Hay mucha expectativa en torno a lo que será el debate sobre el escándalo de Odebrecht que piensa llevarse a cabo en el Congreso. Aunque se citó desde la segunda semana de marzo, terminó ese mes y ya vamos por la primera semana de abril sin que hasta el momento haya sido posible realizar el debate en el que el senador y candidato presidencial del Polo, Jorge Enrique Robledo, tiene un arsenal de pruebas contra el gobierno Santos, el gobierno Uribe y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Se dice que si la mesa directiva del Senado no programa el debate para la próxima semana habría una rebelión de marca mayor de varios partidos y no se descarta una operación ‘tortuga’ hasta que se fije hora y día para esta discusión que será bastante candente desde el punto de vista político y jurídico así como, imposible negarlo, electoral.

Reforma pendiente

Los sindicatos andan preocupados porque no ven que avance la propuesta del Ministerio de Trabajo en torno a una reforma al Código Laboral para que las personas que trabajan por lo que se llama “órdenes de prestación de servicios” puedan empezar a disfrutar de todas las garantías en la materia salarial, de seguridad social y prestacional. La titular de esa cartera, Clara López, había anunciado al comienzo del año que se avanzaría en una modificación legal sobre la materia y los sindicatos esperaban que el respectivo proyecto fuera radicado en el arranque del segundo tramo de la legislatura, a mediados del mes pasado. Ahora dicen que la iniciativa no esté dentro de las prioridades gubernamentales y menos aún porque crecen los peros al proeycto que busca establecer el pago de horas extras y recargos nocturnos, que ya va a mitad de debate en el Congreso y tiene a los gremios patronales haciendo toda clase de lobby para que no se apruebe dicha reforma.

Lupa en Congreso a Mocoa

Como era de esperarse la tragedia de Mocoa será objeto de debate de control político en el Congreso y, según trascendió, serán tres las dudas que altos funcionarios del Gobierno, la Gobernación el Putumayo, la Alcaldía de Mocoa y Corpoamazonía tendrán que despejar. En primer lugar, si es verdad que existían informes y estudios de tiempo atrás que advertían sobre la posibilidad de una avalancha en ese sector de la capital del Putumayo y, de ser cierto, qué medidas se tomaron para minimizar dicho nivel de amenaza. Un segundo interrogante se referirá a si la Unidad de Gestión de Riesgo había emitido alertas tempranas frente a Mocoa o el Ideam había señalado a esa ciudad como una de las de más alto riesgo de sufrir avalancha o afectaciones por crecientes súbitas, según el mapa que dio a conocer recientemente.

Ojo al plan de reconstrucción

Y, en tercer lugar, se  preguntará en torno a las instancias de control y vigilancia que tendrá el Plan de Reconstrucción de Mocoa, para evitar que los más de 200 mil millones de pesos que se calcula tendrían que ser invertidos para recuperar la infraestructura de servicios, vial y la rehabilitación de los 17 barrios afectados por la avalancha, se utilicen de manera transparente y eficiente. Un senador gobiernista le recordó a EL NUEVO SIGLO que esta prevención debe tomarse desde ya porque una parte de los recursos billonarios que el Estado invirtió a través de la iniciativa Colombia Humanitaria para reparar los daños de la ola invernal 2010-2011 terminaron dilapidados en obras de bajo alcance o fueron objeto de denuncias sobre corrupción y desgreño administrativo a nivel regional y local.