El proceso de reparación a víctimas de la violencia arranca en firme a partir de enero próximo.

Uno de los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras emitido ayer por el Gobierno establece las medidas de asistencia y reparación, garantizando la participación efectiva de las víctimas.

Para garantizar esa participación, además de habilitar una página web para recibir observaciones y sugerencias, el Gobierno sostuvo diálogos con cerca de 600 representantes de las víctimas a través de talleres regionales. También hubo consultas con los 32 gobernadores y los 32 alcaldes de las ciudades capitales.

“Fueron casi 8 mil aportes que analizamos y que nos permitieron ajustar esta normatividad a las necesidades de las víctimas”, advirtió el presidente Santos.

El decreto contempla la indemnización administrativa a las víctimas, detallando los montos, los destinatarios y los mecanismos de entrega de las indemnizaciones, que quedaron en un rango de entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir entre 9 y 21 millones de pesos.

“Estos montos se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo. Es decir, vamos a incentivar a quienes decidan invertir en su futuro”, destacó el Presidente.

“Quisiéramos –de verdad quisiéramos- darles más, ¡muchísimo más!, pero no es posible. Sería irresponsable ofrecer más”, recalcó Santos.

Hace 20 días el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó 6,1 billones de pesos destinados a atención y reparación a víctimas, lo que asegura que en enero inicie el proceso.

Salud y educación

El decreto reglamentario de reparación también asigna responsabilidades concretas a diferentes instituciones para proveer asistencia en salud y educación.

Establece los mecanismos de afiliación de las víctimas al Sistema de Salud y le encarga al Ministerio del ramo la tarea de diseñar un protocolo de atención integral en salud.

Para desplazados contempla la ayuda humanitaria que recibirán de manera inmediata por parte de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, cuyo decreto que reglamenta su funcionamiento también fue expedido ayer.

“Quienes hayan sufrido atropellos distintos al desplazamiento serán atendidos por las entidades territoriales, recibiendo alimentos, elementos de aseo, servicios médicos y psicológicos, transporte de emergencia y alojamiento transitorio”, explicó Santos.

Los gobernadores y alcaldes deben diseñar Planes Territoriales de Atención y Reparación, además de incorporarlos y financiarlos en sus Planes de Desarrollo, para garantizar la ejecución de los mismos.