Como es apenas natural todo el proceso para escoger al nuevo titular de la Procuraduría General de la Nación se ha escenificado más en el campo político que en el jurídico. Sin embargo, la audiencia pública que tendrá lugar la próxima semana en la plenaria del Senado será una oportunidad trascendental para que los ternados a la jefatura del Ministerio Público expongan de manera amplia y detallada sus visiones respecto a lo que es hoy el máximo ente de control disciplinario, hagan un diagnóstico objetivo del funcionamiento de esta jurisdicción y planteen sus propuestas para hacerla más eficiente.
Como lo dijimos en su momento la baraja de candidatos está compuesta por profesionales de altas calidades personales, académicas y suficiente trayectoria en el campo jurídico. La exmagistrada María Mercedes López fue postulada por la Presidencia de la República, el exministro Fernando Carrillo por el Consejo de Estado y el ex vicefiscal Jorge Perdomo por la Corte Suprema de Justicia. Los tres han venido realizando en las últimas semanas contactos al más alto nivel en las cúpulas partidistas y sus respectivas bancadas. En los corrillos políticos son múltiples las versiones que hay en torno a cómo está la balanza de apoyos que han sumado cada uno. Cálculos que continúan siendo muy preliminares, sobre todo porque los partidos no han oficializado todavía sus respaldos definitivos e incluso voceros de algunos de ellos han recalcado que no tomarán ninguna determinación hasta que ocurra la audiencia pública y se puedan establecer y comparar los argumentos de los tres aspirantes a la sucesión de Alejandro Ordóñez que, como se sabe, salió del cargo semanas atrás luego de que el Consejo de Estado fallara que su reelección fue anómala.
Así las cosas, lo importante ahora es lo que se pueda concluir de esta única comparecencia de los ternados ante el pleno del Senado. Son múltiples los temas en que cada uno de ellos tendrá que exponer su respectivo plan de acción. La defensa y promoción de los derechos humanos, el hacinamiento carcelario, los mecanismos de garantías para minorías, el apoyo a víctimas del conflicto armado así como al proceso de restitución de tierras son apenas algunos de los grandes desafíos. Como también lo es el redoblar la lucha contra la corrupción y la impunidad, sobre todo en lo relativo a las medidas preventivas y sancionatorias de los funcionarios y entidades que afecten, por acción u omisión, lo público. No menos clave será conocer qué proponen los tres candidatos sobre temas como la defensa de los consumidores, prestación de servicios públicos, cumplimento de decisiones judiciales, protección del medio ambiente y participación ciudadana y control social a la gestión pública, así como todo lo referente a los procesos de intervención judicial de la Procuraduría en asuntos de lo contencioso administrativo, penal, civil, laboral o de infancia, adolescencia y familia. Como se ve, el rango funcional del Ministerio Público es muy amplio, así en algunas ocasiones el foco mediático solo se concentre en lo relacionado a los procesos disciplinarios.
Todo lo anterior revalida la importancia que debe tener la audiencia de la próxima semana. Es palpable que hasta el momento, debido a que la campaña para la sucesión en la Procuraduría se ha enfocado en la mecánica política, no se conocen las propuestas puntuales de los tres candidatos sobre los temas ya anotados. También es innegable que la coyuntura de la negociación de paz ha eclipsado una escogencia que, por su importancia e impacto institucional, debería tener la mayor atención del país en todos sus órdenes. Que se escuche, pues, lo que propone cada ternado y que sobre esa base informada se elija al nuevo titular del Ministerio Público. Para ello es urgente dejar en segundo plano lo referente a la milimetría política, la coyuntura de la reforma tributaria, el ajedrez partidista o incluso los cálculos que se hacen respecto a lo que serán los comicios parlamentarios y presidenciales de 2018. En un país polarizado que vio cómo anteriores titulares de sus entes de control tomaron el peligroso sendero de la politización, es urgente volver a la ruta del fortalecimiento y la sindéresis institucional, ya que allí reside la majestad y autoridad del Estado.