Primer proyecto

La creación de una jurisdicción agraria en Colombia ya suma tres gobiernos sin que se haya podido concretar. En 2010, siendo ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y presidente Juan Manuel Santos, ya se hablaba de crear una jurisdicción agraria especializada que, entre otros asuntos, tendría como prioridad la restitución de tierra a los despojados en tanto que a los tenedores de buena fe se les indemnizaría con títulos TES diferidos en el tiempo. La iniciativa no se concretó y solo volvió a hablarse de la misma en el marco de la negociación de paz de ese gobierno con las Farc. En el acuerdo firmado y que se llevó a plebiscito en 2016 quedó explícito que “se mejorará el acceso a la justicia en el campo con la creación de la jurisdicción agraria”. En el Congreso no avanzó la iniciativa.

Segundo proyecto

En abril de 2019, el gobierno Duque anunció su disposición a avanzar “en uno de los compromisos previstos en el en el punto 1.3. de la Política de Paz con Legalidad”, garantizando con la creación de la especialidad agraria y rural una cobertura territorial completa que permita el reconocimiento del derecho al acceso a una justicia ágil y eficaz. Según el entonces consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, se radicó, entonces, el proyecto de Ley 001 de 2018 que modificaba la Ley Estatutaria de la administración de justicia, mediante el cual “se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales, y se dictan otras disposiciones”. Esta iniciativa tampoco vio la luz.

Tercer proyecto

Ahora el turno es para el gobierno Petro, que esta semana, por intermedio del ministro de Justicia, Néstor Osuna Patiño, radicó el proyecto de ley mediante el cual se busca la creación de una nueva alta corte con énfasis en temas agrarios y rurales. La reforma constitucional, que es iniciativa de la senadora Isabel Cristina Zuleta, tiene como propósito establecer el marco constitucional para la resolución de controversias respecto a los derechos de propiedad, posesión, ocupación, usufructo, servidumbre, uso y tenencia de los bienes inmuebles en suelo rural. Esta nueva alta corte, que estará integrada por un número impar de togados- se encargaría de revisar decisiones judiciales relacionadas con reforma agraria, dirimir conflictos de competencias y preparar y presentar proyectos de ley. Sus magistrados serían elegidos por una única vez por la Corte Constitucional. 

Sentencia clave

Lo cierto es que dentro de las primeras reacciones a este último proyecto están las de algunos congresistas que advierten que la misionalidad de jurisdicción agraria “prácticamente” la acaba de dictar la Corte Constitucional. Esto en relación al fallo días atrás del alto tribunal mediante el cual ordenó, entre otros asuntos, garantizar que los baldíos de la Nación sean efectivamente entregados a los campesinos de escasos recursos. Como se sabe, la sentencia se profirió al revisar 11 tutelas que presentó la Agencia Nacional de Tierras contra sentencias judiciales que adjudicaron predios a particulares en Boyacá, Cundinamarca y Santander. La Corte no solo dejó en firme los fallos sino que llamó la atención por la crisis para el acceso a la propiedad de la tierra.

Ajuste normativo

La misma sentencia pidió avanzar en la reforma rural integral establecida en el Acuerdo de Paz, para que las tierras de la Nación efectivamente puedan llegar a manos de los campesinos que carecen de ellas. En ese orden de ideas urgió que realicen los ajustes normativos y presupuestales que se requieran para materializar la creación de la jurisdicción agraria, la consolidación del catastro multipropósito, la actualización del sistema de registro, el fondo de tierras para la reforma rural integral y el plan de formalización masiva de la propiedad rural.