DOS CAMPANAZOS sobre la crítica marcha de la economía dio ayer la Defensoría del Pueblo, urgiendo al Gobierno acciones eficaces para evitar un mayor colapso del aparato productivo.

Por un lado, la entidad del Ministerio Público advirtió que alrededor de 184.400 empresas cerraron sus actividades el año pasado en Colombia, cifra solo superada en los últimos cinco años por la registrada en el 2020, cuando la pandemia del covid-19 obligó a la suspensión de actividades en 509.370 compañías.

Citando datos de la plataforma Informa, la Defensoría señaló que, si continúan los cierres de las empresas, el crecimiento económico del país entrará en un proceso de estancamiento.

Las actividades más afectadas por el cierre de compañías en el 2023 fueron las relacionadas con entretenimiento y recreación (60.846, el 33 %) y servicios (25.813 el 14,49 %). En el comercio se liquidaron 9.060 unidades productivas mientras que en alojamiento y servicios de alimentación fueron 4.904.

Para la entidad estas cifras son muy preocupantes porque afectan el mercado laboral al haber una menor oferta de empleos, lo que lleva a la vulneración de los derechos laborales y económicos de la población.

La Defensoría señaló que mientras el año anterior se registró una disminución de la producción industrial en 4,9 %, en el primer trimestre del 2024 hubo un crecimiento del 3,1 % en las actividades de la industria manufacturera, construcción y minería.

La institución del Ministerio Público señaló que, aunque las cifras reportadas por el DANE dan cuenta de que en el primer trimestre de este año se presentó un crecimiento en la economía del 0,7 %, marcado principalmente por actividades del sector primario, como la agricultura, se mantiene la preocupación por los rubros industriales y por el impacto de la competitividad del país.

Frente a ese panorama, la entidad llamó al Ejecutivo para que haga mayor énfasis en la ejecución y la realización de los distintos proyectos de inversión.

Incluso, consideró pertinente revisar el proyecto de reforma laboral, que está en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara, con el fin de incluir mecanismos para generar nuevos puestos de trabajo y formalización laboral.

También recordó la Defensoría que el Gobierno Nacional anunció la presentación de proyectos de ley que buscan eliminar la regla fiscal, ampliar el endeudamiento e inversiones forzosas en sectores determinados y estímulos tributarios para actividades como el turismo ecológico y sostenible y las energías renovables.

Frente a ello, advirtió que esas propuestas deben ser estudiadas con detenimiento debido a los impactos que pueden tener frente a los índices de calificación externa. Además, porque las inversiones forzosas no siempre tienen el resultado buscado y, al contrario, pueden repercutir negativamente en la economía.

Crisis en vivienda

Por otra parte, ante las cifras presentadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que revelan que las ventas de vivienda en el primer trimestre de 2024 son las más bajas de los últimos 15 años, con un total de 32.017 unidades comercializadas, la Defensoría exhortó al Gobierno a reactivar este crucial sector de la economía.

La institución se declaró preocupada por el déficit y desplome en la venta de vivienda en el país. Recalcó que este mercado se ha reducido en cerca del 30 % frente al promedio 2013-2019, periodo en el que se comercializaron mensualmente un promedio de 14.701 viviendas.

La Defensoría recomendó a los ministerios de Hacienda y Vivienda, así como al Fondo Nacional de Vivienda, encontrar mecanismos de coordinación efectiva para reactivar este sector económico. Además, instó a implementar acciones y estrategias para la asignación de subsidios territoriales, crear líneas de financiación pública a tasas de interés favorables y mejorar la ejecución presupuestal.