El proyecto que fue presentado por la mayoría de las bancadas del Congreso y que cuenta con aval del Gobierno ya tiene una ponencia negativa

El proyecto de reforma a la Constitución que impone cadena perpetua contra violadores de niños comenzará su discusión este martes en la Cámara.

Mientras los partidos Conservador, Centro Democrático, Liberal y Cambio Radical apoyan la propuesta junto con el presidente Iván Duque, dos de las colectividades declaradas en oposición ya radicaron ponencia negativa al respecto.

Según la representante conservadora por Tolima, Adriana Matiz, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, modificar el Artículo 34 de la Carta Política permitirá que cuando se cometan los delitos de secuestro, tortura, homicidio doloso o acceso carnal con menor de 14 años se imponga la cadena perpetua.

“La modificación se hace porque nosotros queremos incluir este tipo de pena dando cumplimiento al Artículo 40, que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre el del resto de la sociedad”, dijo.

Según la Representante, “las cifras en contra de nuestros niños están en aumento y tenemos que ponerle freno a este fenómeno. Por ejemplo: en 2018 ocurrieron 24.500 casos en contra de menores de edad. Según Medicina Legal, los niños entre 10 y 14 años fueron los que más sufrieron este flagelo: 9.896 casos. Los casos de niños entre cinco y nueve años fueron 6.015. Y 2.835 menores entre 15 y 17 años fueron víctimas. Además que el número de niños abusados entre los cero y cuatro años fue 2.767. Todo esto en el marco de que en la vivienda familiar es donde se cometen más estos crímenes. Cada 22 minutos se registra abuso sexual en este contexto”.

Y agregó que “si bien es cierto que es una pena de prisión de hasta cadena perpetua, debe haber acciones integrales en este tema. En el tema preventivo, en el tema de salud, educación, hay que mirar las reformas a la justicia para ver el sitio de reclusión de estas personas. Por eso con este proyecto hacemos un llamado a la justicia, pues los índices de impunidad son supremamente altos, para que haya celeridad en estos casos. Y un llamado al Gobierno para que brinde las herramientas necesarias y pueda haber acciones integrales dirigidas a nuestros niños”.

Imprescriptible

El presidente Duque ha manifestado, en distintas ocasiones, que “se necesita que el abuso o la violación de menores sea un delito imprescriptible, para que siempre se pueda abrir esa causa contra los criminales, contra esas mentes perversas, dañinas, miserables que se atreven a abusar de un menor en nuestro país”.

Así mismo, el Jefe de Estado ha solicitado que los colombianos apoyen la iniciativa que cursa en este momento en el Congreso, “se requieren más herramientas para enfrentar este problema. Le llegó el momento al país para hacer una reflexión profunda sobre la necesidad, al amparo del Artículo 44 de la Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás, para que evaluemos la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país”.

Durante el discurso conmemorativo de la Batalla de Boyacá el Mandatario insistió en la solicitud al Congreso y la sociedad civil y se defendió de las críticas asegurando que este no es un asunto de “populismo punitivo y tampoco puede ser un tema de causa de partido o ideológica de alguno, es de todos los colombianos, se necesita de drasticidad y así como es importante la drasticidad es importante la pedagogía”.

Inconveniente

Sin embargo, antes de que fuera radicado el proyecto en la Comisión Asesora de Política Criminal ya le había dicho al Gobierno que la propuesta era inconveniente. Un mes antes de que el proyecto llegara a la Secretaría de la Cámara el organismo le entregó un informe técnico a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, donde le recomendaba no apoyar la iniciativa pues no era viable en un país que prohíbe, desde su constitución la cadena perpetua para cualquier delito.

Tras la recomendación Cabello se reunió con los miembros de ese organismo y les manifestó el interés del gobierno para que se pueda avanzar en temas de importancia para el ejecutivo que vayan en beneficio de los ciudadanos.

En el sentido de lo dicho por la Comisión, una ponencia negativa al proyecto de reforma fue radicada por los representantes Germán Navas, del Polo Democrático, y ‘Marcos Calarcá’, del partido Farc.

“Estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no solo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal, como el hacinamiento carcelario de la cadena perpetua. Pero un odio generalizado, por más explicable que sea, no constituye una razón”, afirma la ponencia.

Según los legisladores aún hay dudas de que la cadena perpetua sea una política criminal conveniente que permita que los potenciales infractores no cometan ese tipo de vejámenes contra los menores de edad.

“La recomendación es más bien esforzarse por incrementar la eficacia del sistema penal en cambio de incrementar las penas: Es mejor, entonces, perfeccionar la investigación de esos crímenes contra los niños, niñas y adolescentes, para reducir su impunidad, en vez de plantear la cadena perpetua”, sostiene la ponencia radicada. Cabe anotar que seguramente el proyecto también contará con una ponencia positiva a cargo de los defensores de la iniciativa.

Los expertos están divididos. Mientras el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, asegura que el Estado no se puede quedar de brazos cruzados frente a este tipo de crímenes; el también exmagistrado de alto Tribunal, Juan Manuel Charry, sostiene que una reforma de este tipo “puede estar en contra de los convenios internacionales de derechos humanos”.