Cuellos de botella (I)

La redacción del proyecto de ley que reformaría los códigos Penal y de Procedimiento Penal en cuanto a las normas para el sometimiento a la justicia colectivo de cabecillas e integrantes de base de las bandas de delincuencia organizada o multicrimen, no es nada fácil. Según conoció EL NUEVO SIGLO hay dos cuellos de botella que preocupan al Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para viabilizar esta reforma penal con el fin de poder avanzar en los procesos de sometimiento del ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pachenca’ y las reincidencias de las Farc, grupos con los cuales la Casa de Nariño pactó ceses el fuego. Como se sabe, la Fiscalía no aceptó levantarles las órdenes de captura a 16 de sus cabecillas porque no hay marco legal para otorgar ese tipo de beneficios a integrantes de organizaciones a las que no se les reconoce estatus político.

Cuellos de botella (II)

El primer gran obstáculo está referido a que la única forma de poder aplicar esos beneficios penales previos a los integrantes de esta clase de grupos de alta criminalidad sería logrando la localización territorial de los contingentes. Es decir, que se requeriría crear, previamente, las llamadas “zonas de concentración” de que ya empezó a hablar el ministro de Defensa. Esto implica una dificultad porque el ‘Clan del Golfo’, por ejemplo, no se considera una organización jerarquizada, con comando general, jefes intermedios y “personal de base de corte militante”. En ese orden de ideas, siendo claro que la mayoría de la estructura del ‘Clan del Golfo’ es delincuencia común y organizada, no se ve muy viable que el grueso de sus integrantes esté dispuesto a concentrarse en determinada zona.

Cuellos de botella (III)

El segundo problema se refiere a que ya en noviembre se filtraron una serie de apartes de un proyecto de ley que se estaba preparando sobre el sometimiento a la justicia de organizaciones multicrimen a las que no se les reconoce estatus político. Se dijo, entonces, que el borrador de la iniciativa tenía alrededor de 80 artículos y que había sido consultado con expertos penalistas y constitucionalistas. Sin embargo, la idea se dejó en segundo plano porque la prioridad era la reforma a la Ley 418, que se sancionó a comienzos de noviembre. Además de ello, al interior del Gobierno saltaron varias alarmas en torno a que había inconsistencias en la propuesta de reforma al Código Penal, sobre todo en la proporcionalidad con las leyes de Justicia y Paz (marco de desmovilización de los grupos paramilitares) así como del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc.

El rol de la Iglesia

Días atrás monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria, delegado por la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, concedió una entrevista a la oficina de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá en torno a las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla del Eln así como el papel que cumple la institución religiosa como facilitadora. Como se sabe, el próximo 13 de febrero en México se reanudan las conversaciones. “… En las reuniones o diálogos llevados a cabo en Caracas, frente a los problemas que se presentaron, y, luego de realizarse una reunión de carácter urgente, se lograron poner en claro los protocolos relacionados con el manejo de una buena comunicación y declaraciones en general… De esta manera, se volvieron a revisar los protocolos de cómo proceder para anunciar los acuerdos de la mesa, el desarrollo de los diálogos, los avances y resultados. Y cómo hacerlo de la manera más óptima”, precisó el alto prelado.