Desgastar a Vélez

En las toldas del Pacto Histórico se considera que desde la oposición hay una clara estrategia para desgastar a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Se cree que la tercera moción de censura contra la alta funcionaria está comprobando que el uribismo y algunos sectores de Cambio Radical son conscientes de que, si bien no tienen los votos para ganar este debate, logran mucho eco mediático y que, al final de cuentas, el piso de la ministra en el Gobierno ya se está empezando a debilitar porque no hay día en que no reciba críticas. Ello, en opinión de algunas voces de la coalición petrista, llevaría a que más temprano que tarde el presidente Petro se vea obligado a pedirle a la alta funcionaria que dé un paso al costado.

Reformas en ciernes

A mitad de semana el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, presentó las bases de lo que serán las reformas a la Ley 30 de 1992 y al Sistema General de Participaciones (SGP). De inmediato en el Congreso se prendieron las alarmas en torno a cuándo se conocerán los borradores de estas dos iniciativas y cuál será el mecanismo de consenso al que se acudirá, sobre todo porque se trata de dos temas muy sensibles. El primero, como es apenas obvio, se refiere a la ley marco del sistema educativo, lo que seguramente llevará a picos de tensión entre el Gobierno y Fecode, el sindicato de profesores del sector público. Hay asuntos muy complicados en juego, como los mecanismos de acreditación de calidad de las instituciones educativas así como de todo el personal docente.

Promesa del SGP

Otro tema clave será cómo lograr la ampliación de cobertura y calidad de la educación superior, incrementando en 500 mil nuevos estudiantes el volumen de alumnos en universidades e institutos técnicos y tecnológicos. Aquí hay dos temas que interesan mucho al Congreso: la ya anunciada reforma a la Ley 30 de 1992 o Ley General de Educación, así como la reforma al Icetex. En cuanto a la modificación al SGP, esta reforma lleva desde el mandato Santos prometiéndose a alcaldes y gobernadores, ya que fija el porcentaje de traslado presupuestal del gobierno nacional central a los departamentos y municipios para atender servicios públicos esenciales, entre ellos la educación.

Pulso por el PAE

Otro flanco que llamó la atención del plan proyectado por Gaviria -que por la forma en que presentó esta iniciativa dio a entender que seguirá por largo tiempo en el gabinete pese a su inconformidad con el alcance de la reforma a la salud- es el referido al futuro del Programa Alimentación Escolar (PAE), en donde se buscará no solo la universalización (que se preste en todas las escuelas y colegios públicos, incluso durante todo el año), sino que podría estar en cabeza de asociaciones de padres de familias y las Juntas Administradoras Locales (JAL), sobre todo en las áreas rurales. Paradójicamente, las asociaciones de alcaldes y gobernadores, ante los recurrentes problemas con el PAE, han insistido en que el programa lo debería manejar y centralizar el Instituto de Bienestar Familiar.

Sonajero verde

“… Tenemos varios nombres interesantes… Unos ya los han mencionado ustedes (la prensa) y otros son cartas bajo la manga pero que sabemos que tienen mucha posibilidad”. Esa fue la respuesta que una alta fuente de la Alianza Verde dio a varios reporteros políticos que le preguntaron sobre cuál sería la carta que esa colectividad se jugaría para seguir en la alcaldía de Bogotá una vez termine el mandato de Claudia López el próximo 31 de diciembre. Por ahora el nombre que más suena es el del exgobernador y ex precandidato presidencial, Carlos Amaya.