforma surgieron en el Congreso y fue al senador del Partido de La U Carlos Enrique Soto a quien se le ocurrió la idea.

“Estamos proponiendo un pacto abierto y público entre los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, y poder sacar adelante un nuevo proyecto de reforma a la Justicia, que tanto necesita el país”, explicó Soto.

El senador explicó que piensa que es urgente que el país modernice su sistema judicial y agregó que la condición para que este proyecto pueda ser llevado adelante es que todos los que estén implicados en su elaboración renuncien a los beneficios que pudieran tener con el acto legislativo.