Falta mes y medio para que concluya la tercera legislatura del cuatrienio y hay que decir que, en este tramo final, que empezó el 16 de marzo, el Congreso anda a media marcha.

Un factor que sin duda incidió en este letargo fue toda la novela protagonizada por la reforma tributaria, que acaparó (y polarizó) la opinión de los congresistas desde mucho antes de su radicación, y que, en parte, sirvió de chispa para la situación que vive hoy el país.

Fue mucho el tiempo y las energías que acaparó un tema por demás urgente (como es el asegurar la financiación de los programas sociales ampliados para atender a los afectados por la pandemia), pero que no llegó a nada; tiempos y energías que pudieron usarse en alcanzar primero un acuerdo político, con lo que hoy Colombia estaría contando otra historia.

Aprobación

Aunque como se verá se trata de iniciativas valiosas, solo ocho han recibido luz verde en último debate en el reciente mes y medio, culminando así el trabajo acumulado durante la legislatura y, en algunos casos, desde la anterior.

Claro que, como suele ocurrir, en los últimos días, quizás desde el 15 de junio o antes, habrá trabajo maratónico para salvar proyectos de hundirse por tiempo, lo que incluso llevará a sesionar en fin de semana, ya que el final de la legislatura (el 20 de junio) cae en domingo.

Una de las iniciativas que concluyó exitosamente su trámite fue la que determinó que internet sea considerado un servicio público esencial y universal, lo que le permitirá al Gobierno establecer incentivos para que los pequeños proveedores (con menos de 30.000 usuarios), que ya llegan al 92% del territorio, amplíen allí su cobertura e incrementen el número de hogares conectados.

Sin embargo, uno de los proyectos más trascendentales, dentro de la coyuntura de la pandemia, es el que reglamentó el trabajo en casa como una variable excepcional del contrato laboral que, por lo tanto, implica las mismas condiciones de remuneración, horario y responsabilidades del empleo en la sede empresarial.

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También fue aprobado en esta segunda parte de la legislatura el proyecto de ley que reguló el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, una iniciativa del Gobierno nacional liderada por el Ministerio de Justicia. Según el jefe de esa cartera Wilson Ruiz, con la iniciativa se mejorará el acceso a la administración de justicia de la población más vulnerable, para que pueda contar con una adecuada representación y asistencia por parte de personas con conocimientos jurídicos.

Dos normas poco publicitadas, pero de gran importancia, vieron concluido favorablemente su trámite en el Congreso en beneficio de las mujeres afectadas por la pandemia. La primera se direccionó a reducir las brechas de género en sectores donde históricamente han tenido poca participación, conminando al Gobierno a diseñar una estrategia de promoción, capacitación e inclusión laboral y en educación para la mujer, en especial la mujer madre cabeza de familia, en sectores económicos como agropecuario, transporte, minas y energía, intermediación financiera, servicios públicos, construcción, ciencia, tecnología e innovación. La segunda propuso la formulación de una política pública destinada al emprendimiento femenino en el país y facilitar el acceso al crédito para financiar estos emprendimientos.

Igualmente fueron aprobadas por el Congreso las iniciativas contra el castigo físico a los niños, niñas y jóvenes, así como la que le impuso al Ejecutivo el diseño de instrumentos y estrategias que faciliten y permitan el acceso a las madres cabeza de familia a los servicios financieros brindándoles acompañamiento y capacitación permanente, a fin de reducir la feminización de la pobreza.

No menos significativo resultó la aprobación del tratado entre Colombia y la República Popular China sobre el traslado de personas condenadas. Con su entrada en vigencia, una vez tenga la sanción presidencial, las personas privadas de la libertad condenadas en ambas naciones podrán acceder al beneficio de terminar de purgar sus penas en sus respectivos países de ciudadanía, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la normativa.

No hay que pasar por alto las iniciativas que están a un debate, el cual podría surtirse en estos 45 días, aunque como bien se sabe en el Congreso también se quema el pan en la puerta del horno.

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En todo caso, están en esa situación el proyecto de ley que busca fortalecer el financiamiento del tejido empresarial colombiano y generar 160.000 empleos formales; el que le permite a la madre o la pareja cambiar el orden de los apellidos del recién nacido al momento del registro notarial; y el que busca que los planes de telefonía móvil y de datos móviles que tengan una factura menor a $72.616 mensuales estén exentos de impuestos.

¿Urgencia?

Capítulo especial merecen las iniciativas que tienen mensaje de urgencia, al tenor del artículo 163 de la Constitución, que establece que “el presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de 30 días. Aun dentro de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva cámara o comisión decida sobre él”.

El mismo artículo agrega que “si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, ésta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra cámara para darle primer debate”.

Sin embargo, como se ha vivido en esta legislatura, el mensaje de urgencia no necesariamente agiliza el trámite. Así ocurre actualmente con siete proyectos.

Desde septiembre tiene mensaje de urgencia el proyecto de reforma a la salud, mismo que apenas está siendo discutido en primer y tercer debates por las comisiones séptimas de Senado y Cámara.

Va para dos meses que el ministro del Interior, Daniel Palacios, radicó ante el Congreso el proyecto de ley que reglamenta la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes; a la semana siguiente, el presidente Duque envió el mensaje de urgencia y desde el 22 de abril está lista la ponencia sin que se haya debatido.

El pasado 9 de abril el presidente Duque envió mensaje de urgencia para el proyecto que reforma el Código Disciplinario, cuya ponencia todavía no ha sido radicada.

Tampoco tiene ponencia el proyecto que establece “el régimen regulatorio del sector transporte, incluyendo las faltas, sanciones, autoridades competentes y el procedimiento administrativo, así como las disposiciones relacionadas con la protección a los usuarios del servicio de transporte, servicios conexos y complementarios”, que el 23 de marzo recibió mensaje de urgencia.

En la misma situación está el proyecto de transición energética que recibió mensaje de urgencia un par de días después que el de transporte.

Pero el campeón entre los proyectos con mensaje de urgencia que duermen el sueño de los justos es la ratificación del Acuerdo de Escazú, que tiene ponencias positiva y negativa desde noviembre, mes en que se trató por última vez el tema en comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara.

Como lo ha explicado EL NUEVO SIGLO, el Acuerdo de Escazú, sobre acceso adecuado de los ciudadanos a la información, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, fue firmado por Colombia en marzo de 2018 y llevado al Congreso el pasado 20 de julio para su correspondiente ratificación.