Condicionar el acogimiento del exsenador Musa Besaile a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) únicamente al caso que se adelanta en su contra por parapolítica, solicitó ayer la Procuraduría General de la Nación.

El Ministerio Público señaló que por los actos de corrupción relacionados con delitos de peculado por apropiación y cohecho, en la investigación por el ‘Cartel de la Toga’, la solicitud de acogimiento del exsenador debe ser negada.

En un concepto enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, el órgano de control indicó que el acogimiento solo debe cobijar el delito de concierto para delinquir por el vínculo con el conflicto armado interno, producto de las alianzas con grupos paramilitares.

La Procuraduría reiteró para acceder y permanecer en la JEP Besaile debe aportar verdad exhaustiva y comprometerse con la no repetición de los hechos victimizantes, con un plan detallado que deberá satisfacer los intereses de las víctimas.

En marzo pasado el excongresista del Partido Social de Unidad Nacional (La U) se comprometió a revelar toda la verdad sobre varios casos de interés nacional, en particular sobre el denominado ‘Cartel de la Toga’, en un documento presentado por su defensa ante la jurisdicción especial.

Besaile, que en el documento de seis páginas se presenta como un exagente del Estado, consideró que la investigación por presuntos nexos con grupos paramilitares en Córdoba debe ser abocada por la JEP y no por la Corte Suprema de Justicia, por lo que insiste en el traslado de su expediente.

Para convencer a los magistrados de la JEP, Besaile manifestó que tiene información exclusiva sobre los vínculos de dirigentes políticos con los paramilitares del Bloque Córdoba que en su momento comandó Salvatore Mancuso.

El exsenador Besaile le expresó a la JEP que está dispuesto a entregar información sobre los pactos políticos que se concretaron en esa región entre 1998 y 2006 con los paramilitares.

Adicionalmente, ofreció datos sobre nombres de magistrados, abogados, funcionarios judiciales y políticos que estarían involucrados en el ‘Cartel de la Toga’, anunciando que puede dar información de tiempo, modo y lugar del pago de millonarios sobornos para desviar, archivar y entorpecer procesos penales en la Corte y la Fiscalía General.

Esta semana el Ministerio Público también solicitó revocar el ingreso del exsenador Álvaro Ashton Giraldo a ese sistema por los casos relacionados con el ‘Cartel de la Toga’.

Al presentar un recurso de apelación ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que los delitos por los que es investigado -cohecho y amenaza a testigo- no tuvieron relación con el conflicto armado y por lo tanto no son competencia de la JEP.

Agregó el órgano de control que los comparecientes a este sistema de justicia transicional deben comprometerse a aportar la verdad y a contribuir a la no repetición de hechos victimizantes, razón por la cual no puede aceptarse la voluntad de ofrecer verdad por conductas cometidas con el interés personal de manipular las decisiones de los jueces, tal como ocurrió en el ‘Cartel de la Toga’.

El Ministerio Público precisó que no se puede permitir que las conductas de cohecho y amenaza de testigo, por las que la JEP aceptó el sometimiento de Ashton Giraldo, se confundan con los hechos del conflicto armado, más aún cuando no fueron cometidas para favorecer o colaborar con grupos armados y tampoco para financiar el conflicto armado interno.