La Procuraduría no tiene claro los alcances del proyecto de extinción de dominio que cursa en el Congreso.

Así lo advirtió ayer en diálogo con EL NUEVO SIGLO el fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, al responder las fuertes críticas del jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, que habló, incluso, de promoción del testaferrato (ver recuadro).

EL NUEVO SIGLO:- ¿A qué se deben las críticas al proyecto de extinción de dominio?

JORGE FERNANDO PERDOMO:-Creo que las críticas que se han hecho al proyecto no son en verdad críticas, son cometarios sobre una visión diferente de lo que debe ser la lucha contra la criminalidad organizada.

El proyecto de extinción de dominio que nosotros presentamos es el proyecto que elaboramos después de un año de trabajo, con una comisión de la cual hace parte, o ha hecho parte, el Gobierno. Es decir, en la comisión que elaboró el proyecto de Código siempre han estado  representantes del Ministerio de Justicia. También hemos contado con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Este es un proyecto que podríamos considerarlo como de avanzada en la medida en que es una integración, en un único texto normativo, de toda la legislación. Es decir, es un Código de todo lo que se ha venido organizándose y desarrollándose desde el 96 en extinción de dominio.

Por esos las críticas, a decir verdad, son enfoques diferentes sobre la forma en que se debe perseguir esos bienes y se debe luchar con la criminalidad. Hay algo que es muy importante destacar en la lucha actual contra el crimen y es la justicia negociada. Es decir, que usted acuda a la justicia, negocie con ella y a cambio de ello obtenga unos beneficios. Y eso no puede escapar a un proyecto de extinción de dominio porque mucha veces la persecución de los bienes no es tan fácil, no siempre se sabe en dónde están todos los bienes de las personas. Por eso, si esas personas se acercan y dicen los bienes están en este sitio o están en esta otra ciudad, eso permite muchas veces a las autoridades avanzar en la identificación de propiedades.

La principal crítica que se ha venido haciendo es por qué dar un porcentaje sobre el valor de los bienes a las personas que los denuncien. Esa es la única crítica, la principal, pues no he escuchado ninguna otra. Creo que lo otro es lo que tiene que ver con la destinación de los bienes, y en esta materia hay una discusión y una disparidad de criterios sobre qué se debe hacer con la plata que se le incauta a la delincuencia. Pero, como le digo, el proyecto de Código como tal no ha sido objeto de críticas.    

ENS:- ¿Cómo operaría el tema de los incentivos a quienes denuncien?

JFP:-Aquí tenemos dos incentivos. El primero es hasta de un 3 por ciento cuando la persona entrega los bienes. Es casi como decirle a la persona que si usted entrega esas propiedades podemos darle hasta el 3 por ciento de esos bienes, como para que usted tenga para su subsistencia y su familia.

Así se hace en la mayoría de legislaciones del mundo, en las que siempre se permite como un “mínimo vital”, incluso para las personas que se acojan a la justicia y entregan sus bienes. Ahora, es importante que se tenga en cuenta que no se trata del 3 por ciento, sino hasta del 3 por ciento, es decir que puede ser el 0,1 por ciento. Y eso lo determinará el juez, no la Fiscalía, en el momento en que se dé cuenta cuántas personas han colaborado y cuántos bienes han entregado, ya que si usted habla de un monto exorbitante, claro que el 3 por ciento puede ser mucho dinero. Por eso le digo que es hasta el 3 por ciento, por lo tanto es un margen para el juez bastante alto. La idea no es que esas personas sigan siendo ricas, sino que tengan el sustento para subsistir.

Se habla también de hasta 6 por ciento en el caso en que, además de entregar bienes, colaboren con la justicia en el esclarecimiento de hechos delictivos. Eso también es importante porque no solo entregan bienes, sino también cuentan (sobre delitos). Aquí nosotros hemos intentado hacer negociaciones y eso ha sido muy efectivo.      

ENS:- ¿Pero no puede tomarse eso como concesiones a los testaferros?

JFP:- No, para los testaferros no hay absolutamente nada en el proyecto, no sé de dónde se saca eso. Creo que lo que está pasando es que no se está entendiendo de lo que se trata la reforma al Código de Extinción de Dominio. Yo sé que los procesos disciplinarios tienen una dinámica muy diferente a los procesos penales, por eso entiendo perfectamente que el Procurador no tenga todo el concepto en la cabeza.

