Este martes concluye la primera mitad de 2020, seis meses cuyo protagonista ha sido la pandemia del coronavirus.

Precisamente, son 26 semanas en las que se puso a prueba la capacidad política para afrontar las más adversas vicisitudes por parte de la dirigencia nacional.

Podría decirse que, en términos generales, gobernantes y gobernados han salido airosos, aunque como en todas las cosas, algunos puntos pueden hacerse mejor y otros salieron definitivamente mal.

En este contexto, el Gobierno nacional ha presentado un balance optimista de su gestión, señalando que salvar vidas y proteger la salud de los colombianos ha sido su prioridad desde el comienzo de la pandemia y durante los tres meses de la cuarentena decretada para enfrentar los efectos del Covid-19.

Para lograr este objetivo, el Gobierno emprendió una serie de acciones orientadas a fortalecer el sistema de salud y preparar al país, entre ellas la irrigación de recursos sin precedentes al sector, la habilitación de nuevos espacios hospitalarios con énfasis en las unidades de cuidado intensivo (UCI), las gestiones para la adquisición de ventiladores en el exterior y el trabajo para aumentar la capacidad de realizar pruebas moleculares de detección del coronavirus en el todo el territorio.

Así mismo, el Ministerio de Salud, con la ayuda de otras carteras y de distintos sectores del país, avanzó en la formulación de protocolos de bioseguridad y en la implementación de un reconocimiento especial a los trabajadores de la salud; dio un impulso inusitado a la telemedicina; participó en la declaratoria del Covid-19 como enfermedad laboral, y desarrolló una labor de seguimiento y acompañamiento a las regiones del país, con énfasis en las ciudades y departamentos donde la pandemia ha tenido una incidencia especial.

El liderazgo del presidente Iván Duque se ha visto reflejado en los altos niveles de aprobación de la gestión en la emergencia que arrojan diversas encuestas.

Lo hecho por el Mandatario para afrontar la pandemia es bien visto por el 69% de los consultados en un estudio, mientras en otros la cifra es de 70%, 63,2%, 74,7% y 61,7%, para referir resultados publicados en las últimas semanas.

Ahora viene quizás la tarea más delicada: la reactivación económica y social. Si bien, la ciudadanía acogió en principio el llamado al aislamiento para proteger la salud, las consecuencias que las medidas han traído a los bolsillos de trabajadores y empresarios requieren acciones del Gobierno que para algunos son apenas necesarias y para otros muy  insuficientes. En ese debate ya estamos.

Legislación

También, el Congreso salió avante y logró sacar una legislatura que llegó a creerse en algún momento perdida, a tal punto que en los últimos días de las sesiones ordinarias se presentó un trancón como en cualquier época normal.

La ministra del Interior, Alicia Arango, calificó de satisfactoria la agenda legislativa tramitada por el Gobierno nacional y el Congreso en medio de un periodo sui generis por la situación que vive el país como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.

Para Arango, “tuvimos la oportunidad de avanzar en la agenda legislativa, no solamente del Gobierno nacional sino de los proyectos de iniciativa parlamentaria. Hay que resaltar el trabajo articulado con las bancadas de gobierno, con el cual logramos la aprobación de la cadena perpetua revisable para los violadores de niños, niñas y adolescentes, un proyecto histórico para el país que llevaba muchos años en debate y que era una deuda histórica con nuestros niños”.

Pero no solo hubo aprobación de leyes. La ministra Arango resaltó que nunca antes se habían tenido tantas citaciones de control político en un período de tiempo y señaló que el Congreso sesionó todos los días de la semana con jornadas largas en donde fueron citados todos los ministros del Gobierno, quienes acudieron de manera disciplinada.

Toda la gestión

Pero quizás más importante es cómo los mandatarios regionales y locales, recién posesionados en los primeros días de enero, supieron asumir el reto de la pandemia.

No sobra recalcar que si para el Gobierno nacional y el Congreso estos son seis meses más de gestión, para alcaldes y gobernadores este medio año es todo su trabajo, hasta el momento.

Esa acción frente a la pandemia registra en las encuestas niveles altísimos de aceptación, en algunos casos superiores al del presidente Duque, ya de por sí elevado.

Es el caso de los gobernadores del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y del Magdalena, Carlos Caicedo, así como de los alcaldes de Santa Marta, Virna Johnson, de Villavicencio, Juan Felipe Harman, y de Bogotá, Claudia López, que registran apoyos por encima del 80%. De ellos, solo Zuluaga llegó al cargo con apoyo de partidos tradicionales y ninguno tuvo respaldo del uribismo.

Esta gestión seccional ha tenido algunos roces con el Gobierno nacional, bien sea por la natural tensión que hay entre el centralismo y la autonomía regional, o porque algunos de los mandatarios fueron elegidos con apoyo de partidos de oposición, de ahí que no pocas veces se registre una alternación de trabajo en equipo con choques entre estilos y liderazgos.

A varios de ellos les ha tocado enfrentar los brotes de indisciplina social que ponen en riesgo los logros en cuanto a posponer el pico de la pandemia.

Pero la más grande mancha para los mandatarios, en general, son los 813 procesos disciplinarios en 27 gobernaciones y 396 alcaldías por el uso irregular de los recursos públicos para adquirir con sobrecostos los elementos destinados a ayudar a la población más vulnerable durante la cuarentena.

En su último informe, la Procuraduría registró cómo, ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia, avanzó en la priorización de 2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas  de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias.

Junto con los procesos disciplinarios, también los hay fiscales y penales.