Finalmente el Gobierno se jugó por la vía del referendo para que el propio pueblo avale o no los acuerdos a los que eventualmente se llegue en la negociación de paz con la guerrilla de las Farc, que se adelanta desde noviembre último. Aunque de entrada se palpa como una apuesta con pronóstico reservado, pues más allá del sentido de la decisión ciudadana, este mecanismo de participación hasta el momento presenta un saldo negativo en su realización.

La Constitución de 1991 introdujo una serie de mecanismos de participación, adicionales al voto, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de manifestar su opinión sobre decisiones de gobierno, como es el caso de la consulta popular; además éstos pueden presentar proyectos de ley al Congreso por medio de la iniciativa legislativa.

En tanto que el referendo es un mecanismo de doble vía, pues la convocatoria al pueblo puede ser promovida a iniciativa del Gobierno o surgir de la misma ciudadanía para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente.

Sin embargo, la historia de los mecanismos de participación popular ha sido magra en Colombia, particularmente en lo que tiene que ver con el referendo, del cual a la fecha solamente se han realizado unos pocos para la creación de municipios, en tanto que el único con carácter nacional que ha llegado a las urnas fue  promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe en su primer periodo de gobierno.

Mientras que una serie de iniciativas promovidas por ciudadanos y algunos parlamentarios ha quedado a la vera del camino sin llegar a las urnas, ya sea por que naufragaron tratando de cumplir los requisitos, que no son pocos y simples, o frenados por el Congreso que no los consideró procedentes.

Hasta el momento el único acuerdo que han logrado en La Habana el Gobierno nacional y las Farc es sobre tierra y desarrollo rural, que sería el más complicado en términos de discusión en la agenda de cinco puntos, según los expertos. En tanto que a principios de junio pasado arrancó la discusión sobre  el punto de participación política.

En ese sentido es claro que las conversaciones y eventuales acuerdos no alcanzarán a estar listos en noviembre próximo, como lo quería el Gobierno naci0nal, que desde un principio señaló que las negociaciones no se podrían extender más allá de un año.

Sin embargo el Gobierno nacional tomó la decisión para que el próximo 9 de marzo, día de las elecciones parlamentarias, se realice un referendo para que los colombianos aprueben o desaprueben parte de los acuerdos que se pongan a su consideración o, por qué no, la totalidad de ellos si es que a la fecha se ha culminado de forma exitosa la discusión de la agenda.

Sin embargo para que el presidente Santos pueda convocar dicho referendo el mismo día de las elecciones de Congreso, se vio en la necesidad de presentar primero al Legislativo y con mensaje de urgencia, el jueves anterior, un proyecto de ley estatutaria  para modificar parte de la Ley 134 de 1994, la cual establece en su Artículo 39º que “cuando se trate de un referendo de carácter nacional, departamental, municipal o local, la votación no podrá coincidir con ningún otro acto electoral. No podrá acumularse la votación de más de tres referendos para la misma fecha”.

 

Fracasó reforma del Estado

 

En el año 2003, tal como lo había anunciado en campaña, el entonces presidente Álvaro Uribe presentó al Parlamento un proyecto de referendo que proponía varias reformas constitucionales, entre otras, reestructurar el sistema de regalías, reducir el Congreso a una sola Cámara así como otras modificaciones como reformar el régimen de pensiones, suprimir las contralorías departamentales, aumentar las condenas de los delitos por corrupción, reformar el régimen de partidos, adoptar mecanismos de austeridad en el Estado y congelar los salarios del sector público por dos años.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso y luego superó el filtro de la Corte Constitucional. Finalmente el Mandatario convocó el referendo para el 23 de octubre del año 2003.

Sin embargo, a pesar de que varias de las 15 preguntas lograron la aprobación con la mayoría que votó por el Sí, ninguna logró el umbral de participación requerido en esa oportunidad, más de 6.250.000 votos, pues la normatividad establecida en la Ley 134 de 1994 indica que “en todo referendo, el pueblo tomará decisiones obligatorias por medio de la mitad más uno de los votantes, siempre y cuando haya participado una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral de la respectiva circunscripción electoral”.

Empero con el paso de los años algunas de las propuestas de Uribe que se hundieron en ese referendo se materializaron, como sucedió con la eliminación de las suplencias en las corporaciones públicas, que en 2003 solo le faltaron 6 mil votos, pero que luego la implementó la Reforma Política de 2009.

No obstante, al referendo de Uribe Vélez le corresponde el ‘honor’ de ser el único de tipo nacional que ha llegado a las urnas en los 19 años que lleva de reglamentado este mecanismo.

 

 

No se pudo revocar el Congreso

 

Doscientas sesenta mil firmas de 1.586.000 necesarias, le faltaron al Comité Promotor del referendo para revocar el Congreso, para lo cual tenía plazo hasta el 10 de julio pasado para entregarlas a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En este sentido el senador Camilo Romero, principal promotor de la iniciativa, destacó como un logro la consecución de 1.326.944 rúbricas en todo el país.

El Parlamentario nariñense dijo que esto es una muestra del inconformismo por el Parlamento que tiene el país: “Lo nuestro no es un engranaje económico, lo nuestro es de un voluntariado en todo el territorio nacional”, indicó.