ENS:- ¿Entonces no hay una gabela a los testaferros que les permitiría quedarse con un porcentaje de los bienes?

JFP:-Eso no es para los testaferros, sino para las personas que los denuncien. Es decir: las personas denuncian y, por supuesto, los bienes pueden estar en cabeza de los testaferros. Un testaferro no es el dueño del bien, sino que el predio está a nombre de otro, y ese otro dice: yo vengo a denunciar que tengo tantos bienes y están en cabeza de unas personas que son testaferras, y entonces a la persona que denuncia se le puede dar hasta el 3 por ciento de los bienes. Y, por supuesto, las demás personas responderán por testaferrato.

Aquí no se están perdonando delitos, eso es muy importante decirlo. Por eso le digo que tal vez en la Procuraduría no se tenga todo el cuadro conceptual de lo que significa la lucha contra el crimen organizado, porque ellos están dedicados a los temas disciplinarios.       

 

Puja por recursos

 

ENS: El Procurador también planteó la preocupación porque el proyecto ordena monetizar los bienes a lo que se les ha extinguido el dominio y que están en cabeza de la Fiscalía ¿Qué opina?

JFP:-Creo que el Procurador no ha entendido bien de qué se trata este tema. Cuando la Fiscalía incauta los bienes, lo que se hace es que se los entrega a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy en liquidación, para que los administre. Eso es lo que ocurre hoy en día.

El proyecto lo que dice es que como Fiscalía lo que se quiere es fortalecer el sector de la Justicia, un sector que nunca se ha reforzado económicamente y el presupuesto que se destina es mínimo, cuando la verdad eso afecta mucho la legitimidad del Estado y de éste frente a los ciudadanos, porque la justicia no les funciona. Si las URIS se están cayendo o no hay palacios de Justicia dignos, eso repercute de manera desfavorable en la imagen del Estado. Nosotros en la Fiscalía nos hemos dado cuenta de los enormes problemas económicos, y creemos que esa plata que es incautada puede ser para beneficiar el sector de la justicia y hemos pensado que puede ser el 50 por ciento (de los recursos).

 

Trámite parlamentario

 

ENS:- ¿Cómo ha sido el trámite en el Congreso?

JFP:-Aquí hemos recolectado las experiencias internacionales en la lucha contra las finanzas de las organizaciones delincuenciales y, partir de esto, construimos el proyecto que tiene más de 200 artículos y solo hay controversia en dos.  

 

 

Estado ¿ promotor del testaferrato?: Ordóñez

 

A propósito del proyecto de ley de extinción de dominio que cursa actualmente en el Congreso, el procurador Alejandro Ordóñez advirtió su preocupación por la norma que en dicho proyecto ordena monetizar los bienes a lo que se les ha extinguido al dominio y que están en cabeza de la Fiscalía.

Para el jefe del Ministerio Público no parece  constitucionalmente admisible que un mismo órgano decrete la extinción de un bien para ser su directo beneficiario. Igualmente, señala sus reservas frente a la concesión de beneficios a los testaferros, dado que sería un claro enriquecimiento ilícito y se pondría al Estado como promotor del testaferrato.

 

 

Hablan los ponentes

 

Tras la polémica entre Procuraduría y Fiscalía por los alcances del proyecto de ley sobre extinción de dominio, EL NUEVO SIGLO habló con los ponentes.

La senadora Karime Motta (La U) manifestó que se debe analizar lo que expresa el Procurador y reformar el texto si es necesario. “Hay que mirar el tema y presentar una modificación en plenaria, de forma tal que esas personas que delaten o hablen se queden con un porcentaje, pero no con todos los bienes”.

A su turno, el senador Jhon Sudarsky indicó que lo que ocurre que se debe romper el círculo vicioso “de que nadie tiene incentivos para denunciar los delitos. Lo que usted necesita es un sistema de los incentivos para aquellos que son testaferros digan yo soy testaferro y tenga un incentivo para que exprese que es testaferro”.

Para el legislador, de esta manera se colocaría en un dilema complicado a los narcotraficantes porque ese testaferrato va a tener incentivos para denunciarlos a ellos.

Otros de los ponentes, el senador Juan Carlos Vélez Uribe (La U) recalcó que para él no es grave que exista una política de incentivos. “Eso está bien, si denuncia el testaferrato que se les dé una recompensa, pero siempre y cuando no se abuse de esa figura”, precisó. El congresista señaló que es una forma para encontrar los bienes que están escondidos.