LA INFORMALIDAD en la tenencia de tierra e inequitativa distribución de la prioridad fueron motivos para que la procuradora general, Margarita Cabello, emitiera una nueva alerta.

Sobre estos temas, la jefa del Ministerio Público manifestó preocupación por los niveles de informalidad de la propiedad, los cuales fueron registrados en gran parte de los municipios colombianos.

“La cifra que llega al 52,7% y que se estima que podría ser mayor, debido a la exclusión de municipios sin formación catastral. De los 1.121 municipios analizados, 175 presentan niveles de informalidad entre el 75% y el 100% y cerca del 74% de los municipios tiene un catastro desactualizado, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, manifestó Cabello.

La procuradora aprovechó la ocasión para hablar sobre el “grave problema en la actualización del sistema registral”, afirmando que “cerca de 85.500 libros del antiguo sistema, que corresponden a casi seis millones de registros no están restaurados ni sistematizados a la metodología actual, según la Superintendencia de Notariado y Registro”.

A su juicio, este tipo de situaciones son atractivas para los mercados ilegales, además de que facilitan el despojo en los conflictos de orden social, desincentivan la inversión y obstaculizan el desarrollo económico.

Sobre la concentración de la propiedad de la tierra en manos de pocas personas, Cabello puntualizó que, “a pesar de que la búsqueda de una solución a esta problemática fue la razón que fundamentaba la creación de programas de acceso a tierras como parte de la política de la denominada Reforma Rural Integral, no existe transparencia en los reportes de las cifras del cumplimiento de la meta la formalización de siete millones de hectáreas y tres millones para programas de acceso, ya que informes recientes indican que se han contabilizado títulos expedidos en años anteriores a la suscripción del Acuerdo de Paz, entre otras inconsistencias”.

Frente a este panorama, la procuradora insistió en las alertas emitidas por el ente de control a las iniciativas legislativas y reglamentarias propuestas en la Reforma Rural Integral, a través de la Jurisdicción Agraria y Rural, frente a la cual cuestionó el uso excesivo de principios que aumentan la discrecionalidad en decisiones de jueces y magistrados agrarios.