Un nuevo pulso frente a lo que significa la autonomía de las comunidades indígenas se dará en el Senado en próximos días, una vez sean citados los ministros de Minas y Energía, Medio Ambiente e Interior, así como otros altos funcionarios para que den las explicaciones del caso en torno de por qué ha sido imposible lograr un acuerdo con la etnia de los Uwa en Norte de Santander. Como se sabe, hace varias semanas el oleoducto Caño Limón-Coveñas fue dinamitado en uno de sus tramos que pasa por el territorio indígena pero los líderes de la comunidad indígena se niegan a dejar entrar a las cuadrillas de Ecopetrol a la zona del atentado para arreglar el conducto de crudo y limpiar el petróleo derramado.

Reto mayor

Según le indicó un senador a un periodista de EL NUEVO SIGLO es necesario poner freno a esta situación, puesto que cada día que el oleoducto se mantiene paralizado le está costando una suma millonaria al Estado, no sólo por el petróleo que se deja de exportar, sino por las regalías que se dejan de recibir. “… Ya no son solo los indígenas, también son los campesinos y las negritudes que en distintas partes del país están protestando, bloqueando e incluso citando consultas populares para oponerse a la minería y la extracción de crudo… La seguridad jurídica del país se encuentra en peligro y el Estado tiene que poner coto a este asunto antes de que el impacto fiscal sea irreversible”, precisó el congresista, que pidió la reserva de su identidad.

¿Por qué las protestas?

Para quienes conocen de cerca esta situación, la razón principal por la cual se están multiplicando las protestas regionales contra la industria extractiva, ya sea minera o petrolera, tiene que ver con la insatisfacción de las comunidades con la disminución del volumen de regalías. “… La vaca lechera en muchos municipios y departamentos eran los dineros de las regalías y había para repartir y compartir, incluso para despilfarrar y robar… Pero ahora, con la reforma los dineros no sólo son menores sino que hay más controles a su inversión… Las comunidades no entienden eso porque algunos gobernadores y alcaldes están escondiendo su ineficiencia en que todo es porque las quitaron las regalías… Las comunidades, entonces, se vuelcan a presionar a las petroleras y mineras para que sean las nuevas vacas lecheras”, explicó una alta fuente gubernamental a EL NUEVO SIGLO.

Tres líneas

Hay tres líneas de acción en todo esta debate. De un lado, la que propende por hacer uso de la fuerza legal del Estado para evitar que la industria minera y petrolera continúe trabajando a media marcha. Esa tesis no es compartida por el alto Gobierno. La segunda, que se insista en la vía del diálogo y la búsqueda de consensos con las comunidades para permitir el desarrollo de las actividades extractivas, comprometiendo inversiones sociales financiadas por el presupuesto público y privado. Esta es la línea más acorde con el Ejecutivo. Y tercera, que se llame a las empresas del sector a ir por la ruta propuesta por el ministro de Minas, Amylkar Acosta, en cuanto a que hay que buscar una especie de “licencia social” para que las comunidades entiendan los beneficios mutuos de la actividad minera y petrolera, o que éstas se conviertan en vigilantes de las regalías y la amortiguación del impacto ambiental.