Quienes contaminen el medio ambiente, tendrán severas sanciones penales y económicas.
Así lo dispone un proyecto de ley radicado por el senador Efraín Cepeda, presidente del Directorio Nacional Conservador.
"Este proyecto tiene unos alcances muy importantes y vamos a insistir en la responsabilidad administrativa y penales", dijo el senador Cepeda.
La iniciativa modifica la Ley 1223 del 2009 que se refiere a profundizar a la responsabilidad objetiva.
Cepeda explicó que no solamente se incluyen sanciones pecuniarias sino también penales: "Si hay sanciones penales conlleva una multa, va a la fiscalía y los recursos se deberán invertir en programas de responsabilidad integral en reparación ambiental".
El senador Cepeda indicó también que el empresario que contamine debe resarcir el daño y anotó que los colombianos podrían convertirse en vigías ambientales, con lo que "también se vigilan los dañinos ambientales que sean por denuncias ciudadanas".
Para el Partido Conservador el tema ambiental es un tema grueso en el que se defenderá a capa y a espada.
El ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, señaló que es proyecto incluye puntos importantes desde el punto de vista sancionatorio.
"Este es primer proyecto en el que se fortalece el tema ambiental desde loa administrativo, lo policial, con la finalidad de que existan más instrumentos para la protección del medio ambiente", afirmó.
El alto funcionario dijo que el mensaje es que el que daña paga y restaure los daños. Y acotó que si no tiene como pagar habrá sanciones como pasa en la administración pública.
“Tendrá que tener tasas de compensación, tendrá elemento de tasas funcionalidad que permiten adecuar lo que se ha dañado. Pero ante todo debe adecuar el tema, de lo contrario habría criterios penales”, argumento.
El Ministro indicó que los ciudadanos que no cumplan tendrán sanciones y como ejemplo dio las personas que produzcan incendios forestales, y aclaró que las sanciones pecuniarias tendrán que ser actualizadas dependiendo las normatividades de policía.
Uribe anotó que un ejemplo claro son los que se dedican a la minería ilegal y como dato entregó que más o menos el 45 por ciento de la producción de madera en Colombia es ilegal y las personas son capturadas y al poco tiempo los sueltan. “Lo que queremos es llamar la atención sobre los daños del medio ambiente, donde no habido una acción eficaz del Estado”, expresó.
Lo que se busca es que de aquí en adelante exista una manera de controlar a quienes contaminen el medio ambiente. El Partido Conservador preparó el proyecto de ley y tan pronto lo tuvo listo, lo socializó con el ministro Uribe, quien le dio una revisión pormenorizada a cada uno de los puntos que se incluyeron en la iniciativa.
Por medio del Ministerio del Ambiente el Gobierno respalda el proyecto del senador Cepeda, quien por demás también les hizo un llamado a los colegas para que respalden plenamente la iniciativa que busca proteger a toda costa el medio ambiente.
Según se conoce este no será el único proyecto que el conservatismo presentará para proteger el ecosistema de las manos del hombre.
Cerro Matoso
El ministro Uribe reveló que Cerro Matoso tiene una licencia ambiental procedente de 1981 bajo los criterios de ese año, prolongada a través de actos administrativos puntuales.
Pero admitió que la licencia debería ser global: “La envergadura de esa licencia ambiental en 2012 genera algo más amplío porque este es un proyecto a prorrogar. Como hubo un sistema de cambios a partir de la Constitución del 91 y después de las leyes de ese año”.
Mientras tanto, el Juzgado 23 Administrativo de Bogotá admitió la acción popular contra el contrato 051 de 1996 que le permite a Cerro Matoso explotar las minas hasta el años 2029.
La acción popular fue interpuesta por los congresistas Maritza Martínez, Nora García Burgos, Daira Galvis, Bernardo Miguel Elías Vidal, José David Name, David Barguil, Feliz Valera, Rafael Antonio Madrid, Milton Rodríguez, Jorge Enrique Robledo y Eugenio Prieto, el académico Álvaro Pardo y Mario Valencia, de la Red Colombiana frente a la Gran Minería Transnacional.
Los demandantes pretenden que la justicia ordene al Ministerio de Minas demandar la nulidad del contrato 051 de 1996 y que se suspendan las cláusulas que extendieron las concesiones hasta el año 2029, con la posibilidad de prorrogarlas hasta el 2044. Los demandantes alegan que el contrato es ilegal porque las normas vigentes en el momento de su celebración no permitían que las concesiones mineras se extendieran por más de 30 años, término que se venció el pasado 30 de septiembre.