Definitivamente no ha sido el fuerte de este Gobierno la consulta previa que por Constitución debe hacerse con los indígenas y las minorías étnicas sobre proyectos que los puedan impactar de alguna forma. Varias iniciativas clave están frenadas en este momento, en tanto que dos leyes fueron tumbadas por la Corte Constitucional por pasarse por alto este proceso.
En ese camino, solo el proyecto para reformar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tiene alguna posibilidad de ser presentado por el actual Gobierno al Congreso.
En tanto que los proyectos de desarrollo rural y el Código Minero siguen empantanados porque ni siquiera han podido ser concertados en la Mesa Permanente de Concertación con los indígenas, paso previo a que la consulta se inicie a nivel nacional con los diferentes pueblos.
Desde finales del año 2010, el Gobierno nacional ha tenido la intención de reformar las CAR, especialmente en lo que corresponde a sus cuerpos administrativos, proponiendo unas juntas con menos integrantes y definiendo la forma como serán designados los directores así como las competencias para fortalecer el papel de estos organismos en la preservación del medio ambiente y mitigación del riesgo.
Primero lo intentó a finales del año 2010 en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica a la que acudió para enfrentar los estragos de las fuertes lluvias, argumentando que estos organismos creados por la Constitución del 91 no cumplieron a cabalidad en materia de medidas de prevención frente a la ola invernal que golpeó gran parte del país por esa época.
Sin embargo, en marzo de 2011 la Corte Constitucional tumbó la prórroga de esta Emergencia Económica, con lo cual se cayó el Decreto 141 de 2011, por medio del cual el Gobierno nacional modificó y fusionó varias CAR.
Como consecuencia de ese momento a hoy el Gobierno ha intentado ajustar las CAR por la vía de una reforma constitucional y para ello ha presentado la iniciativa a los indígenas en la Mesa Permanente de Concertación, con el objetivo de adelantar la consulta previa que exige la Constitución y el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para los casos de proyectos de ley y programas que puedan impactar el territorio, sociedad y costumbres de estos pueblos y las minorías étnicas.
Finalmente, en mayo de este año el Gobierno logró sentarse con los indígenas a definir los aspectos metodológicos de esta consulta previa a nivel nacional. Sin embargo, antes de dar luz verde a este proceso, este pueblo dejó en claro que no se trabajará solo en la agenda gubernamental sino también en la agenda indígena. “Le hemos dicho al Gobierno, sacamos una propuesta legislativa del Gobierno, una propuesta legislativa indígena. Entonces arrancamos con la de ambiente y ahora estamos con la propuesta indígena del Conpes del sistema educativo”, indicó hace algunas semanas Juvenal Arrieta González, secretario General de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia).
En la actualidad avanza de forma positiva la consulta del proyecto de reforma a las CAR, especialmente por parte de la Organización de Pueblos Indígenas Amazónicos, que hace parte de la Mesa de Concertación, que ha venido haciendo un trabajo con comunidades en los departamentos de esa región del país.
Sin embargo, el reloj corre en contra de la administración Santos con esta consulta, pues la idea es que se desarrolle lo más rápido posible con el fin de que se alcance a radicar el respectivo proyecto antes que finalice el primer periodo de esta cuarta y última legislatura, el 16 de diciembre próximo. De lo contrario, el Congreso solo le daría debate a partir del 16 de marzo de 2014, cuando tendría muy pocas posibilidades de que alcance a ser aprobado en este Gobierno por el corto tiempo por tratarse de una reforma constitucional.