“Seguimos esperando”

Esa fue la respuesta que le dio a un periodista de EL NUEVO SIGLO uno de los principales impulsadores en el Congreso del proyecto de ley estatutaria, aprobado en mayo del año pasado y ahora en control previo de la Corte Constitucional, que establece una especie de “borrón y cuenta nueva” para las personas que han sido reportadas a las centrales de riesgo financiero por moras en sus pagos y obligaciones, pero que logran ponerse al día. Aparte de la demora del Congreso en la remisión de las actas de los debates, estaba pendiente que la Procuraduría enviara a la Corte Constitucional su respectivo concepto, lo cual ocurrió el pasado 9 de abril. “… Creemos que ya está todo listo para que el alto tribunal emita su respectivo fallo, sobre todo ahora que los alivios financieros por la pandemia terminaron y el sistema bancario tiene más libertad para negociar mecanismos de pago con quienes se han colgado…”.

Buen augurio

Para los defensores de la llamada ley de “borrón y cuenta nueva”, el concepto positivo de la Procuraduría es clave para que esta norma sobre el derecho al habeas data financiero sea declarada exequible. El Ministerio Público señaló que la ley  respeta el principio de caducidad porque prohíbe la conservación indefinida de información financiera en base de datos, después de que hayan desaparecido las causas que originaron el recaudo de la misma. Sobre el régimen de transición o amnistía general incluido en la norma, la Procuraduría señaló que el núcleo esencial de la libertad de empresa no se ve afectado por la fijación de plazos especiales, porque las competencias de las fuentes, operadores y usuarios en la administración de los datos financieros se mantuvieron.  Para el órgano de control, la iniciativa responde, igualmente, al principio de solidaridad.

Próximas semanas

El senador conservador David Barguil, uno de los autores y ponentes de la ley, insistió esta semana en que “seguimos haciendo seguimiento de nuestra ley de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo. Muchos ciudadanos nos preguntan ¿Cómo va el trámite en la Corte Constitucional?… Esperamos un fallo favorable en las próximas semanas”. Incluso en declaraciones a la revista “Debate Estratégico Siglo XXI - Asuntos Públicos & Corporativos”, el congresista insistió en que “aunque la Corte Constitucional no está obligada a adoptar de forma explícita el concepto técnico (de la Procuraduría), esperamos que éste enriquezca el debate judicial, para que los consumidores financieros y titulares de datos se vean prontamente beneficiados del fallo que debe producir la Corte Constitucional, que decidirá la sanción y entrada en vigor de esta Ley”.

Lupa a los “alivios”

Para terminar con este tema, EL NUEVO SIGLO conoció que un grupo de abogados de varias ONG está estudiando a fondo los llamados “alivios financieros” que los bancos activaron el año pasado en medio del arranque de la pandemia. Se investigan las denuncias ciudadanas en torno a que una parte de quienes se acogieron a esos “alivios” terminaron viendo incrementarse sus obligaciones y saldos de forma sustancial. El asunto tendría que ver con el futuro de la ley de “borrón y cuenta nueva”, en la medida en que las moras han venido en aumento por esas refinanciaciones en el marco de la emergencia sanitaria.