“Las cosas serán a otro precio”. Esas fueron las palabras que un alto funcionario de la Fiscalía pronunció luego de que la plenaria del Senado aprobara, en último debate, la reforma al Código de Extinción de Dominio que, según la ponente senadora y ex fiscal general Viviane Morales, es una modificación de fondo para acelerar el ritmo de los procesos de decomiso y enajenación de bienes de origen ilícito. De acuerdo con Morales, las modificaciones más importantes tienen que ver con la aceleración del proceso de extinción de dominio y también con la administración eficiente de los bienes incautados, que hoy por hoy estarían ascendiendo a 2,5 billones de pesos.

¿Recursos para víctimas?

Precisamente por ese cálculo de 2,5 billones de pesos, que para otros analistas es muy bajo frente a la gran cantidad de bienes decomisados que tiene el Estado, es que varias organizaciones de víctimas del conflicto armado vienen insistiendo en que gran parte de esos recursos se vayan para financiar los programas de posconflicto y de reparación integral a los afectados por la guerra. Sin embargo, el Ejecutivo es de la idea que la mayor parte de esos eventuales recursos se destine prioritariamente a financiar estructura carcelaria, políticas de seguridad urbana y la propia lucha contra el narcotráfico.

Presunción probatoria

En la reforma aprobada, uno de los temas más importantes es el relativo a la figura de la presunción probatoria que permite inducir el origen ilegal de los bienes asociados a las organizaciones criminales y que sean los indiciados los que deban demostrar lo contrario. La reforma aprobada, que fue presentada por el entonces fiscal Eduardo Montealegre y luego la impulsó su sucesor, Néstor Humberto Martínez, ajusta al proceso de notificación, mejora la administración y destinación de bienes y permite su temprana monetización. Martínez había resaltado que esta reforma no sólo pretende agilizar el proceso de extinción de dominio, sino aumentar la eficiencia en la administración de los patrimonios ilícitos e incluir elementos relacionados con la justicia premial, dentro de los que se resalta el reconocimiento de la colaboración de terceros que denuncien y contribuyan con la justicia.

¿Voto obligatorio temporal?

Si bien es cierto que en el Congreso no tiene mayor ambiente la propuesta gubernamental de establecer el voto obligatorio en Colombia, la Casa de Nariño considera que es una alternativa que se debe estudiar, así se trate de una variable temporal, es decir que se aplique para uno o dos periodos electorales y no de manera permanente. Algo similar a lo que ocurre con la propuesta de establecer la financiación electoral a cargo 100 por ciento del Estado por dos periodos, con el ánimo de evidenciar la infiltración de contratistas y redes de corrupción en las actividades proselitistas.

Las CAR y las tragedias

“La fiebre no está en las cobijas”. Esa fue la expresión que el exdirector de una corporación autónoma regional utilizó para replicar las críticas que se venían haciendo a Corpoamazonía por la tragedia en Mocoa, que ya deja más de 310 personas muertas por la avalancha del viernes pasado. Según la fuente consultada, lo que está quedando claro es que la corporación sí advirtió en repetidas ocasiones del riesgo que se corría en esos sectores pero sus alertas no fueron atendidas por los gobiernos Nacional, departamental ni municipal. “… Igual ocurre en muchos casos en otras partes del país, en donde las corporaciones se llevan el agua sucia cuando ocurren desastres, pero sí habían advertido de los riesgos”, precisó.