Firme, por ahora

A ocho días de que el Congreso en pleno deba elegir al sucesor de Carlos Felipe Córdoba en la Contraloría General, todas las apuestas continúan dando como la más firme candidata al cargo a María Fernanda Rangel Esparza, que no solo tiene el apoyo ya definido de los partidos de la U, Conservador y Liberal, sino que, además, contaría con el respaldo -todavía no oficializado- de otras facciones tanto de Senado como de Cámara. Aunque se esperaba que esta semana empezaran a salir algunas decisiones judiciales que paralizaran el accidentado proceso parlamentario, un congresista le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “hubo mucho eco mediático a los anuncios de demandas en distintas instancias” pero al final “fue muy poco o nada lo que efectivamente terminó llegando a los estrados judiciales”. En los pasillos del Congreso se insiste en que hay acciones de tutela a punto de ‘reventar’, ya que al final de esta semana se vence el plazo legal para su definición.

Pleito vivo

Mientras que las mesas directivas de Senado y Cámara insisten en que está blindada por todos los flancos la decisión de la Comisión Accidental que fue designada para subsanar los vicios jurídicos advertidos en dos fallos judiciales alrededor del proceso de elección del Contralor, voces del Centro Democrático y de otras facciones insisten en que el proceso ya está viciado de origen y, por lo tanto, no importa qué pase la próxima semana, ya que la escogencia será demandada ante el Consejo de Estado y antes de terminar el año se caería la elección del jefe del ente de control fiscal. Como se sabe, la Comisión escogió diez nombres para integrar la lista de elegibles: Elsa González, María Fernanda Rangel, Diana Torres, Mónica Certaín, Carlos Rodríguez, Andrés Castro, Víctor Salcedo, Carlos Fernando Pérez, Luis Fernando Bueno y Luis Carlos Pineda.

Movidas parlamentarias

En las toldas del Pacto Histórico hay algunas voces que desde el mismo lunes advirtieron, en privado, que varios de los artículos del proyecto de reforma tributaria son muy drásticos y golpean directa o indirectamente a la clase media o poblaciones de zonas de frontera, áreas rurales y de periferia, que son precisamente en donde el pasado 19 de junio, en la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro tuvo un amplio apoyo en las urnas, el mismo que resultó clave para ganar la Casa de Nariño. También se sabe que ayer mismo había varios parlamentarios uribistas revisando muchas de las respuestas de Petro como candidato en el tema de impuestos. Según trascendió, la idea de la oposición es recopilar varias opiniones del entonces candidato de izquierda en donde criticaba varias alternativas tributarias que hoy están contempladas en el proyecto de ajuste impositivo que radicó su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

¿Maduro tranquilo?

Tan pronto como ayer surgió la versión de que el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, podría arribar a Colombia el próximo fin de semana para reunirse con el presidente Gustavo Petro, empezaron a circular en corrillos jurídicos una serie de rumores en torno a que el cuestionado mandatario del vecino país tiene medidas judiciales en su contra que podrían, incluso, llevar a su detención. “… Eso no es tan fácil como por ahí dicen, sin saber si son ciertas o no las versiones sobre la visita de Maduro… Hasta donde entiendo no se ha expedido una norma legal que lleve a desconocer que Colombia, oficialmente, reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo del vecino país… Por lo tanto, Maduro es un particular que no está cubierto con ningún tipo de inmunidad ni privilegio diplomático ante los ojos de la legislación colombiana y sí está demandado nacional e internacionalmente por múltiples delitos”, precisó un dirigente uribista, que pidió la reserva de su nombre.