Una maniobra jurídica que busca que se cancele la inscripción de un infractor con responsabilidad fiscal (por apropiarse de recursos públicos) en el respectivo boletín que alerta sobre sus inhabilidades para contratar con el Estado denunció el contralor general Edgardo Maya.

Se trata, precisó, de una acción de tutela interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá por la empresa Conalvías en contra de la Contraloría General de la República.

Frente a lo que consideró como un bloqueo que se pretende a las competencias del ente de control, Maya expresó que “defenderemos las facultades de la CGR ante los estrados judiciales y la autonomía que le fue dada para declarar la responsabilidad fiscal y hacerla exigible a través del cobro coactivo”.

A finales de enero, la Contraloría alertó entonces sobre la posibilidad de que la firma Conalvías lograra liberarse de fallo de responsabilidad fiscal del 20 de diciembre de 2016 que le obliga a pagar 173.908 millones de pesos por los sobrecostos de las obras del Transmilenio de la calle 26.

Acudiendo a varias argucias jurídicas, Conalvías ha buscado que el órgano de control se abstenga de iniciar el proceso de cobro coactivo para recuperar el daño fiscal causado por los sobrecostos del Contrato de obra Pública IDU 137/2007, mediante el cual se realizó la construcción de estas obras.

Su intención es suspender todos los efectos que se derivan de este fallo, como es la exclusión del Boletín de Responsables Fiscales y el desembargo de la maquinaria por valor de 130.000.000 millones de pesos, medida que se le aplicó que desde hace 5 años en el juicio de Responsabilidad Fiscal, el mismo donde se declaró responsables al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y otros (entre ellos los integrantes del llamado Grupo Nule).

Una decisión de la Superintendencia de Sociedades, el auto No. 400-019280 del 22 de diciembre de 2016, abrió la posibilidad de que la empresa involucrada en este caso de corrupción escape a la acción de la Contraloría General de la República para recuperar los dineros públicos perdidos.

La CGR invocó en su momento la condición que tienen las normas del Régimen Especial que regula los procesos de responsabilidad fiscal y la capacidad que tiene para hacer efectivo el resarcimiento de los daños al patrimonio público, a partir de los fallos que profiere.

Una vez ejecutoriado el fallo fiscal de segunda instancia, y por tanto definitivo, la empresa Conalvías intentó habilidosamente liberarse de la responsabilidad fiscal que se decretó en su contra.

Es así como a pesar de que era objeto de un proceso de reorganización empresarial desde el año 2015, pretendió hacer valer los supuestos beneficios que se derivan de dicho proceso concursal para evadir el cobro coactivo de la Contraloría.

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