Abogados, decanos, ex magistrados y expertos reclaman al Gobierno ponerle atención a la formación de los futuros litigantes, dada la problemática actual. Cada vez son mayores las sanciones en la rama judicial y la desconfianza de los colombianos en su labor.
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Dada la problemática actual en la labor de los profesionales de derecho, varios expertos reclamaron una mayor formación ética en las facultades. Desde el 2008 hasta la actualidad, se han excluido de la profesión a 303 abogados por prácticas contrarias al estatuto del abogado.
El pasado 10 de julio, en una rueda de prensa, el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, expuso las cifras de abogados y funcionarios judiciales sancionados por esta corporación desde 2008 hasta 2017.
Se ha destituido a un total de 137 jueces, 19 fiscales, 4 magistrados y 3 conjueces por la comisión de faltas y delitos en contra de la correcta administración de justicia. También se excluyó de la profesión en el mismo término a 303 abogados por infracciones al ejercicio profesional contempladas en el Código del abogado.
La problemática de abogados realizando actuaciones indebidas en el ejercicio de la profesión no es algo nuevo. Actualmente cursan alrededor de 5.000 casos disciplinarios contra abogados y servidores judiciales en segunda instancia.
Un ejemplo es el caso de Jaime Smith Ortiz, abogado que se apoderó de manera irregular de los dineros entregados a su representado dentro de un proceso en contra de la caja de retiro de las Fuerzas Militarles.
El Presidente de la sala se pronunció respecto a estas conductas, diciendo que “hay una conducta irregular de muchos abogados en el sentido de que se está convirtiendo en una práctica recurrente quedarse con los dineros, yo creo que ahí hace falta formación de las universidades, hace falta que el Gobierno le eche mano a las facultades de derecho para que haya una conciencia de lo que es la ética para que se produzca un cambio en la cultura jurídica el país”.
Los expertos
EL NUEVO SIGLO consultó a varios decanos de reconocidas facultades de derecho así como abogados en ejercicio sobre la afirmación del togado, respecto a que el Gobierno debe “echar mano” a las facultades de derecho en aras de una mejor formación ética de los futuros togados del país”.
Julio Andrés Sampedro, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, expresó que no estaba de acuerdo en una intromisión del Gobierno en los proyectos educativos de cada universidad, el cual se encuentra estructurado según los valores específicos de cada institución.
“Las facultades actuamos y operamos de acuerdo a ese marco, reflejado en la misión y visión de la universidad. El aspecto ético que tiene ese marco es muy fuerte y nosotros tratamos de sacar los mejores abogados con la mejor formación de ética y principios”, dice.
Argumentó que en Colombia existe una crisis social generalizada por la falta de formación en valores y principios éticos en el seno de las familias y los colegios, sin embargo considera que el tener una cátedra de ética no es suficiente y que la manera idónea para enfrentar esta problemática es con el ejemplo por parte de la universidad y sus profesores, al momento de impartir las clases exponiendo maneras correctas de comportamiento frente a diversas situaciones a las que se pueden enfrentar.
“Las Universidades tenemos una responsabilidad importante al momento de formar a través del ejemplo a los futuros abogados. En la Javeriana se busca una formación ética de fondo, humanística, que les permita a los estudiantes afrontar la vida con criterios que no los haga incurrir en conductas que no debieren”, puntualiza.
Los valores
José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional y rector de la Universidad del Sinú, sede Bogotá, aludió a que la sociedad colombiana debe recuperar los valores y principios éticos y morales tanto en el ejercicio de funciones públicas, como en el ámbito privado.
Particularmente sobre los abogados, el jurista dijo que si bien no todos los letrados son anti-éticos, existen algunos que buscan favorecer sus intereses a través de maromas y contubernios con funcionarios judiciales como es el caso del ex fiscal anticorrupción.
Está en contra del supuesto de “meter la mano” en las universidades ya que existe un principio constitucional de la autonomía universitaria consagrado en el Artículo 69 de la carta, sin embargo es aludible también la responsabilidad a las universidades en la formación ética ya que el Articulo 68 donde se expresa que “(…) La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica”. Por lo que los titulares de los establecimientos educativos deben tener una trayectoria impoluta para que la formación sea idónea.
Por su parte, Catalina Botero, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes dijo que “las facultades de derecho tenemos la obligación legal y la responsabilidad social de hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance para formar éticamente a nuestros abogados. Es muy importante para el país que nos tomemos muy seriamente esa obligación. Sin embargo, la autonomía universitaria es una garantía constitucional creada para que los gobiernos de turno no puedan ‘meter la mano’ en las Universidades. Por esta razón, entiendo la preocupación del señor Magistrado pero de ninguna manera el Gobierno puede ‘meter la mano’ en las facultades, más allá de sus atribuciones ordinarias legales y constitucionales. Y finalmente es importante una reflexión social sobre la ética pública. No solo no hablamos de eso como deberíamos sino que incluso, en algunos casos, se premian socialmente conductas que deberían ser reprochables. Esa formación en valores cívicos debería ser una prioridad nacional”.
La formación
Felipe Arbouin, abogado litigante y profesor de una reconocida universidad, expresó que en Colombia existe un problema de la sociedad entera, no es únicamente endilgable a las Universidades, sino a la sociedad entera desde la formación primaria y secundaria e inclusive en el ámbito familiar.
“No es un problema de control, es un problema de formación desde las familias. Se deben implementar valores y principios éticos en la sociedad, ya que se ve que existen casos de personas sin formación universitaria que aún existen comportamientos anti-éticos”, mencionó el abogado.
Señaló que “vivimos en un país donde el fiscal anticorrupción es capturado por corrupto”.
El abogado argumenta que desacertada la perspectiva del magistrado de que el Gobierno entre dentro de la formación ética que dan las facultades de derecho, ya que decir que no lo hacen es desacertado. Los profesores deben busca a través del ejemplo el enseñar una formación ética, no simplemente poner una cátedra sino que la formación ética sea transversal a todas las cátedras.
“La sanción no es la solución, no es centrarse en las sanciones, es un tema de prevención. El control disciplinario debe ser efectivo, sin embargo no es realmente la única alternativa, nos enfrentamos a una problemática social que debe ser enfrentada desde lo más básico de la formación de futuros ciudadanos”, aludió el abogado.
Frente a la selección de funcionarios y jueces, el abogado dice que si bien la manera de selección es válida, más allá de los criterios académicos y profesionales se debe ver el comportamiento ético de quienes aplican a estos cargos, deben tener hojas de vida intachables para que pueda tener la idoneidad al cumplir su función pública.
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