El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, deberá presentarse ante los jueces el 26 de julio para declarar como testigo en un macrocaso de corrupción, que ha salpicado de lleno a su Partido Popular (PP), anunció el martes una fuente judicial.
El conservador Rajoy no está imputado en la llamada "trama Gürtel", pero será en cualquier caso el primer jefe de gobierno en ejercicio en España en comparecer ante un tribunal.
Lo hará en persona el 26 de julio a las 09h30 de la mañana (07h30 GMT) ante los jueces de la Audiencia Nacional, alto tribunal español, en San Fernando de Henares, al este de Madrid, según el auto recibido por la AFP.
La tentacular trama Gürtel estaba dirigida por el empresario Francisco Correa, actualmente procesado.
Éste reconoció que durante años practicó sobornos y hacía regalos a cargos del PP, para conseguirle a empresas "amigas" toda una serie de adjudicaciones de contratos y obras públicas.
Como parte de la investigación, 37 personas, entre ellas varios excargos del PP, han sido juzgadas desde octubre de 2016, por su presunta participación en la red, que desvió fondos públicos entre 1999 y 2005.
Los jueces especificaron en el auto que Rajoy "no comparece como presidente del gobierno, sino como un ciudadano español en calidad de testigo" y "en razón a los cargos que tenía en el PP", partido que preside desde 2004.
Igualmente, la Audiencia Nacional dijo que tomará "cuantas medidas sean necesarias para preservar su imagen institucional", sin precisar cuáles.
"Yo estoy a lo que dispongan los tribunales", dijo Rajoy este martes al margen de una cumbre bilateral hispano-portuguesa.
Rajoy ha sostenido en todo momento que desconocía las actuaciones ilícitas de miembros de su partido, y ha asegurado que no tendrá problema en declarar ante los jueces.
El dirigente conservador había solicitado comparecer por videoconferencia, alegando que su agenda está muy cargada y que su desplazamiento implicaría un importante despliegue de seguridad y recursos públicos.
El alto tribunal desestimó sin embargo la demanda, afirmando que "las razones dadas ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el Tribunal".
Los numerosos casos de corrupción que han afectado al PP los últimos años le hicieron perder en 2015 la mayoría absoluta en el Parlamento y en varias regiones del país.