Estudian la crisis del sector y cómo mejorar la atención de los dos sistemas que actualmente tiene el país para que los trabajadores se jubilen. El gasto en subsidios es muy alto para el país y prácticamente tiene desbalanceado este rubro social.
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Solo hasta finales de 2017 la Misión Pensional que fue establecida por el actual gobierno, dará su diagnóstico sobre la situación y presentará sus propuestas acerca de una reforma. Esta Misión forma parte de la Comisión de Gasto Público que estudia entre sus puntos más importantes la posibilidad de realizar cambios a las jubilaciones.
El director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, quien es miembro de esta comisión, advirtió que uno de los aspectos principales que la comisión analiza es una posible reforma pensional.
"Hace 20 años se hizo una reforma muy importante en el sistema general de transferencias que permitió cambiar el curso del gasto público en ese frente, quisiéramos identificar cambios de este estilo, por ejemplo en el gasto pensional, una proporción muy grande de los ingresos tributarios, casi el 25% se va a pagar las pensiones y lo que es más triste es que menos del 20% de estas pensiones cubren a las personas mayores de este país, en ese sentido temas como una reforma pensional son los que se van a estudiar".
Desde el inicio de año en el país se viene hablando de la posibilidad de hacer una nueva reforma pensional ante la inequidad que se vive en el país en esta materia.
Bomba pensional
El presidente de la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, Santiago Montenegro, dijo que desde el gremio viene trabajando hace varios meses en un proyecto que ya deberá ser tomado por el nuevo Gobierno.
Se necesita una reforma pensional porque el hueco fiscal que hay en el régimen público es gigante y, dice, “se está comiendo una cuarta parte de los ingresos del Gobierno”.
En ese sentido, Montenegro planteó que en materia de pensiones debe haber un solo pilar contributivo.
“Se debe tener una prima media, que en realidad ya existe, que es el fondo de garantía de pensión mínima, que es un fondo común al que cotizan todos los afiliados y se subsidia solo a las pensiones de salario mínimo. Los subsidios a las pensiones más altas hay que acabarlos”, explicó.
Para el presidente de Asofondos, en Colombia “tenemos una bomba pensional y esperamos que el próximo Gobierno tenga esa como una de sus prioridades”.
Es urgente
Recientemente en el Congreso de Fasecolda, realizado en Cartagena, el presidente del gremio asegurador, Jorge Humberto Botero, afirmó que es urgente que el Gobierno adelante una reforma al régimen de pensiones.
Según Botero, dicha reforma debe hacerse en 2017, antes de que concluya el actual Gobierno, debido a que el sistema no aguanta más el peso del financiamiento de las jubilaciones.
Para Botero es imperativo que dicha reforma contenga la propuesta de un seguro de desempleo y deberá tocar el tema de la edad de pensión, aunque no el monto de la cotización de los colombianos.
“Hace un par de años propusimos la creación de un seguro de desempleo pero esta propuesta cayó en el vacío”, señaló.
“La población cotizante es muy bajita y es más baja aun la que logra culminar con los requisitos que establecen las normas para acceder a una pensión, tanto en el régimen de reparto como en el de capitalización”, explicó el dirigente gremial.
Indicó que parte del problema es que en el país “hay un gran lastre que es la informalidad del empleo. Si la gente entra y sale y por ende deja de cotizar por largos períodos lo más probable es que llegue a la edad de retiro y no tenga pensión”.
Expresó que otro de los problemas es que no hay un mecanismo que cubra los baches entre la pérdida de un empleo formal y el retorno al sistema laboral.
Aumentar edad
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, recomendó que en la próxima reforma pensional se debe estandarizar la edad de hombres y mujeres y ubicarla en 65 años.
Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, propuso hace unas semanas para la próxima reforma pensional subir la edad de jubilación a partir del año 2029 de manera gradual hasta llegar al 2034 a 67 años para los hombres y 62 para mujeres.
Aparte de un sistema inequitativo, las jubilaciones subsidiadas por el Estado registran actualmente un hueco fiscal de $41 billones.
Los trabajadores
Para el presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, la reforma pensional debe estar en sintonía con los intereses de los trabajadores. “Por ejemplo, una reforma pensional que signifique que las personas salgan con unos porcentajes tan bajos del 75% o del 80%, sino que la pensión reconozca el 100% de lo que el trabajador tiene cuando está activo”.
Gómez dijo además que se debe hacer una reforma pensional que baje los aportes de los pensionados del 12% para la salud para que paguen solamente el 4%.
Otro de los gremios que han dado su opinión sobre la posibilidad de una reforma pensionas es Asobancaria que opina que los gastos de pensiones, por su parte, equivalen al 32% de las transferencias y se constituyen como uno de los rubros que más preocupación genera en términos de sostenibilidad fiscal a corto, mediano y largo plazo.
Si bien la reforma a la Ley 100 mejoró parcialmente la sostenibilidad financiera del sistema, el Régimen de Prima Media aún es altamente insostenible, hecho que quedó en evidencia en 2003 cuando las reservas del Instituto de Seguro Social se agotaron y este compromiso tuvo que pasar a ser financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación.
A lo anterior se suma el hecho de que parte del financiamiento del programa de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, va a provenir del Presupuesto General, aumentando aún más las presiones sobre el gasto público.
El actual gasto público en pensiones supera los 4 puntos del PIB, ha sido creciente en los últimos años y luce bastante oneroso si se tiene en cuenta que el número actual de pensionados apenas bordea los 1,8 millones de personas.
Ante el complejo panorama fiscal, urge diseñar una reforma pensional que no solo garantice una mayor cobertura, sino que sea altamente compatible con el mejoramiento de la distribución del ingreso, señala el gremio financiero.
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