Oficialmente el 11 de diciembre de 2012 el Comité Promotor inició la recolección de las firmas, lo que quiere decir que tenían plazo hasta el 10 de junio pasado para entregar los apoyos ante la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría, correspondientes a 1.586.510 firmas, equivalentes al 5% del censo electoral exigido en la Ley 134 de 1994.

Sin embargo, antes que finalizara este primer plazo el Comité Promotor entregó una comunicación a la Registraduría en la que señala: “Nos permitimos solicitar amablemente que una vez vencidos los seis meses definidos por la ley para la recolección de apoyos correspondientes al 5% del censo electoral vigente a nivel nacional, nos conceda el mes de prórroga que es permitido por la ley”.

 

 

Se hundió intento reeleccionista

 

Por vicios de trámite, en diciembre de 2009 la Corte Constitucional declaró  inexequible el referendo que promovió el uribismo para modificar la Carta Política por segunda vez en favor de Álvaro Uribe Vélez, y que le permitiría aspirar a una segunda reelección en los comicios de 2010.

El proyecto de referendo fue presentado en el Congreso por la bancada uribista, el cual a pesar del intenso debate finalmente fue aprobado por las mayorías gubernamentales ante el voto negativo del Polo Democrático y el Partido Liberal y algunos movimientos minoritarios.

Sin embargo, la Corte Constitucional encontró por lo menos 20 vicios, seis de ellos considerados graves, de trámite en la discusión y aprobación que le dio el Congreso de esa época a esta iniciativa, como fue el hecho de que le dio discusión sin que contara con la certificación sobre la financiación que debe expedir el Registrador Nacional; además del hecho que el Parlamento modificó la pregunta que validaron  3.909.825 ciudadanos que en las calles apoyaron la iniciativa con su firma. “El cambio de la pregunta en la Comisión Primera del Senado excedió las limitaciones que el principio de democracia participativa le impone a la labor legislativa”, indicó la sentencia.

También el alto Tribunal tuvo en cuenta los vicios que se presentaron antes que la iniciativa fuera presentada al Congreso en el caso de la financiación tramitada por el comité promotor para la obtención de los apoyos ciudadanos exigidos por la ley. En ese sentido, la sentencia concluyó que los promotores sobrepasaron los topes, en "una suma global que supera en seis veces lo permitido”.

 

 

Sin cadena perpetua

 

En septiembre de 2011 la Comisión Primera de la Cámara hundió con 14 votos en contra y 10 a favor, la iniciativa de referendo para condenar a cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad, que fue la mayor obsesión en el Congreso de la hoy fallecida senadora Gilma Jiménez.

Luego de la crítica a la iniciativa por parte de la entonces fiscal Viviane Morales, la opinión frente al tema se dividió y muchos de los sectores cambiaron su posición, aclarando que sí era necesario considerar a los violadores como enfermos y no necesariamente como delincuentes.

En esa oportunidad, la Legisladora no dio su brazo a torcer y anunció que “se equivocaron si pensaron que terminaba este esfuerzo. Ya no está en manos del Congreso el referendo, sino que ahora gracias a la misma ley de participación, el pueblo será quien directamente decida convocar al referendo”.

En ese sentido Jiménez elevó una consulta ante el registrador Carlos Ariel Sánchez, en la cual solicitó indicar cuántas firmas más “debemos remitir y a partir de qué fecha corren los seis meses que señala la Ley 134 para realizar la convocatoria directa del Referendo de iniciativa popular señalado”. Ya esta iniciativa de referendo contaba con 1.734.635 firmas que permitieron que fuera presentada al Congreso.

Sin embargo el Registrador Nacional, acogiendo un concepto que previamente entregó el Consejo Nacional Electoral sobre este asunto, señaló que “no es posible convocar directamente dicho referendo ya que los referendos que buscan modificar la Constitución Política deben ser convocados mediante ley aprobada por el Congreso de la República, a diferencia de los referendos que modifiquen leyes ordinarias”.

 

 

Tampoco el agua

 

El referendo para hacer que el acceso al agua fuera un derecho fundamental se ahogó en el trámite legislativo, pues finalmente la plenaria de la Cámara 2010 no alcanzó la votación suficiente para aprobar o rechazar la ponencia que pedía regresar al texto original, el cual fue modificado en la Comisión Primera de Cámara, que eliminó el derecho humano al agua y la desprivatización del servicio de acueducto, entre otras modificaciones.

Ya antes el comité promotor de la iniciativa había presentado una apelación contra las modificaciones al texto, lo que fue aceptado por la plenaria de la Corporación, que envió el texto a la Comisión Quinta de Cámara para que iniciara el trámite nuevamente.

La Registraduría certificó que el referendo del agua obtuvo 2.060.923 firmas de apoyo.

 

 

Arranca iniciativa contra el aborto

 

En julio pasado arrancó en firme un nuevo referendo en el país, esta vez para prohibir el aborto sin excepción alguna, pues la Registraduría Nacional determinó que las 195.972 firmas válidas que presentó el comité promotor de la iniciativa, “Unidos por la Vida”, eran suficientes para que se constituyera.

Ahora dicho comité tiene un plazo de seis meses para recoger apoyos equivalentes al 5% del censo electoral, aproximadamente 1.608.410 firmas para que la iniciativa logre ser presentada al Congreso.