Al tablero

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, será citado al Senado para que exponga cuál ha sido el resultado de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana que entró en vigencia el 22 de enero de este año. Como se sabe, la norma fue promovida por el gobierno Duque en el segundo semestre del año pasado con el fin de tomar medidas correctivas frente a la creciente inseguridad urbana así como por ola de ataques a la Fuerza Pública, vandalismo, bloqueos y otros desbordes violentos en el marco de los paros registrados entre abril y junio de 2021, inicialmente en protesta por el proyecto de reforma tributaria que presentó el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hoy en la junta directiva del Banco de la República.

Polémica diaria

Como se sabe, la efectividad de esa norma ha sido puesta en duda por distintos alcaldes y gobernadores que consideran que el objetivo principal, que era evitar la reincidencia criminal, sobre todo en cuanto a delincuentes que son capturados y a las pocas horas, días o semanas están libres y cometiendo crímenes de nuevo, no se cumplió. Una de las más críticas ha sido la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en los últimos días se tranzó en una dura controversia con los jueces y fiscales por la forma en que dejan en libertad a los delincuentes que son capturados en flagrancia. Los operadores judiciales replicaron que la mandataria no tiene razón y que, por el contrario, los jueces y fiscales lo único que hacen es aplicar las normas de los códigos Penal y de Procedimiento Penal.

Lo que plantea

Para combatir la reincidencia criminal la Ley Seguridad Ciudadana establece la posibilidad de imponer una pena más alta para los sindicados que en los últimos cinco años hayan sido condenados por delitos dolosos. También determinó que quién asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, menor de edad o periodista tendrá la pena más alta que contempla la ley colombiana de 58,3 años de prisión. Igualmente, la citada norma estableció como delito el porte de arma blanca en eventos masivos. A ello se suma que se agravaron las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia. Uno de los artículos más importantes es el que señala que se considera un peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural, quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal.

Críticas de oposición

Para varios congresistas de la oposición, el gobierno Petro no ha dado luces de querer endurecer la Ley de Seguridad Ciudadana y, por el contrario, señalan que algunas afirmaciones del ministro Osuna y el Presidente van en la dirección de querer aplicar esquemas de flexibilización penal a los responsables de algunos delitos de alto impacto. También critican que el Ejecutivo ha tratado infructuosamente se promover legislación a favor de los integrantes de la llamada “primera línea” que están capturados, procesados e incluso condenados por haber cometido delitos durante las protestas sociales del segundo trimestre del año pasado.

Más al sonajero

Crece la baraja de posibles aspirantes a la gobernación del Valle del Cauca en octubre del próximo año. Se habla de la actual presidenta del partido de La U, Dilian Francisca Toro, quien ya ocupó ese cargo hasta diciembre de 2019. No se descarta el nombre de Jhon Harold Suárez, ex senador del Centro Democrático. Para la alcaldía de Cali suenan Mauricio Delgado, exsenador del partido Conservador, y José Renán Trujillo, a nombre de Cambio Radical.