El ministro Juan Carlos Esguerra y la canciller María Ángela Holguín expondrán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos citó a una audiencia extraordinaria con el fin  de revisar el fallo por medio del cual condenó al Estado colombiano por la masacre en Mapiripán (Meta), ejecutada por paramilitares. Sin embargo revisará el tema tras las denuncias de la fiscal Viviane Morales, de que por lo menos nueve personas que fueron reportadas como asesinadas están vivas.

 

 

Tras esta denuncia, en la que salió a relucir el nombre del Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo, que brindó asesoría jurídica a algunas de las víctimas de esta masacre, ha quedado en entredicho la labor que cumplen en este sentido las ONG defensoras de Derechos Humanos.

EL NUEVO SIGLO dialogó sobre el tema con Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas, reconocida ONG defensora de Derechos Humanos.

EL NUEVO SIGLO: No se ha sentido que las ONG asuman una cuota de responsabilidad por el caso Mapiripán…

GUSTAVO GALLÓN GIRALDO: No, sí se han expresado y esta semana va a haber más manifestaciones, pero sí ha habido varias ONG que se han expresado. 

ENS: ¿Y cómo ven desde la Comisión Colombiana de Juristas lo que le sucedió al Colectivo de Abogados Jaime Alvear?  

GGG: Yo creo que ha habido una distorsión en la interpretación de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que una víctima que perdió a su esposo en una masacre, que un hijo le fue llevado por los guerrilleros, que otro hijo le fue llevado por los paramilitares, creyó que podría presentarse a reclamar por la masacre de Mapiripán, lo cual está mal, pero en realidad hay que tener en cuenta que ella fue víctima, y que se equivocó en el procedimiento, pero de todas formas el Estado debe responder por sus derechos.

Y el Estado reconoció esa víctima, la Fiscalía en sus declaraciones como víctima y luego de eso una organización de Derechos Humanos, en este caso el Colectivo, años después atendió la solicitud para que fuera representada. Y en el juicio ante la Corte Interamericana el Estado la volvió a reconocer como víctima a través de la Fiscalía, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

 

Eso es lo que ha sucedido, pero la distorsión en la interpretación consiste en que a partir de allí se ha dicho falsamente que la ONG engañó al Estado y engañó a la Corte Interamericana, eso no es cierto. Aquí la víctima convenció al Estado que era víctima de ese caso de Mapiripán, cuando en realidad no era víctima de ese caso que se estaba tratando sino de otros casos, pero no fue la ONG la que engañó al Estado. Eso deberá quedar en claro en la revisión que va a hacer la Corte Interamericana este miércoles, porque así son los hechos. Entonces comenzará a verse que hay distorsión, que hay una manipulación de la información y de la interpretación de los hechos por parte de los mismos que siempre han estado en contra del reconocimiento de la responsabilidad estatal en materia de violaciones de Derechos Humanos.

Entonces sí hay un momento difícil en el cual hay una confusión por esa tergiversación que se ha hecho de los hechos, pero las cosas se irán aclarando y los que van a quedar mal y van a perder credibilidad son aquellas personas que han impulsado esa distorsión de la interpretación de los hechos.

 

 

ENS: También está el señalamiento de que los abogados cobran un porcentaje de las indemnizaciones que reciben las víctimas…

GGG: Se ha hecho un escándalo en un vaso de agua, porque es legítimo que los abogados cobren por sus asesorías y por su trabajo, más en el caso del Colectivo, que entiendo que ellos asumen todos los costos y no le cobran a la persona nada de eso si no gana el caso. Solamente cuando se gana el caso reembolsan, digamos, lo que se haya gastado en el asunto, eso es lo que entiendo.