Un referendo que permita debatir en términos jurídicos y políticos las atribuciones del Congreso, la Corte Constitucional y el Gobierno, en la implementación del Acuerdo Final, es lo que proponen varios juristas.

Entre los que se encuentran Hernando Yepes Arcila (exconstituyente y exministro), Carlos Esteban Jaramillo (expresidente de la Corte Suprema), Rubén Darío Lizarralde (exministro), María Claudia Rojas (expresidente del Consejo de Estado), Jesús Vallejo Mejía (exmagistrado de la Corte Suprema), Pedro Medellín (analista político) y jóvenes abogados y politólogos como Oscar Ortiz González, Adriana Mejía, Esteban Jaramillo, Cristian Wolffhugel Gutiérrez, Virginia Garcés, Carlos Hugo Ramírez, Lorena Garnica, Andrés Vernaza, María Paula Robayo y Andrés Molano.

Y asimismo mediante una carta, la propuesta se la hacen a Humberto de la Calle Lombana, quien se desempeñara como jefe del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con la guerrilla.

Indica la carta que “con todo respeto, le proponemos que conjuntamente y organizados como movimiento cívico, pluralista, independiente, sin matrícula partidista o grupista, promovamos referendo que defina la validez y legitimidad jurídica y democrática del acto legislativo 1 de 2016”.

Y también proponen los juristas que “cumpliríamos así una norma expresa de esa reforma constitucional que condicionó la vigencia de sus disposiciones a refrendación popular, que hasta ahora no se ha cumplido. Ud. y quienes compartan sus puntos de vista pedirían que la ciudadanía refrende el texto completo del acto legislativo 1 de 2016, incluidos los literales H y J que tumbó la Corte. Nosotros pediríamos la derogatoria del varias veces citado acto. En 1994 Ud. lideró proyecto de referendo que dejaba sin efectos importante decisión de nuestro más alto tribunal sobre el libre desarrollo de la personalidad. Ahora, sobre tema igualmente transcendental, lo invitamos a que lidere la expresión de quienes compartan su posición jurídica y política”.

En apartes de la carta se dice, “La nueva sentencia de la Corte que devuelve al Congreso la capacidad deliberativa y decisoria que había perdido con el llamado fast track, Ud. le ha hecho serios reparos y cuestionamientos. Ha dicho que la Corte incurrió en “profunda equivocación” y en “error de óptica” cuando “se está jugando la suerte del país”, porque el Estado, representado por todas sus autoridades, tiene el “deber ético” de cumplir el Acuerdo suscrito con las Farc”.

Agrega la misiva conocida por este medio, que “sus afirmaciones e inquietudes, que muchos comparten, ponen de presente situación que muy pocos colombianos y apenas a medias conocían o sospechaban: la implementación del Acuerdo citado decreta nuevo ordenamiento jurídico, político e institucional, que tiene inevitables repercusiones económicas y sociales y que es producto de proceso lejano y secreto que concluyó en escasamente leídas 310 páginas de las que, según algunos, no es legítimo, válido ni ético discrepar así sea para preguntar por qué así y no de otra manera”.

Y proponen que “Ud. y sus compañeros de travesía política, de un lado, y nosotros, del otro, tenemos diferencias sobre tema político-institucional que en las democracias y los Estados de derecho se arbitran y dirimen por la ciudadanía en las urnas. Se equivocan quienes piensan que el tema será definido en las elecciones del año entrante, porque el país no debe esperar hasta entonces, pues conviene a todos que las reglas de juego para el Congreso, las Cortes y los demás actores de la vida pública se establezcan democráticamente ya mismo”.