Populismo punitivo de doble vía

Un experto penalista le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que ya “empezó a asomar de nuevo el populismo punitivo” en el Congreso. “… Hay varios proyectos de ley anunciados que buscan atacar temas coyunturales o de impacto en la prensa y la opinión pública… He escuchado propuestas de todas las bancadas, pero no solo en el sentido de agravar penas o crear tipos penales, sino también en sentido contrario… Hay proyectos pidiendo despenalizar o bajar penas e imponer subrogados penales… Eso también es populismo punitivo, ya que se trata de propuestas de rebajas y beneficios que no tienen soporte de impacto en materia de progresividad y proporcionalidad penal, tampoco bases de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ni mucho menos guardan coherencia con mandatos del Código de Procedimiento Penal o el Código de Convivencia y Policía…”, precisó el jurista, en conversación off the record con este Diario.

Principio de proporcionalidad

Y hablando de proyectos de reforma penal, llamó la atención el anuncio del partido de La U en torno a que presentará una iniciativa referida a establecer máximas penas y eliminar la posibilidad de subrogados penales a perpetuadores de delitos contra la infancia. De acuerdo con esa colectividad, para esto sería necesario modificar el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia de manera que se suman los delitos de abandono, trata de personas y violencia intrafamiliar entre aquellos a los cuales no aplican subrogados penales, ni otros beneficios. “… Ese proyecto, por ejemplo, debe enmarcarse dentro de la última jurisprudencia de la Corte Suprema e incluso de la propia Corte Constitucional en torno a que la ley penal no puede anular el carácter resocializador de la condena ni romper la proporcionalidad penal, ya que la generalización de las máximas penas y la eliminación de los subrogados llevan a que delitos graves tengan condenas superiores a otras conductas penales de mayor gravedad, sobre todo en cuanto a la escala jerárquica de la vida como máximo bien supremo a proteger”, agregó el penalista consultado.

Alud de proyectos

Y hablando de la agenda legislativa, se empiezan a acumular los proyectos para aumentar la protección a los líderes sociales. Por ejemplo, en el que ratifica el Acuerdo de Escazú ya va un artículo en ese sentido, sobre todo para disminuir el peligro para los activistas ambientales. El Polo Democrático, por intermedio del senador Iván Cepeda, también impulsa una iniciativa para que el Estado redoble las medidas de seguridad a los líderes sociales y los desmovilizados. Y en la agenda que anunció esta semana el partido de La U también se incluyó un proyecto dirigido a reconocer y fortalecer los mecanismos comunitarios como garantía de protección y defensa de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, campesinas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos bajo un enfoque territorial.

De aquello, nada…

Un periodista de este Diario le indagó a un congresista conservador en torno a cuál era la postura de la colectividad frente al proyecto de reforma tributaria que el gobierno electo de Gustavo Petro está preparando para radicar el próximo 7 de agosto. El parlamentario indicó que “… no hay postura oficial porque el proyecto no se conoce, solo hay afirmaciones del ministro (designado de Hacienda José Antonio) Ocampo y del director entrante de la DIAN… La bancada no ha sido convocada a presentarle el proyecto y en la reunión del Directorio (Nacional Conservador) la semana pasada el tema se analizó pero la conclusión fue esperar al articulado”.