La actual legislatura apenas completa diez días desde que fue instalada por el presidente Iván Duque, pero ya son varios los proyectos de ley y de acto legislativo que han sido presentados a consideración del Congreso de la República para modificar diferentes normas penales.

Hay proyectos tan variados como los que pretenden reabrir la discusión sobre la despenalización del aborto o reglamentar el consumo de cannabis, hasta los que pretenden que en la implementación de la cadena perpetua que presentará el Gobierno se eleve a esa misma categoría la pena para delitos relacionados con el narcotráfico.

Para expertos consultados por EL NUEVO SIGLO, se trata de una tendencia propia de cada inicio de legislatura, a sabiendas de que muchas de estas iniciativas no alcanzarán, siquiera, a surtir el primer debate por falta de tiempo o, lo que es peor, a tener un ponente asignado.

De cualquier forma, se trata de proyectos de ley y de reforma constitucional que aunque bien intencionados, a juicio de los expertos lo único que hacen es crear mayor inseguridad jurídica.

Sin ser las únicas, algunas de estas propuestas, al menos las más sonadas, son las siguientes.

- Creación de la Comisión Legal Pro-Vida

Se trata de una iniciativa liderada por 14 congresistas de diferentes partidos liderados por el senador de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez.

El propósito es crear la Comisión Legal Provida para impulsar proyectos que aborden temas como la eutanasia y el aborto, dos materias en las cuales ya se pronunció de fondo la Corte Constitucional.

“El aborto y la eutanasia no son una opción, aún en las peores circunstancias. La vida hay que defenderla y esa será nuestra propuesta”, explicó el legislador.

- Vida desde la concepción

Ese es el espíritu del proyecto de ley de la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, que da el estatus de persona a quien está por nacer desde la concepción misma y así prevenir el aborto.

La idea, dice el proyecto, es modificar los artículos 90 y 93 del Código Civil para que se reconozca que la existencia legal de una persona comienza desde la concepción y que es desde este momento cuando el derecho a la vida debe ser respetado y protegido.

- Cadena perpetua para el feminicidio

También es una iniciativa de la senadora Andrade que busca castigar con esa pena drástica el delito de feminicidio.

La Congresista considera que aunque “la cadena perpetua no es la solución, sirve para que los delincuentes lo piensen dos veces.

- Cadena perpetua para el narcotráfico

Otro proyecto de reforma constitucional que apunta en la misma dirección lo presentó el representante por Santander, Edwin Ballesteros, del Centro Democrático. El propósito es reformar el artículo 34 de la Constitución para castigar a los capos del narcotráfico, no al campesino; en general, a la cadena de intermediarios que forman parte de la cadena que interviene en este delito trasnacional.

Al igual que en el caso del feminicidio, esta iniciativa busca desincentivar el delito y disuadir a los posibles autores de este tipo de conductas.

- Fast Track judicial

Es un proyecto de acto legislativo radicado por la senadora de La U., Maritza Martínez, que establece que todos los procesos judiciales en que los niños, niñas y adolescentes sean la víctima tiene que resolverse en un plazo no mayor de seis meses. Esta norma aplicaría para casos de violencia intrafamiliar, asistencia alimentaria, abuso sexual, homicidio y lesiones personales, principalmente.

La legisladora dice que es necesario reformar el artículo 44 de la Carta Política que habilitó la aplicación de la cadena perpetua para delitos sexuales contra los niños.

- Regular el consumo de marihuana

El senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, y otros parlamentarios anunciaron este proyecto de reforma constitucional argumentando que así se reduciría en 40% las ganancias de los carteles de narcotraficantes que mueven más del 5% del PIB, unos $45 billones.

- Eliminación de beneficios a abusadores

Es una propuesta de la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, que pretende eliminar beneficios como casa por cárcel y libertad condicional para quienes cometan delitos sexuales. Tampoco podrán acceder a redenciones por trabajo, estudio o enseñanza durante el cumplimiento de la pena en centro carcelario.

Política criminal

El exvicefiscal Francisco José Sintura le dijo a este Diario que “es una metodología absolutamente errática, innecesaria y poco efectiva. En Colombia desafortunadamente no existe una verdadera política criminal, eso hace que se presenten tantos proyectos presentados sin el rigor científico que le pueden dar los expertos”.

Según el experto, en Colombia el Código Penal está siendo modificado cada cuatro años en promedio “y eso no ocurre en ningún país del mundo”.

Sintura advirtió que aumentar las penas, crear nuevos delitos y eliminar beneficios no es la solución a la criminalidad. “La solución está en generar una verdadera política criminal de Estado, científica, que estudie las causas del crimen y mire los mecanismos para reducir sus efectos. Pero eso requiere diseñar un política de largo plazo, no con proyectos sueltos y de coyuntura, que muchas veces no alcanzan a ser debatidos en el Congreso”.

A su turno, el exfiscal Guillermo Mendoza le expresó a este Medio que tal cantidad de proyectos en cada legislatura “lo que crea es inseguridad jurídica”.

Mendoza, al igual que Sintura, consideró que la política criminal del Estado debe ser elaborada “con rigor científico, con estudio serios, y no simplemente modificando Códigos, tumbando normas o creando otras sin suficiente información”.