La información fue confirmada por el director del Departamento Para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master, quien explicó que con este primer acuerdo en materia de sustitución de cultivos, se busca generar mejores condiciones de vida a los campesinos.
Mac Master indicó que este primer acuerdo tiene 5 componentes, discriminados en base para el sostenimiento económico, asistencia alimentaria, empleo de transición, seguridad alimentaria y formulación e implementación de proyectos productivos.
Agregó que para el cumplimiento del primer acuerdo, se suscribirá un acta de compromiso que recoge la estrategia para la post erradicación y fase inicial de la intervención para la estabilización socio-económica, como parte del proceso de sustitución y desarrollo alternativo, por parte de los campesinos beneficiarios.
“Los recolectores de hoja de coca serán beneficiados de un empleo de transición por 6 meses y asistencia alimentaria consistente en 4 mercados”, explicó el director de la Prosperidad Social.
Mac Master añadió que en lo relacionado con el componente económico, será entregado a cada familia el valor de 3 millones 300.000 pesos, divididos en 3 contados iguales.
Dijo que en lo relacionado con asistencia alimentaria, el programa será ejecutado por la FAO de las Naciones Unidas e incluye centros demostrativos de capacitación profesional comunitaria.
Para la formulación de proyectos productivos se pondrá en marcha en los próximos 7 meses.
Los puntos ya evacuados son: Auxilio económico para 400 familias a quienes se les erradicó los cultivos ilícitos.
Entrega de mercados por seis meses a los labriegos que hacen parte de un censo entregado por la Asociación de Campesinos del Catatumbo, la vinculación a un empleo temporal, con un salario mínimo para un miembro por familia y subsidio de $1.300.000 para la puesta en marcha de huertas familiares.
Las negociaciones continuarán en torno a otros temas, tales como el establecimiento de una Zona de Reserva Campesina; un plan de sustitución de cultivos ilícitos; atención en subsidios para familias que abandonen los cultivos ilícitos.
Además piden un plan de desarrollo social para la región, obras de infraestructura de salud y educativas, y veeduría internacional para los compromisos del gobierno.